(ECOS)
En 2017, la tasa de incumplimientos de pagos creció levemente respecto al año anterior, lo que llevó a un aumento en la morosidad de las familias, tanto en los bancos como en administradoras de créditos y comercios.
En algunos casos, las actualizaciones de deudas por recargos de multas e intereses suelen convertir pequeñas deudas en deudas impagables las cuales ponen en riesgo hasta el patrimonio del deudor. Se debe a que existen tasas de interés máximas de tres dígitos, mientras que la inflación no supera los dos dígitos.
Ese es el argumento de un proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que busca modificar la ley relativa a Intereses, Usura y Operaciones de Crédito. La iniciativa, elaborada por el diputado Enzo Malán (PS), plantea elevar a 400 mil unidades indexadas el tope de deudas sobre las que la generación de intereses por mora caducará a los dos años, a pesar de las acciones judiciales emprendidas por el acreedor.
De esta manera, los deudores recibirán una tasa estipulada en el 6% anual sobre la inflación, prevista hoy para deudas de hasta 20 mil unidades indexadas. En su presentación ante la Comisión de Hacienda de Diputados, Malán aportó algunos ejemplos para demostrar la magnitud del problema.
Según explicó, si una persona compra un mueble a 20 mil pesos en doce cuotas de 2200 con una tasa de interés moratorio que puede llegar al 85%, si paga cuatro cuotas pero no puede pagar la quinta, le quedará un saldo de 17600 pesos. Si al año continúa sin pagar, la deuda será de 26 mil pesos. A los dos años llegará a los 48 mil, a los tres años crecerá hasta los 89 mil, a los cuatro será se 164 mil y llegará en cinco años a los 305 mil pesos. Si aplica a los dos años el interés anual del 6%, la deuda sumaría un total del 71 mil pesos.
Desde la bancada oficialista, Alejandro Sánchez (MPP) señaló que el proyecto pretende resolver la situación de indefensión o de debilidad que puede enfrentar cualquier ciudadano que contraiga un crédito para comprar algún artículo doméstico y no pueda pagarlo. La comisión resolvió considerar el proyecto y consultar al Ministerio de Economía y Finanzas.
EXPULSIONES EN SINDICATO
(EL OBSERVADOR)
Representantes del sindicato de trabajadoras domésticas no pudieron ingresaron al local del Pit Cnt, el sábado, para participar de una asamblea que finalizó con la expulsión de la presidenta del sindicato que meses atrás había sido desplazada de su cargo. La tensión en el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) comenzó desde que una lista conformada por delegadas del interior ganó las últimas elecciones, en abril de 2017, con dos votos de diferencia.
En esa oportunidad, la lista perdedora intentó impugnar el resultado y la nueva presidenta, Laura Rivero, de la filial de Cerro Largo, pudo asumir su cargo unos meses después. En mayo del año pasado, hubo un quiebre cuando Rivero pidió que se efectuara una auditoría de las cuentas del sindicato y el 12 de junio recibió un telegrama que le solicitaba la renuncia al cargo por “faltas graves al estatuto y conducta inapropiada”. Se le otorgó un plazo de 10 días para dar una respuesta, con una comunicación firmada por las filiales del SUTD de Canelones, Montevideo, Maldonado, Florida, Fray Bentos y “compañeras de Bella Unión”.
El plazo de la sanción venció en enero y Rivero presentó una carta en el Ministerio de Educación, donde solicitó la intervención del sindicato por haber constatado irregularidades en las finanzas. La resolución oficial al respecto todavía no fue tomada. Con ese escenario se llegó a la asamblea de afiliadas el sábado, cuando se les informó que no podían votar en la asamblea porque debían aportes. Finalmente, trabajadoras de filiales del interior se retiraron y armaron una especie de campamento en la puerta del Pit Cnt.
Horas después se retiraron sin conocer el resultado de la asamblea. A media tarde, cuatro trabajadoras que estaban en la reunión sindical le avisaron a Rivero, que tampoco pudo participar del encuentro, su expulsión del sindicato. Este quiebre en la interna se da mientras el sindicato negocia con la Liga de Amas de Casa los ajustes salariales que deben regir desde enero pasado.
DASTUGUE PROPUSO GUARDIA POLICIAL
(MONTEVIDEO PORTAL)
Luego de los incidentes ocurridos en Brasil, donde el pasado miércoles murieron diez personas y otras diez resultaron heridas en un tiroteo dentro de una escuela de Sao Paulo, el diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue dijo que “es necesario tomar precauciones en la seguridad de las escuelas públicas, liceos y centros de enseñanza en general”.
Según el diputado, “al ver la proximidad de estos hechos, que son comunes lamentablemente en Estados Unidos y otras culturas”, es necesario tomar medidas. “Mientras se intenta comprender las razones por las que ocurren este tipo de ataques, es necesario tomar medidas preventivas, que pueden ir desde tener una vigilancia en todos los horarios dentro y fuera de todos los centros de enseñanza pública con policías o guardias de seguridad privados, hasta talleres que traten temas como el bullying, adicciones, violencia, redes sociales, que busquen la cercanía con la población estudiantil para detectar posibles patrones de conductas violentas en los jóvenes”, dijo Dastugue a Montevideo Portal.
CANNABIS REGULADO LLEGÓ AL 30% DE LOS CONSUMIDORES
(ECOS)
Al 30 de enero y luego de 19 meses de funcionamiento conjunto de las tres vías de acceso, hay 43.694 personas en todo el país que están habilitadas para acceder a marihuana de forma regulada. A nivel oficial se afirma que formalmente el sistema alcanzó al 30% de los uruguayos que declararon consumo en la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, desarrollada en 2014. Dadas las prácticas establecidas, en que lo que por la vía de los hechos extiende el uso de la sustancia del mercado regulado a personas que no están registradas, para las autoridades es posible sostener que esta proporción es aún mayor.
Así lo indicó el sexto informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que no arriesga cifras concretas sobre cuál sería esa proporción. En julio del año pasado, el organismo afirmaba que era del 55% de los consumidores. Del total de habilitados, 33.751 son los que conforman el registro de adquirentes en farmacias. Otros 6912 están registradas como cultivadores domésticos y 3031 figuran como miembros de los 114 Clubes de Membresía.
Se observó un ligero aumento de cinco puntos porcentuales, unas 2318 personas en términos absolutos, lo que sigue mostrando una tendencia ascendente aunque con un ritmo de crecimiento levemente menor respecto al registrado desde setiembre del 2018. Tanto en el mecanismo de acceso por farmacia como por clubes de membresía muestran un aumento en términos relativos de siete puntos, según el informe. Desde la puesta en marcha del sistema, el 19 de junio de 2017, se llevan realizados en las farmacias habilitadas unas 450.937 transacciones de paquetes de canabbis de cinco gramos, lo que totaliza 2254 kilos vendidos. El 60% fue comercializado en Montevideo.
