La dirigente nacionalista Patricia Vásquez Varela, quien trabajó en el grupo de técnicos que ha redactado las bases del programa sobre medio ambiente incorporado a la propuesta del precandidato Luis Lacalle Pou, delineó a EL TELEGRAFO alcances de los puntos identificados en esta área como elementos de trabajo.
Explicó que en el Uruguay de hoy “el Estado no es capaz de coordinar sus propias políticas de protección del medio ambiente (por ejemplo, las políticas de recolección y de tratamiento de residuos urbanos). Tampoco existen prácticas eficaces en temas tan cotidianos como el control de la emisión de gases y de ruidos molestos por parte del parque automotor. Sigue habiendo déficits importantes en materia de saneamiento, tratamiento de efluentes y procesamiento de desechos. En algunos casos, las peores agresiones al medio ambiente provienen del propio Estado. Por ejemplo, el Estado es el principal productor de basura tecnológica, y el modo en que la maneja es muy pobre”.
Consideró que “en este marco, la emergencia ambiental de mayor magnitud es el agua. En 2004 los uruguayos aprobamos una reforma constitucional que declaraba el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Sobre los siguientes gobiernos recayó la responsabilidad de hacer efectiva esa declaración. Pero trece años no fueron suficientes para tomar medidas eficaces”.
“No sólo se trata del estado de nuestras fuentes de agua potable, afectadas por el uso indebido de sustancias y por el tratamiento inadecuado de efluentes industriales y urbanos. Además, sigue habiendo carencias conceptuales para enfrentar el tema. Por ejemplo, hasta ahora no se ha incorporado de manera sistemática la noción de cuenca como objeto de legislación y de acción pública. Persisten también serios problemas de gestión, como las grandes pérdidas de agua potabilizada en la red de OSE”, expuso.
Acotó que “frente a esta realidad, afirmamos la necesidad de desarrollar una política medioambiental integral y de alcance nacional, que fortalezca el papel rector del Estado mediante el diseño y aplicación de reglas claras y válidas para todos. Esa política debe ser realista para ser eficaz: tiene que proteger el medio ambiente y al mismo tiempo ser compatible con un desarrollo económico sustentable. No nos oponemos en principio a ningún tipo de actividad productiva, pero queremos reglas ambientales claras y de aplicación general”.
En materia de acciones concretas, “una de nuestras prioridades consistirá en avanzar hacia un modelo de ciudades sostenibles que impacte sobre el desarrollo urbano a escala nacional. Esto supone, entre otras cosas, diseñar políticas generales para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos (incluyendo la construcción de plantas de disposición final), introducir en la gestión urbana la búsqueda de la eficiencia energética (por ejemplo, en relación al transporte) y desarrollar acciones que enfrenten la contaminación sonora y visual (para todo lo cual será necesario desarrollar un Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos)”, observó.
Asimismo, “otra línea de trabajo prioritario consistirá en la defensa del agua. Para eso es necesario estimular (y nunca entorpecer) la generación de conocimiento científico y técnico, tanto sobre las aguas superficiales como sobre las subterráneas. Dado que el Acuífero Guaraní es un recurso compartido con alta interdependencia transfronteriza, el tema debe ganar importancia en la agenda de política exterior. Se debe desarrollar asimismo una política de captación de aguas que asegure el equilibrio de los ecosistemas intervenidos, así como controlar y gestionar racionalmente los impactos ambientales de la producción agropecuaria”.
Una tercera línea consiste en la optimización de la institucionalidad ambiental. “Es necesario eliminar superposiciones y conflictos de competencias, llenar vacíos y asegurar una mejor coordinación entre las reparticiones públicas existentes: las diferentes direcciones del Mvotma, (Dinama, Dinot, Dinagua, Dinara y otras oficinas del MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas) el Gabinete Nacional Ambiental, la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático que funciona en la órbita de Presidencia de la República, los gobiernos departamentales, etcétera”.
Una cuarta línea consiste en la renovación y fortalecimiento de la normativa medioambiental. “Aun reconociendo el avance que significó el artículo 42 del Código General del Proceso en la representación de intereses difusos, hay que facilitar aún más el acceso a la justicia para cualquier interesado en la defensa del ambiente, reconociendo un interés directo, personal y legítimo cuando se actúa en defensa de los recursos naturales”, reflexionó.
“Nos proponemos incluir los delitos ambientales en la legislación penal y crear la especialización ambiental en la órbita judicial, como materia con alcance en todo el territorio, así como en la Fiscalía General de la Nación”.
“También proponemos crear un Texto Ordenado de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial, e introducir incentivos que premien la actividad empresarial amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, crear exoneraciones fiscales u otorgar mejor puntuación en el sistema de compras del Estado a las empresas que certifiquen su calidad ambiental, o que introduzcan el uso de energías limpias, la reutilización de recursos y el reciclaje de desechos”, subrayó la dirigente nacionalista.