Los desequilibrios queno se mencionan

El argumento de que “plantean lo mismo que Un Solo Uruguay” es utilizado por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, así como por otros voceros gubernamentales, para explicar sus cuestionamientos al planteo de las cámaras empresariales sobre las condiciones necesarias para un mejor desempeño de la economía del país, preservar fuentes de trabajo y puestos laborales, seriamente afectados en la actual coyuntura.
“Discrepo totalmente con las cámaras empresariales, hacen el mismo planteo que Un Solo Uruguay”, dijo el titular de Economía en declaraciones recogidas por Informe Nacional, noticiero de Radio Uruguay, al salir al cruce de las recientes propuestas planteadas desde el sector empresario, acerca de la reducción de empleados públicos, cambios impositivos y regulaciones laborales.
Dijo el secretario de Estado que “son enfoques muy diferentes a los del gobierno. Podremos encontrar alguna coincidencia puntual, como la necesidad de mejorar en lo posible el gasto público y la trayectoria fiscal, pero no en lograr competitividad con tipos de cambio alto y salarios bajos”.
Para Astori, ese es “un modelo antiguo”, y el gobierno “cree más en el logro de niveles de competitividad y eficiencia por la vía de la innovación y la incorporación de conocimiento”, razón para “darle mucha importancia a la educación, a la ciencia y la tecnología”.
El funcionario también discrepó con la idea de crear una regla fiscal, planteada días atrás por el nacionalista Jorge Larrañaga, y con la derogación del decreto que regula las ocupaciones en lugares de trabajo.
Asimismo, dijo que espera que la inflación esté levemente por encima del rango meta (entre 3 y 7 por ciento) establecido por el gobierno durante los próximos meses, a la vez que señaló que Uruguay tiene niveles de inflación bajos si se compara con otros períodos históricos y que se debe “persistir” con esta política cambiaria.
En la misma línea, Alberto Graña, presidente del Banco Central del Uruguay, durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), hizo mención al reclamo de la Confederación de Cámaras Empresariales por un atraso cambiario “de 20% o 25%”, cifra que mencionó el presidente de la gremial, Gerardo García Pintos, en radio Sarandí.
“No coincidimos en absoluto. Con un atraso cambiario de 20% hubiera implosionado Uruguay hace rato”, respondió Graña y agregó que la estimación del BCU “no es nada coincidente”. Igual, aceptó que existe cierto atraso cambiario, como reconoció el último Informe de Política Monetaria del BCU.
El atraso cambiario no es una novedad en el Uruguay, un país donde en gobiernos de todos los colores, en mayor o menor medida, se ha manejado el valor de la divisa como un parámetro clave de la economía, sobre todo para situarlo como un “ancla” para la inflación, en un país altamente dependiente y vulnerable ante los avatares internacionales, exportador de materias primas y tomador de precios, por citar algunos aspectos ampliamente conocidos de nuestra economía.
Seguramente el ministro Astori está hipersensibilizado –como otros actores políticos– por la cercanía de la contienda electoral, donde las críticas suelen plantearse en blanco y negro, tanto por quienes las formulan como por los destinatarios, y ello hace que los juicios disten de poder emitirse con un equilibrio mínimo imprescindible.
Pero aún en este contexto también hay hechos irrefutables, y leyes en la economía que no pueden descartarse o siquiera ocultarse con eslóganes o supuestos políticos, porque tarde o temprano la realidad termina por imponerse, sobre todo cuando no se han hecho bien los deberes y se deben hacer malabares para tratar de justificar lo injustificable.
Al cuestionar a la federación de empresarios porque sostiene “lo mismo” que Un Solo Uruguay, el titular de Economía y otros jerarcas de gobierno solo están dando la razón a los planteos, que no son otros que los de los actores reales de la economía de base agropecuaria, como la uruguaya, mal que le pese al gobierno y a la izquierda, porque son quienes crean la riqueza que se pretende repartir sin haberla creado o cuando la torta se ha reducido sustancialmente.
Es que el desaforado gasto del Estado, iniciado en la bonanza propiciada por las condiciones del exterior y continuado en recesión incipiente, como en la actualidad, no mira pelo ni señal, e involucra a todos los actores, incluyendo a empresarios de todos los sectores y aún a los importadores favorecidos por el valor del dólar, simplemente porque la población ha perdido poder adquisitivo y retrae sus compras.
El dólar planchado durante varios años, a la vez, no es un elemento que pueda disociarse de los demás parámetros de la economía, y ocurre que Uruguay sigue caro en dólares, el Estado es caro en dólares a través de su presión tributaria, como lo son también las tarifas públicas, los insumos y los mismos salarios en los sectores sindicalizados. Esta última mejora se ha logrado sacrificando puestos y oportunidades de trabajo y no puede extrañar por lo tanto que siga aumentando el desempleo.
Los exportadores y aún quienes producen en sustitución de productos de importación, como los empresarios en general, ven crecer sus números en rojo, porque esta relación de dólar planchado y crecientes costos son una condena a su desaparición si no hay correctivos. Por supuesto, un dólar revaluado tampoco es la mejor receta para acomodar las piezas como única condición, sino que hay todo un combo de reacomodamiento de precios y valores relativos que es preciso llevar a niveles reales para por lo menos atenuar el desequilibrio en la economía.
Esta distorsión, lamentablemente, la ha generado el propio gobierno cuando ha aumentado el gasto del Estado y empobrecido a los sectores reales de la economía, que crean riqueza y lo sostienen con sus aportes.
Esa es la verdad del problema, que necesita respuestas y correctivos desde diversos ángulos y no solo desde el dólar. Pero tienen su costo político, porque se dejó correr la cosa por el Ministerio de Economía apostando a que los zapallos se acomodaran solos en el carro, para no pagar esos costos políticos que mucho menos se quiere sufrir en período electoral.
Así, los ajustes imprescindibles que no se han querido hacer los deberá aplicar el próximo gobierno, en la forma menos traumática posible, porque el cóctel de dólar subvaluado, pérdida de competitividad, empresas que se deterioran a ojos vistas, pérdida de empleos, estancamiento de la economía y déficit fiscal por la voracidad del Estado, tiene solo destino de precipicio si no se actúa con la responsabilidad del caso.