La nueva dirección nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), se reunió con la ministra de vivienda, Eneida de León, quien confirmó que brindará una respuesta el 15 de agosto a la plataforma de reivindicaciones, liderada por la rebaja al 2% de los créditos hipotecarios.
El secretario general, Gustavo González, resumió como “una reunión auspiciosa, porque después de un año de discusiones con los asesores ministeriales, la dirección nacional pidió una fecha para la definición”. El dirigente señaló este hecho “como sano, en tanto no dilata las discusiones. Nosotros sabremos lo que tenemos que hacer y obviamente seguiremos con las movilizaciones. La idea nuestra no es vivir de lucha en lucha, sino que se conquiste, porque el planteo es justo. Ninguna culpa tiene un cooperativista que sea joven y haya construido después del 2008 porque hace las mismas horas que las cooperativas anteriores, el mismo esfuerzo y somos un único movimiento”.
De acuerdo a la respuesta de la secretaria de Estado, el movimiento volverá a reunirse en una asamblea nacional del 31 de agosto. Consultado González sobre la eventualidad de una propuesta de interés hipotecario que fluctúe entre el 2 y el 5%, pero menor al que pagan actualmente las cooperativas nuevas, fue categórico en responder que “para nosotros es 2%, porque además de transformarse en un problema económico para las familias, es de justicia. No podemos tener un movimiento, donde unos pagan al 2 y otros al 5. El 2 no es un interés de plaza y entendemos que nuestro sistema es el más sacrificado porque construimos por ayuda mutua”, dijo a EL TELEGRAFO.
Recordó que los préstamos “están en UI, se ajustan todos los años y pagamos por 25 años. No nos regalan nada. Eso ya se capitaliza año a año, por eso los legisladores, que a fines del 60 aprobaron la ley nacional de viviendas, establecieron el cobro de un interés bajo por costos administrativos”.
VIVIENDAS EN CONTEXTO ELECTORAL
El dirigente precisó que “el debate está transversalizado sobre la concepción del acceso a la vivienda. Si es una mercancía o un derecho. Si se concibe como un derecho, entonces efectivamente el Estado, a través del gobierno que sea, debe involucrarse directamente en su financiación. En segundo lugar, hay que analizar en profundidad en dónde se encuentra el déficit habitacional. El Estado no puede invertir en sectores que sí pueden pagar una vivienda, como lo está haciendo hoy”.
El tercer aspecto, “es que se dejen de prometer viviendas. Porque ya van a empezar todos los partidos políticos a prometer. Sin embargo, el país no tiene un Fondo Nacional de Viviendas y es una mentira repetida mil veces quienes hablan del fondo, cuando desaparecieron entre los años 2000 y 2002, unos U$S 200 millones del fondo y nunca más fue reconstruido”. Explicó que las partidas con destino a viviendas “son escuálidas”, por tanto, “si no hay una fuerte inversión del Estado, continuará el déficit habitacional”. Entre otros aspectos, apuntó a “otras señales en el país que llaman la atención, como las dramáticas emergencias por las inundaciones sin un abordaje estratégico. Todos sabemos que los ríos se van de su cauce en los mismos períodos de lluvias. Sin embargo, el país vive desde hace muchos años el drama de las inundaciones. Entonces, acá no hay un proyecto de desarrollo del país”.
Reclamó “una política de Estado que no tenga que ver con los sueños de los políticos” y ejemplificó con el Plan Juntos, “cuando se creyó que las grandes empresas iban a invertir dinero en la vivienda de los pobres. Es una ilusión porque si esto fuera cierto, ya no habría problemas de viviendas en el mundo”. González precisó que “otra es la ley de vivienda de interés social, con la que el país pierde U$S 600 millones por año, porque exoneran a las empresas constructoras de absolutamente todo y además, construyen con el botín del Estado”.
PLAN A LARGO PLAZO
El dirigente puntualizó que un plan de viviendas no puede contenerse en cinco años de gestión, sino a largo plazo y con una mirada a la región. “No estamos blindados frente a una crisis en el sistema. Tenemos un déficit fiscal galopante que también afectará y por eso, hay que ver mucho más a las organizaciones sociales”.
Según González, “se han hecho cosas bien, pero no en viviendas. Hablan de una mayor construcción de viviendas y eso no es cierto. Se construyeron más cooperativas, que es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo un complejo como el ‘José Pedro Varela’, construido en el 70, con 839 viviendas, que 22 cooperativas de 15 viviendas cada una”.
PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN
González aclaró que “poner en práctica nuevamente un fondo de viviendas, es más fácil que la payasada de discutir todos los años un presupuesto. Allí hacen pelear a la educación con la salud, la educación con la vivienda y todos repartimos miseria”. La propuesta de la federación es “afectar al Impuesto al Patrimonio y no hay ningún estudio sobre esto. Hay quienes tienen propiedades desde el año 50 y pagan impuestos como si la hubiesen comprado ahora. A esto lo descubrimos mientras estudiábamos el Impuesto al Patrimonio”. O que los recursos del impuesto a las transacciones inmobiliarias, “en vez de ir al fisco, vayan a viviendas”.
El directivo resaltó las exoneraciones del IVA a los materiales de construcción aplicados a las empresas constructoras, “para que construyan, con dinero del Estado, viviendas por U$S 160.000. El Parlamento votó por unanimidad esta ley, por lo tanto nadie se salva”.
Por su lado, “las cooperativas pagan el IVA y allí radica la desigualdad. Nosotros construimos viviendas por U$S 50.000 y no buscamos fines de lucro, pero los exoneran a ellos y los subsidian para construir. O sea que el que construye no pierde, en todo caso pierde el Estado”.
Esta plataforma fue presentada, además, en una reunión el lunes con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a quien informaron sobre la situación del conflicto y el miércoles, una delegación fue recibida en la comisión de vivienda de Diputados, a fin de brindar su posición frente a la Ley de cotitularidad.
