La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo en la última entrevista con el diario El País que “tiene que ganar el Frente Amplio para que Uruguay no se transforme en un caos”. Según la secretaria de Estado, “el pueblo, la gran mayoría de los uruguayos, perdería todo lo que ha ganado en estos quince años si llega a ganar el ‘partido rosado’, porque los blancos y colorados van a estar juntos”. Estas declaraciones fuera de lugar para la investidura de una ministra –si bien no está inhibida de hacer campaña electoral–, utiliza un lenguaje tremendamente confrontativo que genera una violencia verbal. Esa violencia contra la que tantas veces predicó e instaló en la “agenda de derechos” la izquierda que pregona.
Antes tuvimos que leer, ver o escuchar –porque está en todos los formatos posibles– en la web de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República, una entrevista al ministro de Economía, Danilo Astori, quien salió a contestarle a los candidatos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi sobre sus propuestas económicas en campaña electoral. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa que no sabía de esa entrevista y que evaluarían la pertinencia de que continuara colgada en la web oficial porque el presidente Tabaré Vázquez “es muy serio”. Se ve que la pertinencia y seriedad quedaron de lado porque la entrevista aún permanece en el sitio de Presidencia. Ese medio que usó el ministro para manifestar su enojo porque el candidato blanco, aún en el Senado, tuvo la osadía de llamarlo a sala. Faltaba más.
Y si de seriedad hablamos, hay que recordar que en la misma web fue difundida información confidencial y privada de un colono que confrontó con el presidente Vázquez en la puerta del ministerio de Ganadería, a la salida de una reunión con el movimiento Un Solo Uruguay. Si un colono es deudor, el Estado cuenta con los mecanismos suficientes para regularizar su situación o finalizar un acuerdo, pero optó por la bajeza de ensuciarlo. Algo similar ocurrió con quien se enfrentó con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en Artigas. Es decir, en vez de hacer uso de las herramientas republicanas, eligen la baja política y hasta la ilegalidad.
Otras manifestaciones del desespero son los mensajes difundidos a través de las cadenas de radio y televisión. Allí, de manera constante enfocan el trabajo diario y las obras, que deben hacer porque para eso fueron electos y cobran suculentos salarios imposibles para un trabajador si fuera a reclamarlos en el marco de una “agenda de derechos”. Estas cadenas tienen un enfoque claramente electoral y con comparaciones continuas.
Es decir, la confusión persistente entre gobierno y política los lleva a cometer un “vale todo”, indeseable porque significa un abuso de poder por quienes tienen las herramientas del Estado para hacer campaña y por lo tanto, peligroso para la democracia.
También refleja que, ante los temas no resueltos y que se presentan desfavorables para su campaña electoral, es capaz de cualquier cosa con tal de desacreditar al oponente que ose poner de manifiesto tal situación. En cualquier caso, no importa a quien delate, ni la información en su poder.
Es el mismo aparato que se transforma en una agencia de colocaciones para una empresa privada, como UPM, cuya única vía de agenda para quienes no tienen empleo es la web del Ministerio de Trabajo. Justo cuando la desocupación crece y genera dolores de cabeza a un mismo gobierno que relativizó los índices de desempleo. Incluso, el de la seguridad ciudadana para generar una “sensación térmica”, pero nunca un “derecho”.
O cuando es fácilmente constatable que la cantidad de asentamientos aumentó entre 2012 y 2014: justamente en el período de mayor bonanza económica durante la administración de esta misma fuerza política. Porque la “agenda de derechos” se agranda, pero no alcanzó para crear una mejor calidad de vida, en un proceso de socialización más profundo que sólo poner un techo donde guarecerse.
O el mismo Estado que inventa mecanismos de préstamos para sus empresas compañeras, como Envidrio y otras, aunque después el fardo político lo tenga que soportar el Poder Legislativo.
Tanta contradicción no cabe en este espacio, pero han sido generadores del hartazgo que después reflejan las encuestas. Muy vapuleadas y culpabilizadas de contener datos negativos para la actual administración que como manifestó la ministra Muñoz, pretende perpetuarse en el poder.
Nadie cambia, si está conforme. Nadie cambia, si no está harto. Y si no tuviera confianza en instituciones fuertes y democracias sólidas, tampoco cambia.
Porque estas instituciones ya existían en 2005 e iban camino a consolidarse, por la fuerza de los hechos y no de un partido político. No era la Banda Oriental antes de esa fecha, sino una república fundada a partir de una Constitución que, a ratos, parece un libro más en la biblioteca de muchos.