Los sindicatos policiales y los ministerios de Interior y Trabajo acordaron, en el marco de una negociación colectiva, la modificación del artículo 206 de la ley que reducía el servicio 222 a 50 horas, a una ampliación a 100 horas, en forma provisoria hasta buscar los recursos necesarios para un incremento salarial de los efectivos policiales.
El proyecto de ley pasará al parlamento y “estipula la extensión por un corto lapso de las horas de este servicio para buscar la forma de compensar las remuneraciones económicas. Esta decisión es provisoria, mientras trabajamos sobre un aumento”, explicó a EL TELEGRAFO, el dirigente del SUPU, Alejandro Álvarez. Cada policía puede hacer un máximo de 4 horas más y habilita a los privados al contrato del servicio 222, según el proyecto de ley elaborado en forma conjunta por el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales.
“Modifica un artículo de la ley y si hay voluntad política se aprobará durante el receso parlamentario. Para evitar el denominado 223, se facilita por un período corto a que los policías hagan el 222, contratados por diferentes entidades”, señaló.
CUSTODIAS
En la oportunidad, plantearon la situación de los efectivos que custodian a víctimas de violencia doméstica, sobre quienes “tratamos de mejorar las condiciones laborales y que no queden expuestos”.
Ante los últimos casos de femicidios, Álvarez señaló que “se instalará una tripartita con la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía y el Ministerio del Interior. Los policías son enviados como custodias porque faltan tobilleras electrónicas, sin embargo, la justicia debe actuar rápidamente. Hay situaciones en que la custodia se ejerce en malas condiciones laborales para los efectivos”, dijo el dirigente.
Ejemplificó en la falta de “condiciones ambientales o de higiene para que los policías cumplan con esa función. No tienen baño o no cuentan con condiciones de salubridad básicas”. Consultado sobre la propuesta del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de asignar una custodia al agresor, en vez de la víctima, Álvarez reflexionó sobre las garantías que brinda dicha resolución a quien padece violencia de género. No obstante, se mostró en desacuerdo a que sea declarado emergencia nacional, tal como lo reclaman los movimientos feministas.
Explicó que “el trabajo de prevención deberá enfocarse sobre otros aspectos”. En este sentido cuestionó las razones por las cuales un agresor incumple con las medidas resueltas por la justicia “y no resulta procesado por desacato ante una medida de restricción de acercarse a la víctima o por daño a la tobillera. Es un delito grave y el agresor ya tiene un antecedente con la situación de violencia doméstica” denunciada. “Está en condiciones de un nuevo procesamiento porque provoca lesiones personales a la víctima y un daño al Estado. Deberá analizarse a nivel parlamentario, jurídico y de todos los actores que intervienen”, resaltó.
En Montevideo, hay “más de 500 policías en la calle por custodia en casos de violencia doméstica. Es impresionante y debemos solucionar este problema. En Maldonado hay una situación compleja y similar. Paysandú solucionó en un 95%, pero hay lugares donde todavía resta una solución”.
Incluso detalló las situaciones de violencia denunciados en la interna policial. “De hecho, hay funcionarios y funcionarias policiales víctimas de violencia de género a quienes no se aplica correctamente el protocolo. Si bien el protocolo se aplica cuando se quita el arma, tanto en el caso que se trate de una víctima o victimario, deberán establecerse ciertos parámetros de cuidados, aunque sea un funcionario”.
Ante la falta de tobilleras electrónicas, Álvarez reiteró que “no pueden derivarse más efectivos a las custodias porque en el caso de necesitarlo por 24 horas, se derivan 6 policías para una sola persona”.
ESCUELA DE POLICÍA
El sindicato elevó la preocupación sobre el ingreso de alumnos a la escuela de policía y su posterior desvinculación por no aprobación de los exámenes sicológicos. “Hubo situaciones con evaluaciones sicológicas y físicas positivas que habilitaron su ingreso a clases y luego de dos meses, reciben la notificación del hospital Policial y el equipo de sicólogos de que debe abandonar el curso”, explicó.
Esta situación impulsó varios planteamientos “a fin de no afectar a los estudiantes que dejaron un trabajo para ingresar a la Policía. Presentamos una propuesta, que el ministerio se comprometió a estudiar, para mejorar las condiciones de ingreso y que solo las personas realmente aptas ingresen a la institución”.
CON EL JEFE
El SUPU fue recibido por el jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza, a quien “planteamos situaciones vinculadas a condiciones laborales de los funcionarios. Conversamos sobre las calificaciones, patrullajes, móviles policiales y juntas médicas”. Sobre este último aspecto, el sindicato trabaja con el hospital Policial en el reintegro de varios de ellos y en Paysandú “hay más de 20 funcionarios en junta médica por distintas situaciones”, precisó.
