(CARVE-PRESIDENCIA)
El directorio de ASSE salió a responder a una investigación realizada por las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero en radio Carve, donde denunciaron una sobrefacturación por horas de trabajo médicas que no se trabajaron y representaron una erogación millonaria para el Estado.
Denunciaron que en los hospitales Maciel, Pasteur, Pereira Rossell, Español y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), tuvo lugar “el desfalco”, realizado en forma continua en la última década, en “connivencia de los pasados directorios de ASSE, las direcciones de los hospitales y los médicos”.
El presidente de ASSE, Marcos Carámbula, dijo que “existe un cupo de horas contratadas y se paga por eso, lo cual cubre las necesidades de cada servicio” y aseguró que “no se factura por encima de esa cantidad de tiempo asignado, pues ello nos permite cumplir con todas las especialidades, como imagenología”.
Sin embargo, la investigación reveló que a fines de mayo, asumió Federico Martiarena al frente del Hospital Pasteur y planteó una nueva gestión en el servicio de tomografía, que permitió conocer las irrgularidades.
En dichos centros asistenciales, los médicos radiólogos no son funcionarios presupuestados sino que trabajan a través de Comisión de Apoyo, es decir, facturan por las horas que trabajan. El Pasteur realizó un llamado para ocupar un cargo de alta dedicación en el servicio de Tomografía, pero nadie se presentó. Lo que empezó con una convocatoria laboral terminó con el hallazgo de una inmensa irregularidad.
El actual directorio de ASSE comprobó hace dos meses que al menos unos 50 médicos radiólogos facturaron en la última década miles de horas que no trabajaron, y lo hicieron con el conocimiento pleno de las direcciones hospitalarias, los jefes de cada servicio y las autoridades máximas de ASSE.
La sobrefacturación fue el mecanismo para aumentar los sueldos de los radiólogos y competir en materia salarial con el sector privado. Un médico radiólogo que trabajaba 40 horas semanales –a razón de 600 pesos líquidos la hora aproximadamente– facturaba como si hubiese trabajado 80 horas. Otro ejemplo son las guardias de retén, por las que ASSE debería pagar 4 horas de trabajo. ASSE descubrió que hubo hospitales en los que se pagaba por las 12 horas a disposición, y en algunos casos abonaban el doble (por 24 horas).
Los médicos radiólogos no son los únicos especialistas en la mira. Según la investigación, las autoridades de ASSE analizan a los médicos anestesiólogos, una especialidad en la que la administración tiene indicios de que se realizó una maniobra similar de sobrefacturación de horas en los últimos años.
PROPONEN CAMBIOS A NEGOCIACIÓN COLECTIVA
(SUBRAYADO)
El Ministerio de Trabajo propuso seis modificaciones a la ley de Negociación Colectiva en respuesta al planteo que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio. El ministro Ernesto Murro informará al Parlamento acerca de estos cambios a pedido de la bancada de diputados del Frente Amplio.
Los cambios más importantes son tres: el primero es modificar el artículo 4º y establecer que “el deber de información del empleador solo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica”. El segundo propone derogar un literal del artículo 10, quitando al Consejo Superior Tripartito la potestad de actuar sobre la negociación bipartita. El tercer cambio es que en caso que no haya sindicato en una empresa, se elimina la participación del sindicato superior de la actividad en esa negociación.
Horas después de darse a conocer estas propuestas, la bancada de diputados del Frente Amplio resolvió convocar al ministro Murro para que explique estas propuestas en régimen de Comisión General.
LIBRETA POR PUNTOS TIENE MEDIA SANCIÓN
(EL OBSERVADOR)
El Senado dio media sanción a un proyecto de ley que implementa cambios en la normativa de tránsito, que incluye, entre otros aspectos, un sistema de puntaje en la libreta de conducir. El texto pasará a Diputados.
El proyecto, entregado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en octubre de 2018, indica que, al momento de recibir o renovar el permiso único nacional de conducir, la persona contará con una asignación de puntos. Por cada sanción que impongan por cometer “infracciones gravísimas” se reducirán puntos. Sin embargo, podrá recuperarlos si aprueba el “proceso de reinserción como conductor”, un mecanismo que se establecerá en la reglamentación posterior. Dentro de las sanciones administrativas por infracciones de tránsito, el retiro de puntos se encuentra en el tercer lugar de la escala, luego de la advertencia y la multa.
La normativa incluye prohibiciones para peatones y ciclistas. “Los peatones no podrán cruzar la calzada usando dispositivos electrónicos o de telefonía móvil, excepto aquellos de funcionamiento no manual”, indica el artículo 7º. Por otra parte, los ciclistas y motociclistas “deben cumplir las normativas de tránsito vigentes que les sean aplicables y conducir con pleno dominio de sus facultades psicofísicas”. A los conductores de bicicletas y motocicletas se prohíbe “circular en zigzag o realizar maniobras de riesgo para sí y el resto de los usuarios del tránsito”. Tampoco pueden remolcar o transportar carga en birrodados que no estén diseñados para eso, “o cuyo peso o volumen comprometan las condiciones de seguridad y maniobrabilidad en vía pública”.
El senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, dijo a El Observador que los peatones y ciclistas serán sancionados, y las multas se establecerán en la reglamentación de la ley.
PROYECTO LIMITA LIBERTADES VIGILADAS
(EL OBSERVADOR)
Con el voto en contra de Casa Grande, el Senado aprobó el proyecto de ley que limita el uso de libertades vigiladas, una modalidad alternativa a la prisión que a juicio del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial ocasiona distorsiones en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El texto pasará a la Cámara de Diputados. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo regula los casos y las condiciones en que pueden aplicar la libertad vigilada. El texto define la libertad vigilada como el sometimiento del penado “al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales”.
