Desde hace muchos años se ha instalado la discusión sobre el rol que realmente cumplen las empresas del Estado en nuestro país, favorecidas como regla general por un régimen de monopolio y cuando no es así, por las anchas espaldas de los contribuyentes que financian sus números en rojo, por lo que su eficiencia no es un problema del que deban ocuparse, caso inverso al de los privados que si no pueden competir con margen de rentabilidad están destinados a desaparecer.
En general, en el sistema político se asimila que las empresas estatales son en gran medida un mal necesario y no tenerlas por la vía del desmantelamiento o traspaso sería aún más riesgoso que seguirlas manteniendo tal como están, pese a las justificadas críticas en cuanto a la relación costo-beneficio para el país.
Por supuesto, hace rechinar los dientes justificadamente que por ejemplo los directores de Ancap se ufanen de que el balance del ente Ancap arroje “ganancias”, aunque podría igualmente catalogares como positivo si se tiene en cuenta el desastre de administraciones anteriores que obligaron incluso a una recapitalización del orden de los 800 millones de dólares.
Por supuesto, el tema central pasa por el hecho de que este saldo positivo se obtiene al amparo de la facultad de poder fijar el precio de los combustibles a su antojo en régimen de monopolio, y por ende no ser afectado por ninguna empresa fuera del ámbito estatal que trabaje con mayor eficiencia y le reste mercado por menor precio de venta final de los derivados del petróleo.
El punto es que los uruguayos tenemos los combustibles con los precios más altos de la región y de los más caros del mundo, lo que no es un tema menor si tenemos en cuenta que este factor distorsiona toda la economía, porque los combustibles caros desalientan la actividad, la producción de bienes y servicios, incrementan costos y suman inflación a una economía en estancamiento.
El eje del asunto es que se imponen altísimos costos a los actores reales de la economía, aunque en este caso de los combustibles, si bien hay una gran responsabilidad de Ancap por los precios que aplica, paralelamente tenemos que la mitad del valor final de los carburantes son impuestos debido a la presión de gastos y necesidad de recursos desde el Estado.
En lo que tiene que ver con UTE, también en régimen de monopolio de hecho aplica a los uruguayos las tarifas más altas de la región, sobre todo en el ámbito de los hogares, y en gran medida ello se debe a decisiones políticas del Ministerio de Economía y Finanzas, que ante el déficit fiscal creciente, situado actualmente en casi el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), demanda del ente de la electricidad cuantiosos recursos con destino a Rentas Generales, y ello se traslada a las tarifas.
Tenemos así que la empresa estatal UTE ganó 406 millones de dólares en 2018 y así completó seis años consecutivos con números positivos, que en el ejercicio previo había sido de 492 millones de dólares.
Estos elementos por sí solos bastarían para interpelarnos respecto al papel que cumplen o que deberían cumplir las empresas estatales, si son un mal necesario o si habría alternativas posibles para sustituirlas total o parcialmente, sobre todo eliminando monopolios que perjudican a consumidores o clientes, porque evitaría la fuga de dinero y sobrecostos por burocracia e ineficiencia, por lo menos.
Vienen a cuento en este tema reflexiones del economista Carlos Steneri, quien en artículo publicado en el suplemento Economía y Mercado del diario El País apunta que precisamente no se ha procesado en profundidad el debate sobre el rol de las empresas del Estado, en particular en lo que hace a la calidad y precio de los bienes que ofertan, habida cuenta además de que su actividad afecta a toda la economía y en particular a la productividad del país.
Y si bien la idea lógica sería la de aproximar los precios de estos bienes a la media internacional, las distorsiones que inciden en esta problemática hacen que sea difícil en estas condiciones y esquema normativo hacer algo diferente en un statu quo que aparece como el eje de toda la cuestión y consolida la inamovilidad.
Debe tenerse presente que en el esquema de precios que aplican las empresas a un cliente o consumidor que no tiene donde elegir debido al régimen de monopolio, operan decisiones del gobierno de usar a estas empresas como agentes recaudadores sin control parlamentario, a lo que se agrega la vigencia de subsidios cruzados entre productos, fruto de obligaciones legales o decisiones de las propias empresas.
En el caso de Ancap, una posibilidad sería que se le haga funcionar en régimen de competencia, un extremo absolutamente rechazado por el sindicato del organismo y sectores de izquierda que consideran este aspecto como un elemento ideológico intransable, en tanto en el espectro político en general, se lo considera como un tema pertinente pero de compleja implementación y de dificultades notorias desde el punto de vista de las decisiones políticas, porque se requeriría un consenso que por ahora no aparece como sólido, por decir lo menos.
Pero como bien señala Steneri, tener la posibilidad de importar es un punto favorable para evitar sobreprecios y tener un tope para las ineficiencias del ente, el que a la vez tiene entre sus actividades producir cemento, sin monopolio y donde sí compite con la eficiencia del sector privado. Ergo, por este lado tiene pérdidas que subsidia con los combustibles, como también pierde con ALUR y los subsidios al precio del gas licuado de petróleo (supergas).
Se parte por lo tanto de un esquema en esta empresa que por sí solo es harto complicado, a lo que se suman los subsidios al gasoil para el transporte colectivo de Montevideo, a través de un costo adicional que se impone a todo el país en favor de la capital.
Ello naturalmente en un contexto general de sobrecostos que se aplican asimismo por decisiones políticas, cuando están pendientes reformas estructurales imprescindibles para más o menos dejar de sufrir sobresaltos tan pronto la actividad económica decae, mientras Uruguay sigue perdiendo competitividad en la región y en el mundo, y por lo tanto las “ganancias” obtenidas por empresas del Estado son a costa de dejar menos recursos en circulación entre los actores reales de la economía, los que generan fuentes de trabajo genuinas.
Es que las altas tarifas promueven recesión y desaparición de empresas y con ello caída de la actividad económica y consecuente menor recaudación, que obliga al Estado a buscar recursos por otro lado, es decir por la vía de estos impuestos indirectos que castigan a los clientes cautivos de las empresas estatales.
Es por lo tanto una problemática compleja, que debe discutirse, porque sin dudas forma parte de los elementos que condicionan el desenvolvimiento de la economía, por encima de ideologías y de los grupos corporativos que siempre pretenden llevar agua para su molino, sobre todo las gremiales de funcionarios públicos.
