El delegado nacional de cárceles del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Sergio Ceriani, recorrió las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Salto, Paysandú y Soriano, donde se entrevistó con los delegados departamentales del sindicato, a fin de interiorizarse de la situación laboral del personal afectado a la tarea.
Los planteos recibidos serán elevados a una bipartita que llevarán adelante con la dirección nacional del INR. “En cualquiera de las tres unidades constató la necesidad de recursos humanos, vehículos para los traslados y equipamiento, además del ingreso de los operadores penitenciarios para cubrir la necesidad de policías ejecutivos, escalafón L”, dijo a EL TELEGRAFO, el dirigente nacional, Alejandro Álvarez.
Consultado sobre el total de operadores ingresados y necesarios para cubrir a los efectivos, señaló que hubo una inscripción masiva, “pero muchos no terminaron el curso y otros se dieron de baja. Es así que no lograron completar las vacantes totales asignadas para el ingreso de operadores –que al principio eran unas 800– y que los policías puedan salir de las cárceles. Es un proceso que deberá darse con más tiempo”, destacó.
Recordó que “no es lo mismo trabajar en algunas cárceles del Interior que en las Montevideo, como el Comcar, porque son funcionarios civiles que reciben capacitación para trabajar con personas privadas de la libertad. Después hubo nuevos llamados con ingresos para relevar a los policías, pero igualmente no completaron la cantidad establecida al principio” para que los efectivos sean asignados a las tareas de guardia externa en los establecimientos carcelarios.
Álvarez anunció que “el año próximo plantearemos esta situación en el Parlamento y resolver sobre los policías ejecutivos e incluso los operadores que se encuentran expuestos a determinadas situaciones”. El dirigente informó que la cantidad de efectivos por persona privada de la libertad (PPL), “varía según el lugar, pero son 25 PPL por cada operador”. Sin embargo, esta situación varía “en las cárceles nuevas que tienen otro manejo de los PPL, como Cerro Carancho o Campanero, que no logró extenderse a todos los centros del INR. Además, se incrementó la población carcelaria”, acotó.
El Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, informó en julio que Uruguay lleva “un período de un año completo de crecimiento sostenido” y en junio de este año, se había alcanzado la cifra de 11.009 privados de libertad.
BOMBEROS
El SUPU denunció que los nuevos bomberos que cumplen tareas en los destacamentos a nivel nacional, no perciben el pago por nocturnidad ni tampoco tienen permitido el servicio extraordinario de prevención de incendios o también denominado 272. “Hubo un llamado para cubrir vacantes de bomberos, escalafón L, como chofer. Ingresaron más de 50 en todo el país, pero no se les permite hacer el servicio 272 –de similares características al 222 de la policía– y no le pagan la nocturnidad”, relató Alvarez.
El SUPU hizo el planteo a nivel jurídico, “con los abogados del sindicato, porque el contrato firmado especifica que no son zafrales, sino con contrato presupuestal. El funcionario que maneja un coche bomba debe estar capacitado para un incendio, como cualquier bombero. Sin embargo, hay algunas situaciones surgidas en las últimas semanas referente a funcionarios que son bomberos y no les permiten recibir capacitaciones, que debe ser continua para colaborar en un procedimiento de incendio, junto a otros bomberos”, concluyó.
