El nuevo gobierno que tomará las riendas del país a partir del 1º de marzo de 2020 tendrá varios asuntos que atender y mejorar, y en algunos casos tendrá la necesidad de dar un giro de 180 grados. Este es el panorama para la política exterior de Uruguay que en estos tres lustros, y en especial en los últimos cinco años, ha sido errática y alejada de los valores republicanos y democráticos que nos caracterizan.
Es necesario una Cancillería que vuelva a ponderar el respeto a los derechos humanos y que no dude en llamar dictadura al que merezca ser tildado así, a ponerse en definitiva del lado de los más desfavorecidos sin importar los lineamientos ideológicos. Sería bueno también que el actual gobierno, que trascurre sus últimos meses, se abstenga al menos de dar pasos en una dirección que colisione con los ganadores de las elecciones. Que serán los que aborden todos estos asuntos y no tengan que desandar tanto camino errático tomado por la administración saliente.
Como sucedió días pasados, cuando Uruguay solicitó al Mercosur activar el protocolo que habilita la expulsión de Bolivia; la Cancillería uruguaya, de la mano de Rodolfo Nin Novoa, planteó exigir a “las autoridades de facto bolivianas” que cese “la represión indiscriminada contra la población civil”.
Durante su intervención en la 55ª reunión del Consejo del Mercosur, Nin Novoa sostuvo que Evo Morales fue obligado a renunciar en Bolivia, lo que provocó un quiebre institucional que “representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del Protocolo de Ushuaia”. El canciller pidió por tanto activar los mecanismos previstos para comenzar las consultas para analizar las medidas a adoptarse “hasta tanto se restablezca plenamente el orden democrático en Bolivia”.
Tras las consultas y de acuerdo a la gravedad de la situación podrán aplicarse medidas que van “desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”. Nin Novoa planteó al Mercosur “exigir a las autoridades de facto bolivianas el pleno respeto por los derechos humanos, el control estricto del uso de la fuerza y el cese de la represión indiscriminada contra la población civil”.
La última vez que el Mercosur aplicó la cláusula democrática fue a mediados de 2017 ante la crisis social y política de Venezuela y, si bien no fue propuesta por Uruguay, la votó. De cualquier modo, sería muy extraño que el gobierno uruguayo se expresara de la manera que lo hizo contra los gobernantes bolivianos; en Venezuela suceden cosas mucho peores que jamás fueron condenadas por el país.
Por supuesto, la pretensión uruguaya generó muchas reacciones. El futuro canciller Ernesto Talvi lamentó la decisión. “Lamentamos que el canciller Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema de Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado’”, escribió el senador electo en su cuenta de Twitter. Manifestó que tendrían que haber sido consultados los integrantes de la coalición, por el simple motivo de que el 1° de marzo próximo será gobierno.
El presidente electo, Luis Lacalle Pou, brindó señales referentes a liberar la política exterior de ideología, algo tan necesario para cualquier nación y más incluso para un país pequeño como el nuestro, que tiene que estar necesariamente abierto al mundo, siempre sobre la base de los valores democráticos.
Lacalle Pou, en una disertación por el Día de los Exportadores –celebrada en la Cámara de Exportadores el jueves pasado–, señaló que la representación uruguaya en el exterior debe ser de la “nación” y no de la “ideología”. “Entre Brasil y Argentina, Uruguay una vez más puede ser el fiel de la balanza, en una relación no ajena a turbulencias”, subrayó. “Tenemos que sacudir la modorra ideologizada de los últimos años”, comentó con acierto.
Lo de Bolivia y el Mercosur no resultó ser el primer choque en materia de política exterior: Lacalle Pou anunció la salida del llamado “Mecanismo Montevideo” que promovió el presidente Tabaré Vázquez –junto a México– para que la situación de Venezuela se resuelva por la vía del diálogo. Al tiempo que denunció la “dictadura” de Nicolás Maduro. “Crear grupos circunstanciales en base a afinidades ideológicas, del signo que sean, para resolver los problemas concretos nos parece que debilita los acuerdos internacionales existentes”, indicó en otro momento el futuro canciller Talvi.
Sucede que es difícil coincidir con una política exterior alejada de la realidad como la del gobierno saliente. Y es entendible que este asunto genere roces en esta época de transición, que no viene siendo de las más tranquilas, llena de chicanas por parte del actual gobierno en medio de un clima que se asemeja a una campaña electoral.
En definitiva, Uruguay necesita recuperar el prestigio a nivel internacional, ese que se ha perdido en los últimos años por apoyar dictaduras y por ideologizar una instancia que necesita de políticas de Estado. La responsabilidad pasa ahora a los que asuman el 1º de marzo.