La mesa departamental del Frente Amplio redirecciona su campaña electoral con una nueva planificación hacia el 27 de setiembre, y en el marco de la contingencia sanitaria evaluó los resultados departamentales y nacionales.
El presidente de la fuerza política, Álvaro Guigou, comparó con el panorama regional y precisó que “se debe a decisiones locales y del país, pero sobre todo a la conducta ciudadana ante las políticas adoptadas. Es una fortaleza de Uruguay, por su gente y el nivel de conciencia en los temas de la salud, basados en un sistema nacional integrado y un sistema de emergencia que lo hace fuerte para tener esta realidad”.
CIEN DÍAS
El dirigente evaluó que en cien días del gobierno de Luis Lacalle Pou “pasó la pandemia y la instrumentación del programa de gobierno. En ese sentido, la percepción de la sociedad es una y los tiempos del gobierno, son otros. La discusión política no puede estar alejada de ninguna de las dos cosas y tiene que caminar por el medio, debatiendo las medidas de gobierno y entendiendo cuáles fueron acertadas”.
Guigou reconoció que “no es común en nuestra región que un expresidente (Tabaré Vázquez) y el presidente, cada uno lejos de la concepción política del otro, se junten y conversen sobre una realidad del país que nadie esperaba que fuera de esta magnitud”.
Explicó que la evaluación en los resultados sanitarios “ha sido buena”, sin embargo, “ha sido desacertada la forma de impulsar la concreción de su programa de gobierno, porque apuró los tiempos políticos para llevar adelante algunos cambios que no son menores”. Al referirse a la Ley de Urgente Consideración (LUC), ya votada en la Cámara de Senadores y a estudio de la comisión especial en la Cámara de Diputados, resaltó que la iniciativa “cambia radicalmente el marco regulatorio de las relaciones laborales, y el manejo de la seguridad pasa a una mayor represión y violencia para resolver los conflictos de la sociedad”.
Opinó que “no nos parece el camino correcto y algunos episodios ya nos marcan el nivel de violencia que se puede alcanzar. En el medio quedan ciudadanos inocentes que pueden pagar con su vida las consecuencias de la delincuencia y las políticas del gobierno como garantizador de la seguridad pública”.
Según Guigou, “los cien días de gobierno tienen que ayudarnos a reflexionar para los cien días que vienen. Porque vendrá la Rendición de Cuentas del último año del gobierno y la discusión sobre el presupuesto nacional que es central para definir el desarrollo y tener trabajo”.
LA LUC
La bancada de Senadores del Frente Amplio votó la mitad de los asuntos contenidos en la LUC y ahora se apresta a su discusión en la cámara baja. La fuerza política “busca ganar espacios y hacer mejoras al proyecto inicial, evitando que en el articulado se lleven adelante políticas restrictivas en cuanto a las conquistas de relacionamiento laboral, herramientas financieras que ayudan a fortalecer la formalidad, la igualdad y que no pese siempre quien tiene el poder sobre quien no lo tiene”, agregó.
Opinó que “las regresiones que se dan en materia educativa, porque pasa a ser más gerencista y privada que pública. Por acción de las organizaciones sociales y sus claras posiciones en la comisión especial del Senado y por el debate con los legisladores, se sacaron del articulado el afán privatizador de las empresas públicas”.
De acuerdo al dirigente, “hay un debilitamiento de las empresas y el gobierno quiere llevar adelante su programa, mediante un mecanismo legítimo, como es la LUC, pero sin tener en cuenta la realidad nacional. La urgencia pasa por otros temas, como resolver los ingresos a una parte importante de la población que no tiene ingresos seguros”.
PERÍODO PUENTE
Consultado sobre las pautas salariales propuestas por el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, basadas en un “período puente” de un año, e incentivar las fuentes laborales, señaló que “pasa por definir mecanismos de inversión pública con la articulación con lo privado, sin claudicar condiciones de trabajo y salariales”.
Las pautas se discutirán en la interna frenteamplista, “porque debilita notoriamente el poder adquisitivo de los trabajadores y hacen que la crisis socioeconómica, la paguen las mayorías populares”.
En este contexto, “la inflación no se contiene y los salarios se contienen por lo menos un año. Si sumamos el aumento de las tarifas, más la constante manipulación que hace el mercado de los precios de los productos de básica necesidad, se generan condiciones de desigualdad y hay familias que seguramente tendrán que ser muy astutas para subsistir. Hay mucha población que volverá a los niveles de pobreza”, aseguró.
