Entre otras consecuencias que surgen del advenimiento del COVID-19 en nuestro país figura sin dudas el haber puesto en stand by una serie de medidas o iniciativas con el fin de corregir problemas estructurales en la dirección del país, que requieren acciones complejas.
Ocurre que por regla general, lo urgente suele distraer de lo importante cuando no hay un rumbo, un cronograma u objetivos claramente trazados, porque los esfuerzos y la atención están comprometidos en la emergencia, como es el caso de la pandemia, y ello requiere recursos humanos y económicos e infraestructura especialmente dedicados a superar aquello que nos desborda en forma imprevista.
Precisamente en el área de la salud, estos recursos humanos e infraestructura en gran medida han sido volcados a minimizar los efectos de la emergencia sanitaria, e incluso ahora cuando se ha aflojado sensiblemente la cuarentena voluntaria que se había establecido, a medida que se ha logrado contener la explosión posible en materia de contagios, todavía no se ha ingresado en el “modo normal” como para poner en marcha acciones enmarcadas en políticas de mediano y largo plazo en esta área, ante la magnitud del desafío que aún se afronta con los recursos disponibles.
Pero la emergencia será superada y llegará el momento en que será preciso atender prioritariamente aquello a lo que se habían comprometido las nuevas autoridades antes de asumir, refrendadas por la ciudadanía en la consulta electoral.
Precisamente es pertinente recordar que días antes de asumir y cuando todavía no se perfilaba en toda su proyección la extensión de la pandemia hacia esta parte del mundo, uno de los temas que estaba en la agenda de contactos en el período de transición refiere nada menos que a las políticas de salud, sobre todo en cuanto a evaluación de resultados de la reforma de la salud, el saldo del costo-beneficio en cuanto a su financiación y resultados.
En este contexto el actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, entre otros integrantes del nuevo equipo, recibieron a las principales gremiales del área, como es el caso del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), la Federación Médica del Interior (FEMI), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.
Salinas sostuvo que considera fundamental instrumentar políticas de descentralización y anunció que el gobierno es partidario de estimular la radicación de más médicos y especialistas en el Interior. Precisamente los datos indican que menos del 30% de los médicos están en el Interior, y del río Negro, hacia el norte, menos del 6%, según comentó la presidenta de FEMI Patricia Nava durante el encuentro con el secretario de Estado.
Salinas sostiene que en el Interior faltan algunas especialidades y aseguró que hay una distribución “inequitativa de los médicos especialistas en el Interior”. En ese sentido, dijo que comparte la decisión del expresidente Tabaré Vázquez de extender el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en cardiología del Hospital de Clínicas al Hospital de Tacuarembó porque “está en línea con la política de descentralización y nos congratulamos de que este tipo de tecnología llegue al norte del país”, aunque en filas del nuevo gobierno electo se formularan reparos porque se dispuso su creación sobre el fin del gobierno anterior, pero no se había dispuesto personal y otros recursos para un cercano funcionamiento.
El ministro consideró que con la descentralización “nos interesa llegar a una política de cercanía y desplegar a los recursos humanos de manera más eficiente y de la manera más humana”.
Puntualizó que Uruguay padece también en el área de la salud aún de un “macrocefalismo montevideano y nos interesa mucho llegar a todos los puntos del país y que todos tengan las mismas posibilidades como ciudadanos de atención”, a la vez de abogar por motivar “la radicación en el Interior de médicos y especialistas”. “Este es un tema importante, por eso estaba aquí también la escuela de graduados, porque lo que hay que generar es un sistema de incentivos y que esto se enganche con la educación y la radicación posterior pero no de forma compulsiva sino por un sistema de incentivos”.
Lamentablemente con o sin pandemia esta realidad está vigente, y lo que es peor se arrastra desde el origen de los tiempos en nuestro país. Sobre intenciones y proyectos, entre estos puntos no hay cosa que no se haya dicho antes, y por cierto que la experiencia revela que del dicho al hecho ha quedado mucha distancia en la gestión de los sucesivos gobiernos, más allá de la impronta que se le haya intentado dar.
Mientras tanto hay números igualmente positivos, como es el hecho de que Uruguay está en el séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según el Informe Anual de Estadísticas Sanitarias 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así presentadas las cifras, en forma global, se tiene la pauta de que la cobertura sanitaria del país en gran medida estaría a tono con las necesidades de la población, aún con restricciones en materia de acceso de acuerdo a la situación socioeconómica, aunque paralelamente los datos del organismo dan cuenta de que el Uruguay cuenta con una baja tasa de enfermeros en base a lo recomendado, que es de la misma cantidad de médicos por cada mil habitantes.
El informe refiere asimismo entre sus consideraciones que en la mayoría de los países, la concentración de profesionales en áreas urbanas y en los servicios de atención terciaria de salud resultan en una fragilidad en la atención primaria a la salud (como policlínicas en la Red de Atención Primaria o RAP) y puede estar relacionada con la mala distribución de la fuerza de trabajo y la migración de los recursos humanos en salud que afectan, sobre todo, a las regiones más pobres y remotas.
Si bien los números considerados globalmente para el Uruguay reflejan un escenario positivo en esta área en el comparativo mundial, la realidad indica que la distribución geográfica condiciona severamente el acceso a los servicios de salud y en este caso concreto, a la disponibilidad de médicos cercanos, así como a centros de salud en gran parte del territorio nacional, y en este sentido quienes residimos al norte del Santa Lucía, pero sobre todo al norte del río Negro, resultamos los eternos perjudicados en el acceso a este nivel de atención.
Por añadidura, esta asimetría es mucho más acentuada cuando se sale de las capitales departamentales, por lo que es preciso retomar el tratamiento de esta problemática para corregir definitivamente las iniquidades del sistema.