La Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) manifestó su rechazo al capítulo de vivienda que contiene la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el Parlamento, porque no contempla “que el país cuente verdaderamente con un fondo nacional de viviendas”, dijo el secretario general de la dirección nacional, Gustavo González.
La Ley 13.728 creó este mecanismo que se nutría por un impuesto de 1% para los trabajadores y 1% para los empleadores, no transferible. Con las sucesivas reformas tributarias pasó a Rentas Generales, y “hoy la vivienda está sujeta a partidas presupuestales. Consideramos que para establecer una política de Estado, sea el gobierno que sea, es indispensable discutir y aprobar un verdadero fondo nacional de vivienda”.
González llamó la atención que desde la aprobación de la mencionada ley, que creó el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua hace 52 años, en esta LUC “no aparece una mínima referencia en todo el articulado”. Cuestionó “por qué la omisión” de este sistema que involucra a “36.000 viviendas y más de 150.000 familias que viven bajo este modelo”.
Durante su comparecencia a la comisión especial del Senado, manifestó su preocupación por “el otorgamiento de la propiedad a los asentamientos irregulares, idea acuñada por el urbanista peruano Hernando de Soto que no funcionó en ningún país del mundo. Nos alegramos que ese artículo haya salido de la LUC”.
El dirigente recordó que “este modelo con aciertos y errores, ha ganado el primer premio mundial de Asentamientos Humanos en Naciones Unidas en 2012, frente a 1.200 propuestas del mundo y no aparecemos en la LUC”.
Recordó que en las conversaciones con las nuevas autoridades del ministerio, “nos dijeron que nuestros planteos serán atendidos. Pero ya tenemos un sorteo menos para este año lo que implica que mil familias, que ya habían hecho todos los papeles, no van a poder obtener el préstamo”.
DUDAS POR EL FIDEICOMISO
Con el escenario de retracción económica, el Ministerio de Vivienda maneja diversos escenarios para cumplir con la meta anunciada por la ministra Irene Moreira, de construir unas 50.000 soluciones habitacionales.
La cartera estudia la creación de un fideicomiso que reúna los fondos necesarios, sin embargo, González manifestó su reserva sobre esta figura jurídica. “Hay que saber cuales son las fuentes que van a componer ese fideicomiso y para nada suple el reclamo por un fondo nacional de vivienda. En general, puede haber inversiones privadas y de todo tipo en un fideicomiso. Acá se tiene que cumplir con la Ley Nacional de Viviendas y en la LUC no existe ningún artículo que hable sobre la financiación de viviendas”, dijo a EL TELEGRAFO.
Según el secretario general, “se habla mucho del número de viviendas, de atender a determinados sectores pero ¿con qué plata se va a hacer?”, cuestionó.
González recordó que “el presidente de la República dijo que tenía una promesa electoral con la Asociación de Promotores Privados y la cumplió. Fue quitarle los topes a la redimensionada Ley de Vivienda Promovida. Si la promoción privada ya estaba fuertemente alentada con la primera ley llamada de interés social, ahora lo único que tenía y la frenaba un poco era colocarle topes. Pero ya les quitaron esos topes”.
PRIVADOS EN LOS ASENTAMIENTOS
El presidente Luis Lacalle Pou cuenta con un plan para la construcción de viviendas, donde el Estado aportaría las tierras y las viviendas, que construirían los promotores privados, no tendrían costo para sus beneficiarios.
“Nos preocupa que el presidente le pida a los promotores privados que busquen soluciones para los asentamientos. Ésto rompe con cualquier tipo de imaginario que se pueda tener sobre la vivienda. Se supone que la promoción privada se crea para ganar dinero y ningún promotor trabaja para perder, empatar o hacer obras sociales. Si no, ya lo hubieran hecho desde su nacimiento”.
El dirigente aseguró que “el problema del asentamiento irregular no es solamente cuatro paredes y un techo. Hay que tener una política mucho más integral porque si se saca el asentamiento, con todos los problemas que tiene para un lado y lo instala con la misma gente y los mismos sectores sociales para otro, los problemas continuarán”.
CARTERA DE TIERRAS
González precisó que la necesidad de establecer una cartera de tierras, “es un reclamo histórico de nuestra federación y por lo tanto, tiene que ser del Estado. El problema es cómo se distribuye, pero todos los programas deben tener acceso a esa cartera”.
Reconoció que la ministra Moreira, “habló muy bien del Plan Juntos. Dijo que es un proyecto excepcional, pero en realidad, fue un buque insignia que encalló. Al principio planteaba que los empresarios dieran dinero para la construcción de viviendas y quedó solo José Mujica (creador del programa) poniendo plata, porque no encontró un empresario que lo hiciera”. El plan del expresidente “terminó ingresado en el presupuesto y es otro programa que va para la bolsa del presupuesto”.
