Tras un proceso prolongado enmarcado en los avatares políticos a que dio lugar la irrupción de la pandemia de COVID-19 tan pronto asumió el nuevo gobierno, cuestionada desde la oposición por “oportunidad” y prioridades –como si no fuera posible caminar y escuchar la radio al mismo tiempo– finalmente se dio la aprobación parlamentaria a la Ley de Urgente Consideración (LUC), a la que hace pocas horas se refirió el presidente Luis Lacalle Pou considerándola como “popular, justa y necesaria”.
Por supuesto, cada sector, cada partido, cada ciudadano, puede tener y dar a conocer su opinión sobre una normativa que surge del funcionamiento de la institucionalidad en el país y no de una dictadura. Un instrumento legal del tipo “ómnibus” que comprende una serie de temas y que dio lugar a una trabajosa negociación entre los partidos de la coalición de gobierno, a la vez de dejarse fuera del cuerpo normativo varios puntos cuestionados o que deberán dar lugar a una ley por separado. Entre las críticas provenientes desde la coalición de izquierdas, el mandatario desmenuzó lo que considera los principales aspectos de la LUC, que fue promulgada el viernes por el presidente y sus ministros para que sea ley.
El texto final consta de 259 páginas y 476 artículos y, según voceros del Frente Amplio, una de las “debilidades constitucionales” de esta ley es que incluye más de 30 ejes temáticos, por lo que puede interpretarse que son más de 30 leyes las que se votaron, lo que subrayaron que no está permitido por la Constitución.
Lacalle, al defender la LUC consideró que ésta resuelve un serio problema para aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía; agiliza y facilita el sistema de adopciones, dándole oportunidades a niños sin hogar y a quienes permanecen por años a la espera de una resolución burocrática. Asimismo, elimina la obligación de cobro del sueldo a través del sistema financiero dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga y permite que el trabajador ejerza libremente su derecho de acceder al lugar de trabajo y su derecho a trabajar, en caso de que exista una conflictividad laboral.
Además, explicó que se “jerarquizará” la figura del policía, al que ya no se podrá agraviar, amenazar o atacar, ya que ello será considerado como delito. Agregó que se “respaldará” a quienes protegen, dando herramientas jurídicas para que los funcionarios policiales no deban actuar en inferioridad de condiciones frente a la delincuencia y habrá penas más severas para los delitos de narcotráfico.
Otros aspectos mencionados refieren a normas de prevención y represión de la violencia para los espectáculos deportivos, pero también para los de carácter masivo, regulando el derecho de admisión y exclusión, implementando un registro de personas impedidas. En lo que tiene que ver con las empresas, el presidente destacó que la LUC beneficia a pequeños y micro emprendedores que inicien su actividad económica, con fuertes beneficios y exoneraciones en los aportes jubilatorios patronales y el IVA mínimo en los primeros 12 meses de actividad. Además, se definen controles para que las sociedades anónimas de los entes estatales y servicios descentralizados rindan debida cuenta de sus operaciones y resultados a los contribuyentes, con papel más protagónico de la Ursea y la Ursec, fortaleciendo su autonomía de gestión, otorgándole mayores potestades para la fijación de los criterios técnicos en materia tarifaria. A la vez, “se establecen normas sobre la incorporación de obligaciones de divulgación de estados contables anuales, debidamente auditados, para los entes estatales y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y sociedades comerciales vinculadas; se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas para contribuir a la obtención de los resultados y objetivos prioritarios en la gestión de Gobierno”.
En cuanto a la educación, Lacalle destacó que la LUC cambia la gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo el funcionamiento de los centros. “Jerarquiza la formación docente, dándole al Consejo de Formación en Educación el respaldo legal que no tenía hasta ahora. crea el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, que promoverá la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación, lo cual redundará en un aumento de la calidad”, señaló el mandatario.
Más allá de cuestionamientos sobre la pertinencia de incluir tantos temas en la primera ley de importancia del nuevo gobierno, que de salida vio trastrocada la posibilidad de instrumentar sus propuestas electorales por el condicionamiento de la pandemia, el punto central es que la normativa no hace otra cosa que reflejar gran parte de lo que la ciudadanía votó en la consulta popular de octubre y noviembre.
Igualmente, la naturaleza de algunos de los temas da cuenta de los cambios en el rumbo de políticas que se venían aplicando, que en algunos casos no es otra cosa que desandar camino y en gran medida disponer recursos y tiempo para rectificar cosas que se habían hecho cinco o diez años antes.
Lo hizo también el Frente Amplio cuando asumió el poder hace quince años, con un carácter refundacional, como si quien representa en cada contienda electoral a la opinión de la mitad del país –es más o menos la proporción en que cada partido se ha situado en los respectivos actos eleccionarios– resolviera hacer todo lo contrario o de la forma que sea dejar su impronta para diferenciarse del anterior en cuanto a las políticas a instrumentar.
Este escenario indica que en la oposición o en el poder, falta elevar las miras por el bien del país, reafirmar objetivos de interés general y los instrumentos para lograrlos. Esto es, buscar acuerdos en temas básicos y esenciales en los que es imprescindible desarrollar políticas de Estado porque hay escenarios que están por encima de lo que traiga en la maleta como propio cada cinco años el partido al que le toque gobernar.
Energía, educación, desarrollo tecnológico y estímulos para la inversión en fuentes de trabajo, salud, vivienda, por mencionar algunos, son temas que trascienden a un período de gobierno y requieren que se instrumenten políticas sostenidas en sus líneas esenciales, con los correctivos del caso cuando sea necesario.
Pero, siempre bajo la premisa de que es preciso brindar certezas mínimas a la población, a los operadores, respecto a que más allá de la rotación de partidos en el poder, hay un rumbo claro en el país y que no habrá armado y desarmado de estructuras cada vez que llegue un partido, con los uruguayos financiando de su bolsillo aquello en lo que a cada gobierno quiera dejar su marca.