Una reunión clave mantendrá hoy el Congreso de Intendentes en su sede de Montevideo, en el segundo piso del Palacio Municipal. A 24 horas de culminar el plazo para incorporar al Presupuesto Nacional la distribución de fondos para los gobiernos departamentales, las partes aparecen bastante alejadas.
Por un lado el Congreso de Intendentes plantea que se tome como base de acuerdo los aportes recibidos en 2019 ajustados por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Por otro lado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mantiene el 3.3% del Presupuesto Nacional, aduciendo que es histórico ese porcentaje y que en consecuencia los gobiernos departamentales no tendrán pérdida de recursos. Pero los intendentes sostienen que la caída de la economía nacional sí establecerá recortes en sus presupuestos.
Los intendentes continúan trabajando sobre la hoja de ruta elaborada por la comisión técnica que tiene a su cargo el asesoramiento previsto en el literal C del artículo 214 de la Constitución de la República y las negociaciones con la OPP.
En la sesión plenaria celebrada el pasado 23 de julio se nombró una comisión para entablar conversaciones con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, a los efectos de mejorar la propuesta de OPP.
El artículo 214 de la Constitución de la República, expresa que el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proyectará el Presupuesto Nacional que regirá para su período de gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
Este se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá, en lo que refiere a los gobiernos departamentales (literal C), el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a estos.
El Poder Ejecutivo, a través de la OPP se compromete a mantener el 3.3% del Presupuesto Nacional con destino a las Intendencias. Estas aseguran que eso implicará reducción de recursos, que impactará especialmente en la inversión.
La mayoría de las Intendencias dependen en entre un 40 y 50% de las partidas que recibe del gobierno nacional. Asimismo, tienen comprometido entre el 60 y 70% de su presupuesto en pago de salarios y cargas sociales, lo que reduce sensiblemente la capacidad de realizar obras de mantenimiento o inversiones en obras nuevas.
Si no hay acuerdo, el Poder Legislativo recibirá dos propuestas de distribución de recursos a las Intendencias. Una de la OPP y otra del Congreso de Intendentes. Cuando esto ha ocurrido, se ha votado la proveniente del Poder Ejecutivo.
