El Pit Cnt convocó ayer al primer paro de 24 horas durante la administración de Luis Lacalle Pou, con movilizaciones a nivel nacional, en protesta por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la Ley de Presupuesto que considera el Poder Legislativo.
Bajo la consigna “Por presupuesto popular, por un Uruguay en movimiento”, en la plataforma de reivindicaciones reclamaron por fuentes de empleo, recursos para la educación, renta básica, en defensa de la industria nacional, por vivienda digna, en defensa de las empresas públicas, por memoria verdad y justicia y contra la violencia basada en género. En Paysandú, los sindicatos se concentraron en la plaza Constitución, en forma conjunta con la Intersocial y las federaciones de vivienda popular. De acuerdo al dirigente de la central sindical, Manuel López, en “Paysandú al igual que en otras partes del país, el acatamiento fue alto en comparación a otras movilizaciones”.
EN LA EDUCACIÓN
En representación de la educación pública, el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Horacio Acuña, alertó que “se desmonta un sistema construido junto a los docentes, empezando por la participación. La LUC abate la participación de los trabajadores en los diferentes subsistemas, dejando un lugar testimonial. En la construcción del presupuesto, vemos un ataque directo a la educación pública”.
Según Acuña, “se abre un campo enorme para que quienes brindan servicios en la educación privada puedan ir metiendo sus negocios porque se quita a la educación pública una cantidad de políticas que se aplicaban”. Ejemplificó en “la reducción descomunal de 50.000 horas de trabajo directo con estudiantes de población vulnerable. En UTU, la desaparición de los cursos de primer año de Formación Profesional Básica (FPB) con posibilidades de su eliminación. O la reducción de horas de coordinación, donde los docentes nos reunimos a programar actividades que le dan sentido unitario a nuestras acciones. La finalidad es separar y construir islas para propiciar la creación de un nuevo estatuto docente, con una situación mucho más precaria. Con el estatuto actual, los docentes tenemos las garantías necesarias”.
LAS INDUSTRIAS
Las industrias conformaron una plataforma de reivindicaciones, donde destacaron la defensa de Ancap y ALUR. En este último caso, la planta “trabaja con la incertidumbre del nuevo decreto de la LUC del 26 agosto de 2020, donde establece la nueva formalidad de fijar los precios de los biocombustibles. Recomienda la ley bajar las mezclas a un 5%. Hoy estamos a un 9,8% y esa rebaja provocaría grandes perjuicios en las planta de Paysandú y Bella Unión porque bajará su producción a la mita”, dijo a EL TELEGRAFO, el dirigente del sindicato de ALUR, Christian Pintos.
Explicó que “tenemos un mercado de 90.000 metros cúbicos, de los cuales 60.000 hacemos en Paysandú y los restantes en Bella Unión, donde existe un compromiso de mantener las 6.000 hectáreas de plantación de caña”. Si el Poder Ejecutivo resolviera la rebaja, “Bella Unión haría 20.000 y en Paysandú nos quedarían 25.000, o unos 5 o 6 meses de trabajo. Para una planta nueva, con tecnología de avanzada sería lapidario”, aseguró.
La coordinadora de sindicatos de Ancap trabaja en el denominado “cuarto escenario”, luego de las tres propuestas del directorio del ente, donde según los trabajadores no está incluida la cementera local. “El cierre o la privatización sería lapidario para unos 85 trabajadores que realizan todo tipo de tareas operativas y de mantenimiento, pertenecientes a las extractivas del Sunca, algunos con más de 25 años de experiencia. Los funcionarios presupuestados somos 155 y en nuestro caso nos trasladarían a Minas o a Manga para ocupar los lugares de los trabajadores tercerizados de allá”, dijo el presidente de Fancap Paysandú, Horacio Depratti.
El secretario general de la departamental del Sunca, Danilo Ayala, dijo que “no se trata de salir con los tapones de punta porque el gobierno sea de derecha. Somos sumamente respetuosos de la democracia de este país y este movimiento sindical es coherente. Citábamos que cuando el gobierno de izquierda quiso imponer la esencialidad en la educación, salimos a la calle. Pero también durante 15 años mantuvimos los consejos de salarios y la negociación colectiva. Se trata de mantener esos derechos obtenidos”, enfatizó.
EL CITRUS
Los obreros citrícolas aguardan novedades sobre la continuación del seguro de paro especial, ante una cortamiento de las zafras y los eventos climáticos que perjudicaron algunas variedades de naranjas. El dirigente Hugo Sarmiento dijo que “el 12 de agosto fuimos recibidos por el ministros de Trabajo Pablo Mieres y hasta ahora no sabemos sobre el seguro que ampara a los cosecheros y al packing, que hacemos desde 2016”. Reflexionó que “para tener una idea, el año pasamos los trabajadores del citrus originamos un gasto para el Estado de 16 millones de pesos y ahora, los aumentos fijados para los directores de los entes será de unos 22 millones de pesos”.
La coordinadora del citrus denunció que “a fin de mes alrededor de 5.000 trabajadores de todo el litoral quedaremos sin cobertura dado que la gran mayoría no completa los 150 jornales necesarios para el seguro común”, con una mayoría de mujeres.
VIVIENDA
A nivel departamental, las cooperativas bajo el Plan de Vivienda Sindical y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) se reúnen para organizar otras movilizaciones y delinear aspectos en común. “El ministerio de Vivienda dio marcha atrás con los establecido en el artículo 445, con respecto a los subsidios para las cooperativas. Pero no nos quedamos conformes. También reclamamos una cartera de tierras a nivel departamental y que se resuelvan los préstamos para las cooperativas que aguardan, como el caso de las que tienen el terreno asignado en la antigua Paylana”, dijo Yubert Fernández, vocero del Plan de Vivienda Sindical.
Por otro lado, recordó que “el ministerio sacó un sorteo en el año y son unas 500 familias que se quedaron sin esa posibilidad. Implica un recorte del 15% que nos complica porque hay cooperativas que ya pagaron el boleto de reserva y al no salir sorteadas ni adjudicadas por asignación directa, lo perdieron. Esto ya pasó con cooperativas de Montevideo”.
