En un discurso realizado ante la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y otras autoridades, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, manifestó que “el problema más importante y el primero a solucionar es la pobreza, y para eso se requiere que la economía crezca”.
En su último discurso como presidente de la institución organizadora de la presente Expo Prado, reclamó tener “equilibrio en la política impositiva a la hora de buscar soluciones para no afectar la rentabilidad y la capacidad de inversión”.
Al igual que su alocución del Prado 2019, prácticamente no leyó en su discurso, y puso énfasis en aspectos como la distribución de la riqueza, de la pobreza y de la desigualdad de ingresos, así como se refirió a la necesidad de las empresas de generar rentabilidad para poder invertir para poder revertir estos problemas.
Capurro expresó que “este es un año muy especial, diferente y difícil para el país y para el mundo, el COVID-19 está provocando una emergencia sanitaria global y graves consecuencias sobre la salud de las personas y las economías en todos los países. Tenemos un legítimo orgullo de cómo el país ha enfrentado la pandemia. Tanto el gobierno como todos los uruguayos han actuado con eficacia y responsabilidad, lo cual nos ha permitido estar en una situación relativamente buena”, dijo, reconociendo al presidente Lacalle por el “liderazgo” en la pandemia junto al equipo de gobierno. Además, recordó el apoyo que dio para que 98 uruguayos permanecieran en la rural del Prado.
Señaló que “una pandemia tan aguda, imprevista y global, como la que estamos viviendo, genera recesión en la economía, desnuda y agrava la pobreza y la desigualdad, y provoca diversos efectos negativos en la sociedad, conduciendo a una peor distribución de la riqueza”. Planteó seguidamente que estos temas sensibles necesitan “muchas soluciones con un fuerte contenido ideológico que, lejos de conducir al desarrollo de los países y al bienestar de la gente, terminan conduciendo a una pobreza compartida”.
El titular de ARU indicó que “la desigualdad, pobreza, distribución de la riqueza, no son temas nuevos para la ARU, fueron parte de las causas que influyeron en la creación de la propia institución”.
“Es claro que en las circunstancias actuales de emergencia sanitaria, provocada por la pandemia, los recursos son siempre insuficientes para atender todas las situaciones y necesidades que se presentan, y adquieren mayor importancia las estrategias que se sigan para superar los problemas y dificultades. Es relevante a la hora de fijar políticas públicas la consideración de la desigualdad y la pobreza ya que ambas están relacionadas entre sí”, dijo.
Planteó que han visto que se resaltan aspectos de desigualdad, por lo que afirmó que habría que hacerse la pregunta de “¿qué es mas importante, el aumento de la desigualdad de ingresos o el aumento de la pobreza?”.
Para ARU “el problema más importante y el primero a solucionar es la pobreza. Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana y es justo que así sea”.
Añadió que las personas “somos todas distintas, tenemos objetivos de vida diferentes, actitudes y aptitudes diferentes y actuamos y trabajamos en consecuencia. Las diferencias existen y van a existir siempre entre las personas y por lo tanto en los ingresos que no pueden ni deben ser iguales”.
“Desde el punto de vista político, la desigualdad de ingresos es más fácil de atacar que la pobreza, mas rápida de lograr resultados y también es más popular”, dijo, para agregar que “el problema es que si no se actúa con equilibrio en las políticas impositivas que se implementan, se puede caer fácilmente en el populismo, desestimulando al que arriesga, al que invierte, al que más se esfuerza y genera riqueza y perpetuando la pobreza y su dependencia del estado cuando las prestaciones sociales se dan en dinero efectivo y sin contrapartida”.
CARGA IMPOSITIVA
Agregó que “nuestro país tiene una carga impositiva que llega al 35% del PBI, de las más altas de América Latina, sin considerar los impuestos encubiertos en las tarifas publicas”.
Y remarcó que “si excluimos el sector de telecomunicaciones, hace 5 años que la economía está estancada, la inversión ha caído, también el empleo; muchos sectores de la economía están en recesión y muchas empresas corren el riesgo de quebrar”, dijo Capurro.
“Si se aumentaran impuestos seguramente incidiría negativamente en todos estos indicadores, por lo que buscar atenuar la desigualdad y pobreza por este camino podría tener el efecto inverso. Apoyamos en ese sentido la política del gobierno de no crear ni aumentar impuestos y poner el énfasis en la austeridad y en la baja del gasto”, resaltando que es la primera vez que ve “un ajuste fiscal sin creación de nuevos impuestos ni aumentos de los existentes, haciendo el ajuste en el estado y no trasladándolo a los sectores privados de la economía, como ha sido tradicional en el pasado”.
Capurro prosiguió explicando que “cuando el ajuste se traslada al sector privado los que más sufren son los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría en nuestro país, que son los que generan más empleo y que tienen todo su capital en riesgo y obtienen muchas veces un ingreso menor que el de un trabajador de nivel medio”.
Más adelante volvió a mencionar la pobreza y planteó que si bien se llegó a una carga impositiva mayor al 35% del PBI, no se ha sido “muy eficientes en sacar a la gente de la pobreza en forma estructural, más bien lo hemos hecho en forma coyuntural, acompañando los ciclos económicos”.
“Cuando la economía creció, se mejoraron los indicadores de pobreza, pero cuando el crecimiento se enlenteció, la pobreza comenzó a incrementarse nuevamente. En 2017 la tasa de pobreza era 7,9%, en 2018 8,1%, en 2019 8,8%. Esto quiere decir que cada 1.000 personas 88 son pobres en nuestro país”. Planteó que “un requisito fundamental para la reducción de la pobreza en forma estructural es una economía que atraiga inversiones, genere empleo genuino y productivo y produzca un crecimiento que mejore los ingresos y contribuya al bienestar general de la población”.
LO QUE PODEMOS HACER
Para Capurro es muy importante “lo que podamos hacer las empresas en el sector rural para mejorar los indicadores de pobreza, desigualdad y lograr una más justa distribución de la riqueza. Consideramos que las empresas rurales son algo más que unidades de generación de ingresos y riqueza, debe existir un compromiso con el desarrollo de todos los que trabajan en las mismas y también una responsabilidad social con el desarrollo y cuidado del entorno y la conservación de los recursos naturales del país”.
“El sector rural tiene varios mecanismos casi naturales de distribución de sus ingresos entre diferentes actores sociales, proveedores de servicios, vendedores de insumos y trabajadores donde se distribuyen entre el 50% y el 80% de sus ingresos en promedio, hay ejercicios donde estos porcentajes llegan al 100%”. Y agregó: “los ingresos de las empresas rurales son muy variables y por ello es muy difícil incorporar a los salarios de los trabajadores en forma permanente el resultado de años buenos porque luego son imposibles de mantener en años malos”.
MANEJO DEL DÓLAR
Capurro criticó que “el manejo del dólar y las políticas impositivas a lo largo de la historia de nuestro país han tenido el efecto lisa y llanamente de transferir la riqueza generada por el sector rural a otros sectores de la economia en detrimento de la población rural, determinando una injusta distribución de la riqueza”.
Entiende que “esta transferencia de riqueza del sector rural a otros sectores ha limitado en gran medida el desarrollo del país y también las posibilidades de lograr una justa distribución de riqueza dentro del propio sector rural, ya que con escasa o nula rentabilidad es imposible distribuir ingresos”.
SOLIDARIDAD
Exhortó a los productores que estén en condiciones a continuar con las acciones solidarias que se están llevando a cabo en todo el país, “y a contratar trabajadores, ya sea para mantenimiento de los establecimientos, alambrados, desarrollo de los predios”.
“Sabemos que estamos en un año difícil para muchos productores por las consecuencias de la sequía reciente en gran parte del país y por la incertidumbre que genera la pandemia sobre los precios de nuestros productos. Al mismo tiempo somos conscientes de las dificultades de otros sectores por los efectos de la pandemia sobre el trabajo y la situación critica de muchas familias de compatriotas”.
