Otorgada la anuencia al Ejecutivo departamental por la Junta Departamental de Paysandú el pasado 31 de agosto según decreto 8093/2020, está en proceso un Recurso de Apelación iniciado por los ediles José Pedro Illia, Pablo Bentos, Carlos Balparda y Jorge Genoud del Partido Nacional; y el edil Edgardo Quequin del Partido Colorado. La misma será presentada ante la Cámara de Representantes.
Los ediles y sus sectores, así como la Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú, integrantes de Cabildo Abierto, la lista 72 del Partido Nacional y personas independientes, iniciaron una recolección de firmas para anteponer ese Recurso de Apelación ante la Cámara de Representantes, que procura la acción de nulidad a lo resuelto por el legislativo Departamental.
Los promotores de esta medida consideran que el fideicomiso aprobado por la Junta Departamental “es totalmente inapropiado” en la medida que “el mismo fue aprobado un mes antes de las elecciones departamentales, y que el plazo de pago se extiende por 20 años, comprometiendo futuros presupuestos departamentales”.
Por otra parte, sostienen que “los ingresos a las arcas departamentales estimadas en 60 millones de dólares anuales, unos 300 millones de dólares en el quinquenio, evidencian un déficit que, para cubrirlo a través de una deuda compromete las posibilidades departamentales a partir del 2026. Si se destinara un 10% del presupuesto departamental a inversiones, ésto implicaría unos 6 millones de dólares anuales y un total de 30 millones de dólares en el quinquenio”.
BASE LEGAL
La base legal de los patrocinantes de este recurso se sustenta en el artículo 303 de la Constitución, que establece que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”.
Como los ediles que votaron en contra no alcanzan al tercio del total, deben ahora conseguir al menos mil firmas para proseguir con su intención. El plazo vencerá el miércoles 23, quince días corridos desde la promulgación del decreto, que fue el 8 de setiembre. Empero, los patrocinantes piensan presentar las firmas el martes 22 en la Cámara de Diputados.
El edil José Pedro Illia indicó que “lamentamos profundamente que no se ha cumplido con la Constitución y las leyes por parte de las autoridades y de los ediles que votaron afirmativamente. Voté negativo y anuncié dos acciones, una de ellas este recurso que –estoy seguro– alcanzará sin dudas más de mil firmas. Y otro un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que debemos presentar los ediles que comprendemos el grave error que se está cometiendo, porque tenemos legitimación activa, como lo establece la Constitución”.
“Estamos defendiendo los intereses de Paysandú y nos oponemos a las mezquinas intenciones de quienes solamente piensan en contar con un presupuesto adicional, sin pensar que en realidad están endeudando al departamento por veinte años. Y eso lo hace –aquí está la gravedad–, sin considerar que es algo inconstitucional. Estoy muy satisfecho por el apoyo de la gente, que está firmando porque comprende la importancia de detener el saqueo que algunos pretenden”, subrayó.
