La Coordinadora de los Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), en conjunto con la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y las filiales departamentales de Ademu, Afempay y AFUTU, analizaron los alcances del presupuesto quinquenal para la educación, a cargo del consejero del Codicen Juan Pérez y el profesor Walter Fernández Val.
En el local del Sunca, ante una nutrida concurrencia, ambos integrantes propuestos por el Pit Cnt y elegidos por el orden docente, presentaron la información institucional.
“Este gobierno se ha transformado en un gobierno mediático de la educación, porque hacen anuncios sobre el final de los cursos por parte del Codicen a través de la televisión, pero sin la presencia de sus consejeros y los representantes de los desconcentrados. Se rompe con una lógica institucional de transmisión de las decisiones”, dijo Fernández Val a EL TELEGRAFO.
REDUCCIONES
Aclaró que la Ley de Urgente Consideración “elimina los consejos desconcentrados, como por ejemplo Primaria, que pasará a estar integrada por una directora y una subdirectora. El Codicen resolverá en acuerdo con estos cargos y el único desconcentrado que no eliminan es el de Formación en Educación”.
En tal sentido, aclaró que “debe visualizarse en este quinquenio, que después del crecimiento salarial de los últimos cinco años, tanto para funcionarios docentes como no docentes, vendrá un ciclo de decrecimiento y reducción salarial. Y quienes más lo van a sentir son los estudiantes, porque se cortan las horas de apoyo o tutorías, como por ejemplo, las del Programa Uruguay Estudia que financia el Inefop y resuelve ANEP. En este caso se eliminaron unas 10.000 horas”.
Aseveró que “se eliminarán concursos de Formación Profesional Básica (FPB) de UTU, que están insertos fundamentalmente en los jóvenes con dificultades. Deberán esperar hasta los 15 años para poder ingresar a los FPB y no a los 12 como sucede ahora. Esos niños que salen de la escuela, no tendrá un lugar adonde ir. En realidad, tendrán el Ciclo Básico de UTU, pero los FPB atendían esta diversidad”.
De acuerdo a Fernández Val, “en Educación Secundaria habrá una reducción aproximada de 49.000 o 50.000 horas docentes y las horas de coordinación se reducirán a la mitad. Esas son una 20.000 horas. Si las unidades docentes son como mínimo 20 horas semanales, entonces habrá unos 1.000 docentes menos, pero como esto se reducirá por goteo, afectará a todos los docentes por igual y reducirá su carga a la mitad de unidades docentes de Secundaria”. En tal sentido, indicó que “lo que va a ocurrir es que los docentes que se encuentran en el escalafón más alto, elegirán más horas y eso tendrá un efecto por arrastre. Cuando lleguen a los Interinos, estos tendrán pocas horas”. Enumeró que “habrá reducción de las figuras del profesor orientador bibliográfico, el orientador pedagógico y el orientador en Informática y Tecnología en los horarios nocturnos. Eso impactará en la calidad de la educación”.
AÑO LECTIVO 2021
Fernández Val, docente de Matemática, precisó que el año lectivo actual “comenzó desde un punto crítico y afectado por la pandemia. Con el cambio del gobierno de la educación, no será fácil”. Consultado sobre las inversiones previstas en el quinquenio, señaló que “el mayor volumen proviene de obras de arrastre e iniciadas en el quinquenio anterior. Y dentro de los proyectos establecidos para su concreción en esta administración, la obra número 4 por Participación Público Privada (PPP), que implicaba la construcción de 42 liceos y 15 UTUs no se hará”. El Codicen “dijo que hará énfasis en restauraciones y no tanto en la inauguración de obras”. Recordó “un aspecto en cuanto a los recortes en la educación es que a mediados de año, se aplicó un decreto que exigía a los organismos de la Administración Central, hacer un ahorro del 15% sobre gastos e inversiones. ANEP hizo esos ahorros este año, pero llama la atención la renuncia del Consejo de Educación Primaria a cobrar un porcentaje que le corresponde por el Impuesto de Primaria, que son 1.800 millones de pesos. En el recurso enviado, indica que ellos precisan 1.500 y van a renunciar a 305 millones”. Fernández Val detalló que “el 62% de ese impuesto va para alimentación y el resto se destina a artículos de limpieza, abonos para discapacitados o transporte. Junto al consejero Pérez nos preguntamos si eso no tiene que ver con el decreto 90/20 de Rentas Generales y que corresponde a esos ahorros solicitados”. El Poder Ejecutivo “dice que si lo pedimos el año que viene, nos lo dan. Pero no encontramos una explicación, porque ese impuesto es pagado por la población y para un fin específico”.
