El aumento exponencial de casos de COVID-19 en Uruguay, que preocupan a las autoridades al punto de comenzar con las primeras señales de una vuelta atrás en las medidas enmarcadas en la “nueva normalidad”, no es un fenómeno inusual y ya ha ocurrido ocurrieron en otros países.
Pero los cambios en las estrategias que necesariamente deben hacerse afectan a las economías de las empresas y generan mayor preocupación en la población, fundamentalmente aquellos sectores del mundo del trabajo que dependen de la socialización o el entretenimiento.
Alemania llevó a la práctica una economía semiabierta combinada con un confinamiento estricto y presenta la tasa de letalidad más baja entre sus vecinos europeos. Sin embargo, con el desconfinamiento a mitad del año, comenzaron a registrar incrementos de brotes que obligó nuevamente al cierre de centros educativos y de deportes. Las salidas familiares solo estaban permitidas para acceder a los servicios básicos en tanto los lugares donde se dispararon los brotes provocaron la inmediata reacción del gobierno de Angela Merkel, quien prometió sanciones y exigió mayores controles.
Corea del Sur llevó medidas estrictas de aislamiento, cierre de espacios públicos y distanciamiento social, con la detección de brotes en el transporte marítimo y en centros comerciales.
La ciudad de Leicester, en el Reino Unido, ha sido paradigmática. Allí se aguardaba a mediados del año la reapertura de cines, pubs, peluquerías y restaurantes, pero el gobierno dio marcha atrás ante un aumento de casos de coronavirus. Igualmente, cuando aflojaron las medidas fue notorio el desenfreno y el incumplimiento de las medidas sanitarias. Esa ciudad, de poco más de 600.000 habitantes, se llevó el 10% de los casos del total registrado en el Reino Unido en solo una semana.
En julio, Melbourne retomó un nuevo confinamiento de seis semanas por brotes registrados a raíz de incumplimientos de cuarentenas. El caso de Australia llamó la atención porque había logrado eliminar el coronavirus y avanzar en la apertura total de su economía, pero finalmente la segunda ciudad más poblada del país terminó en alerta máxima.
Paralelamente España comenzaba a levantar las medidas de cuarentena sanitaria, con la excepción de Cataluña, que retornó al confinamiento a unas 200.000 personas. El foco de contagio estaba en los trabajadores agrícolas temporales, encargados de la recolección de fruta en la ciudad de Lérida.
En Hong Kong ocurrió lo mismo y apareció el tan temido tercer brote, que obligó a limitar las reuniones grupales. Los restaurantes solo estaban habilitados desde las 18 horas y los gimnasios, entre otros lugares de encuentro similares, debieron cerrar sus puertas por una semana.
A mediados de agosto, los estudiantes se enteraron que en California no volverían a las aulas y el año lectivo comenzaría en forma virtual. Con el aumento de casos y de fallecidos, el gobernador del estado resolvió el cierre de cines, restaurantes, bares y zoológicos.
India volvió al confinamiento obligatorio a más o menos al mismo tiempo, después de aflojar las medidas sanitarias. Los transportes públicos quedaron suspendidos y solo se permitía la apertura de los comercios con servicios esenciales.
De este lado del planeta más de 3,5 millones de colombianos volvieron al aislamiento y las autoridades detectaron un aumento “alarmante” de los casos, donde solo Bogotá registraba un tercio del total de los casos.
Y finalmente, Argentina. Lleva el confinamiento más largo del mundo ante un incremento de los positivos y el aislamiento que comenzó el 20 de marzo, se extenderá hasta el 25 de octubre, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Aníbal Fernández.
Aún con siete meses de aislamiento, ya superan 27.000 muertos y es el quinto país con más contagios en todo el mundo. Solo Estados Unidos, Brasil, India y Rusia superan a nuestros vecinos del otro lado del charco pero con poblaciones mucho mayores. Sin embargo los datos podrían no ser del todo fidedignos, al punto que la Universidad de Oxford ya no confía en la información oficial e informó que Argentina dejará de formar parte de su mapa de datos. Esta incertidumbre se debe a que el país pero no siguió la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de imponer testeos y rastreos masivos. El argumento es el costo y el enfrentamiento de una grave crisis económica que ubican en una zona gris a uno de los países más grandes de América Latina.
Uno de los principales errores de apreciación respecto a la expansión del COVID-19 fue suponer que la peste se retraería durante el verano, considerándola en igual situación que otras enfermedades de estación. Incluso en Uruguay algunos referentes de la salud del gobierno creyeron que, si llegaba en el verano, el coronavirus retrocedería.
Pero ahora con el avance de la primavera y con temperaturas más agradables, ya se observa un incremento en áreas específicas de las fronteras, como el caso de Rivera. El trasiego continuo por la frontera seca con Brasil, país donde se registraron más de 5 millones de casos, y un afloje por parte de la población, ubican al departamento norteño en una zona naranja casi roja.
Aunque no se trata de un consuelo, es el resultado de una idiosincrasia acostumbrada a creer que no nos afectará, como al resto de la región. Y sin embargo, sucede.
La capacidad de Uruguay para mantener la enfermedad bajo control no es muy grande. Y ahora además, las autoridades deberán enfrentarse a la decisión de abrir las fronteras de cara al verano o las fiestas tradicionales.
