Los datos etarios y tendencia demográfica en América Latina indican que se está muy distante de ser una región homogénea, pese a que por regla general hay limitaciones económicas similares entre los países que integran el cono sur latinoamericano.
Es así que sabemos que Uruguay es un país con una población envejecida en una región que es aún joven, si tenemos en cuenta que el 15% de los uruguayos tienen 65 o más años, una proporción muy cercana al 18% del promedio en Europa, aunque alejada del 8% en América Latina.
Asimismo, las proyecciones de población de las Naciones Unidas indican que, hacia mediados de este siglo, los mayores de 65 años serán el 22% de la población uruguaya y, hacia finales de siglo, el 32%.
Por supuesto, estamos ante un elemento favorable, desde que el hecho de que estemos ante una población envejecida indica que los uruguayos estamos viviendo por regla general vidas más largas y saludables, pero con la contrapartida de que la pirámide etaria también supone desafíos para diseñar sistemas de protección social que tengan una cobertura amplia y sean fiscalmente sostenibles.
Respecto a este escenario, el último Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF (Corporación Andina de Fomento) se enfoca en los dos ámbitos de la protección social que adquieren mayor relevancia ante el envejecimiento: los sistemas de jubilaciones y los sistemas de salud y cuidados. Por definición, las jubilaciones y pensiones están dirigidas a los adultos mayores y por tanto el envejecimiento hace que su diseño sea relevante para una proporción creciente de la población. Esto tiene como contrapartida que las demandas de recursos económicos destinados a las jubilaciones aumentarán con el envejecimiento.
En el caso de la salud y los cuidados, las necesidades de atención crecen sustancialmente cuando se alcanza la vejez. Esto implica que el gasto en salud tiende también a incrementarse con el envejecimiento. Datos administrativos de Chile y Colombia muestran que el gasto en salud a los 80 años es entre 3 y 4 veces mayor que el gasto a los 30 años para las mujeres y entre 6 y 8 veces mayor para los varones. Para el promedio de la región, el gasto público en salud y pensiones asciende ya a 8,4% del PBI y el Reporte estima que el envejecimiento llevará dicho gasto a casi 12% del PBI en 50 años.
Pero a la vez hay desafíos adicionales que tienen que ver con la estructura de los mercados laborales y su consecuencia en el diseño de los sistemas de salud y pensiones, sobre todo en lo que hace a su financiación.
Un factor adverso es el relacionado con la alta informalidad en la región, a partir del hecho de que en esta situación se encuentra la base de contribuyentes que financia dichos sistemas. Si bien la informalidad se ha reducido en la región en las dos últimas décadas y Uruguay no es la excepción, actualmente 6 de cada 10 trabajadores latinoamericanos aún no realizan aportes a la seguridad social, proporción que es de 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país.
La base de aportes, de acuerdo al informe recogido por el suplemento Economía y Mercado del diario el País, es también afectada por el cambio tecnológico que impacta en los mercados laborales y suma desafíos adicionales para el financiamiento de la protección social.
La automatización creciente de la producción está afectando las trayectorias laborales de por sí delicadas de los trabajadores latinoamericanos, especialmente entre aquellos que desarrollan tareas con mayor contenido primario. Por otro lado, la irrupción del empleo de plataformas (en comercio electrónico, transporte de pasajeros, reparto de comidas, entre otros ámbitos) supone tanto amenazas como oportunidades para el financiamiento de la protección social.
Estas nuevas formas de organización del trabajo pueden deteriorar la recaudación, en la medida que ganan peso frente a las formas de trabajo asalariadas, en la que se apoyan tradicionalmente los aportes a la seguridad social.
Este contexto de envejecimiento y de cambios en los mercados laborales ha motivado la discusión de revisiones y reformas en los sistemas de pensiones y salud de la región, con movimientos en este sentido en países como Brasil, México y Perú, donde se están evaluando modificaciones a sus sistemas de pensiones.
Uruguay, como uno de los países con mayor índice de envejecimiento poblacional, ha dado en estos días un paso significativo con la instalación de la comisión de expertos que trabajará en una propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.
En nuestro país se plantea como reto el generar un reforma con una base amplia y participativa, ante la diversidad de elementos e intereses en juego, desde que desde hace ya varios años se conjugan factores que en algún momento harán crisis en el sistema desde el punto de vista estructural y no solo coyuntural.
La comisión tiene entre sus cometidos relacionarse con los ministerios competentes, el Banco de Previsión Social (BPS), los demás servicios estatales de previsión social, las tres personas públicas no estatales de seguridad social y cualquier otro organismo que estime pertinente, en forma directa, en tanto la información requerida por la comisión “tendrá adecuada prioridad, debiendo brindarse con la máxima diligencia toda aquella que se solicitare, salvo las limitaciones que imponga la normativa vigente”, de acuerdo al decreto reglamentario.
A su vez respecto a las decisiones de la comisión, éstas se adoptarán prioritariamente por consenso de los 15 miembros o por una mayoría de nueve votos conforme a lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, y de no lograrse, hacerlo por mayoría.
De lo que se trata, entre otros aspectos no menos importantes, es compatibilizar la teoría con la realidad socioeconómica y visiones a veces muy distantes entre sí de los técnicos y el sistema político, así como de las organizaciones de los sectores que tienen que ver con esta vasta problemática.
Si bien las decisiones de la comisión no son vinculantes, elevará recomendaciones al sistema político para que éste analice las propuestas y se busque una amplia base de acuerdo ante un gran desafío para el que difícilmente se puedan diseñar soluciones definitivas, sino más que nada esquemas que necesitarán ajustes con el paso del tiempo y los nuevos escenarios que lo precipiten.
La idea fuerza sin dudas a trabajar en soluciones para conciliar las diferencias y conflictos de interés, sobre todo ante la necesidad de más financiación y un esquema laboral y socioeconómico que cambia con la realidad mundial.
Fundamentalmente, ante el caso de un país que tiene la complejidad y condicionamientos propios de una pirámide etaria del primer mundo, pero con los escasos recursos que son común denominador en el mundo subdesarrollado.
