Sin dudas uno de los desafíos más difíciles para un gobierno es cumplir con el precepto principal de una buena administración, que es tratar de mejorar la calidad de vida de la población pero con sustentabilidad, a efectos de que un país o un departamento esté a cubierto de zozobras mediante un rumbo estable y con la previsibilidad posible hacia el futuro.
Lamentablemente, por regla general las urgencias electorales, los condicionamientos ideológicos y/o partidarios son factores que pesan a la hora de las decisiones que van a contramano de esta regla simple y de sentido común, con un componente de soberbia y de jugarse a que la mano buena va a durar para siempre.
El gobierno del Frente Amplio, tanto las administraciones de Tabaré Vázquez como la de José Mujica, a las que les tocó once años de una bonanza que pocas veces se había visto como consecuencia de excepcionales condiciones para la colocación en el exterior de nuestros commodities, además de bajas tasas de intereses internacionales y oferta de dinero abundante, sin embargo cometió el error imperdonable de seguir gastando por encima de lo que ingresaba y generó un déficit fiscal creciente, de más del 5 por ciento del PBI, cuando entregó el gobierno el 1º de marzo de este año. Un año de pandemia por la COVID-19, en el que el mundo y el Uruguay han resultado afectados desde el punto de vista sanitario pero sobre todo por una crisis económica que funciona como un dominó a nivel mundial, con un alto grado de incertidumbre sobre su evolución.
Y más que nunca se necesitaba para afrontar esta coyuntura un colchón de recursos con los que lamentablemente no se cuenta, porque cuando la economía mundial volvió a su cauce tras ese período de ensueño, en Uruguay nos hemos quedado con el exceso de gasto, con una fuerte deuda y una demanda de recursos para canalizar hacia los sectores más afectados por la pandemia, justo cuando cae la actividad, el empleo y la demanda mundial de bienes y servicios.
Además, más allá del escenario presente, el futuro inmediato presenta desafíos como el mantener y/o recomponer el empleo, lo que hubiera sido mucho menos difícil y menos traumático si se hubieran hecho las cosas bien cuando la bonanza, y el Uruguay contara con un margen de disponibilidad de recursos que no tiene, mientras que por el contrario se dejó un legado de gasto rígido en el Estado que hay que atender mes a mes.
Una pista del panorama que se enfrenta lo da el economista y director adjunto del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jorge Roldós, cuando reflexiona para el semanario La Mañana que “la cicatriz más grande que dejará la pandemia será sobre el empleo”, un aspecto siempre crítico sobre todo en un país en el que se requieren fuentes de trabajo genuinas y no empleos en la burocracia del Estado, que ha seguido creciendo todos estos años.
El economista también tuvo un pasaje por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y al respecto subrayó que “la principal lección de la OPP que me quedó fue lo difícil que es hacer política fiscal contracíclicas”, y acotó al respecto que “la bonanza contagiada por uno de los tantos programas de estabilización fallidos en Argentina requería una contracción del gasto público en Uruguay, pero con la recaudación en alza es muy difícil para los gobiernos resistir la tentación de gastar más”. Y claro: mucho menos en un país como este manejado por el sindicalismo, que siempre encuentra una buena razón para gastar hasta lo que no se tiene, en especial cuando son parte del gobierno.
Lo peor es que gran parte de este gasto no es a término, sino que genera una bola de nieve que debe tratar de pararse, siempre en forma traumática, cuando la economía empieza a sufrir los temblores de la crisis mundial, porque el gasto no se dirigió a hacer sustentable el esquema, sino en satisfacer demandas puntuales que son pan para hoy y hambre para mañana, para complacer a grupos afines y voluntarismos, en muchos casos para “prender una vela al socialismo”, como apuntara en su momento el expresidente José Mujica.
Los apuntes del economista en sus comentarios refieren a la región sudamericana en forma global, y son aplicables a nuestro país, que no ha escapado en todos estos años y en la actualidad al contexto que se da en el subcontinente, con las características apuntadas. Así, considera que la región venía saliendo de la fuerte caída en los precios de las materias primas en el período 2013- 2015, “y hora nos pegó el COVID-19. Los pronósticos no son muy auspiciosos, pero es allí donde vemos las oportunidades”.
Considera que “los gobiernos deberían haber aprendido un número de lecciones en las últimas décadas y vemos a algunos moviéndose en la dirección de adoptar políticas macroeconómicas razonables y medidas que facilitan el crecimiento inclusivo. El principal riesgo a la baja es que la pandemia se agrave o que un manejo inadecuado lleve a protestas sociales como las que vimos a fines del año pasado. De la misma manera existe un cierto riesgo al alza, con mejor evolución de la pandemia y de la economía global”.
Pero en tren de comparaciones las cosas no se dan bien tampoco en la región en esta pandemia. Así, mientras América Latina y el Caribe tienen el 8 por ciento de la población mundial, a fines de setiembre tenían el 28 por ciento de las infecciones y el 34 por ciento de los fallecimientos globales por COVID-19, en tanto desde el punto de vista de la economía las cosas no se presentan amigables con Uruguay, si tenemos en cuenta que la caída del comercio mundial y especialmente del turismo son especialmente críticos para una economía pequeña como la nuestra.
En cuanto al empleo, Roldós evalúa que “esa es la cicatriz más en contraste a todas las recesiones previas, donde el PBI siempre caía más que el empleo. En esta recesión vimos lo contrario; se estima que en el segundo trimestre de este año las economías más grandes de la región perdieron más de 30 millones de empleos”, además de “una fuerte reducción en horas trabajadas de los que perdieron sus empleos”.
El punto es que gran parte, si no la mayoría de los empleos que se van recuperando, se va logrando en el sector informal, y ello es negativo dentro de la mejoría, porque condiciona la recuperación de la economía y a la vez incide en forma muy limitada en el plano fiscal, con países que como el nuestro, ya tienen un fuerte déficit heredado y potenciado por la pandemia.
Es por lo tanto la hora de agudizar el ingenio, tratar de compatibilizar en la medida de lo posible la crisis sanitaria con la economía, como se ha venido haciendo, y procurar que con líneas de crédito benignas puedan mantenerse andando los motores de la economía, aunque averiados, para retomar en lo posible desde mediados del año que viene –esperamos que ya se cuente con la vacuna– el camino de la reactivación que detenga la caída de la calidad de vida y se pueda encaminar hacia el crecimiento con desarrollo y sustentabilidad.
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