De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) las pequeñas y medianas empresas de la región han acusado el fuerte impacto de la pandemia, o mejor dicho de las medidas restrictivas y caída de la actividad económica inherente a la situación, lo que agrava el escenario crónico de fragilidad y vulnerabilidad de estos emprendimientos.
Así, un informe del organismo da cuenta de que “la presión experimentada por la institucionalidad pública para enfrentar la pandemia” de COVID-19 reveló con claridad “las fragilidades del sistema de fomento” de las pequeñas y medianas empresas (PYME) pero al mismo tiempo estimuló la activación de “respuestas que de ser capitalizadas pueden resultar útiles para resolver viejas deudas” y “dar vida a nuevos programas o modalidades de operación más eficientes”.
Refiere la Cepal que hasta fines del año pasado se habían adoptado 29 medidas de apoyo de diferente alcance, –orientadas principalmente al financiamiento– en Colombia, 24 en Argentina, 19 en Brasil y Uruguay, 17 en Chile y Costa Rica, 16 en Ecuador y 10 en México, de acuerdo al informe del que da cuenta el semanario Búsqueda.
En lo que tiene que ver con nuestro país, el organismo recoge la participación en el tema de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), “que está jugando un rol fundamental como la agencia de las Mipyme, con enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales en el país”.
De acuerdo a lo expresado por la presidenta del ANDE, Carmen Sánchez, a los autores del informe, con relación a las acciones de aporte hacia la construcción de estrategias de reactivación económica, la financiación de esta institución presenta desafíos presupuestales notorios.
En este sentido explicó que la entidad logró cumplir con el decreto que ordenó disminuir el 15 por ciento del gasto dispuesto para toda la administración central y en ese marco destacó que “los programas se han mantenido pero se ha realizado una reasignación de fondos hacia los que se consideraron más relevantes”.
Y en cuanto a los recursos disponibles en el sistema financiero, evaluó que si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas, en tanto los créditos “fueron ajustados desde programas ya existentes y se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa, pero a la vez se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales”. En este contexto, en cuanto a los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte, la Cepal considera que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Productividad Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional para el período que finaliza este año como un marco de proyectos de carácter transversal, enfocado en áreas de interés para el desarrollo productivo.
Evaluó además que en el escenario actual de pandemia, la intervención de la ANDE y del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), que administra esta agenda, fue clave para abordar las problemáticas que se derivan de la crisis sanitaria y afectan la actividad económica y productiva especialmente de las Mipyme.
Si bien la ANDE ha concretado aportes no reembolsables e incorporado asimismo aportes de contrapartes, desde su inicio en 2017 se considera que las medidas han resultado insuficientes para la dinámica que se procura generar en nuestro país en el ámbito de las PYME, y si ello ha sido insuficiente en épocas normales, mucho más lo es cuando la pandemia ha sido devastadora para la actividad en general de estos emprendimientos y las empresas en general, por encima de cual sea su envergadura.
El punto es que si tenemos en cuenta el caso de Uruguay, nos encontramos con que las PYME son las proveedoras de no menos del 80 por ciento de los empleos, y su precariedad acentuada en tiempos de pandemia son un factor clave para que se haya resentido la capacidad de captar y por lo menos mantener la fuerza laboral en el sector privado. Ya con serios problemas de formalidad para su desenvolvimiento, lo que repercute por lo tanto en la cobertura social y aportes a la seguridad social, como así también la inserción en el sistema, no es difícil inferir que las medidas restrictivas por la pandemia implican un impacto adicional en el sector y en la economía general, más allá de la sensible repercusión en el plano social.
Es decir, que en el contexto general, este sector deberá ser objeto de atención especial para atenuar la tendencia a una desaparición en cadena de empresas y de empleos, y en el mejor de los casos, de acentuar la informalidad por imperio de las circunstancias.
Precisamente el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Martín Rama, reflexionó en estos días que en la región sus economías “tendrán que aprender a funcionar con el virus, lo que implica insertarse dentro de las posibilidades en una economía deprimida, con caída del consumo y un consecuente empobrecimiento general que tendrá un impacto mayor en las PYME, prácticamente sin espalda financiera y sin colchón para hacer frente a la época de escasez, de depresión en las ventas y serias dificultades para mantener las fuentes de trabajo.
Con este escenario habrá que desenvolverse en la coyuntura, sin perder de vista que los problemas estructurales influyen negativamente, pero deberán postergarse por ahora en su abordaje, desde que la prioridad es apuntalar la incipiente recuperación que se espera se dé en los próximos meses cuando se genere una cobertura a través de la vacunación que permita cierta normalidad.
Pero sin dudas debido a una caída de casi el 6 por ciento del PBI que se ha dado en 2020, su arrastre hacia este año y la magnitud de los perjuicios, insumirá considerable tiempo y dificultades salir.
Todo dentro de un equilibrio precario y que se hace muy difícil conseguir, por cuanto, como bien señala el jerarca del organismo internacional este equilibrio deberá buscarse por los gobernantes “entre seguir apoyando a la gente donde se necesita”, si se presentan nuevas olas de contagios, y al mismo tiempo encarar medidas que reduzcan los déficits y el “sobreendeudamiento”.
Muchas, demasiadas acciones conflictivas y contradictorias, en un desafío que no puede soslayarse y que debe encararse con sentido común pero peor aún, dentro de la carencia de recursos en Uruguay y la región.
