Aunque desde sectores de la oposición hay quienes siguen reclamando que desde el Estado se instale como la “gran solución” una renta básica universal para los sectores más afectados por la pandemia, como si el dinero brotara de entre las piedras y se haya gastado poco de los recursos públicos –los que aportamos todos los uruguayos por la vía de impuestos y otras carga– la realidad indica que a nivel global el advenimiento de la pandemia, además del costo en vidas humanas y económicos, con una recesión ya instalada cuya reversión aparece por ahora como un elemento más de incertidumbre, ha dado por tierra con planes y expectativas generadas en los más diversos países, porque el contagio sanitario también ha dado lugar a un contagio y distorsión de la economía en todo el planeta, en una u otra forma.
Y si a esta problemática no es ajeno ni invulnerable ningún país, por más poderoso que sea, mucho menos lo es Uruguay, que añade a su dependencia y reducida economía en cuanto a escala, el arrastre de un sostenido déficit fiscal, de más del 5 por ciento del PBI, fuerte desempleo y reducción de actividad, lo que acentúa estos parámetros.
Más allá del aspecto sanitario, que lamentablemente está arrojando un altísimo saldo en pérdidas de vidas, con el invierno y sus complicaciones por delante, –pero con una vacunación alentadora y que es de esperar se acelere nuevamente en los próximos días– el gran desafío sigue radicando en atender las consecuencias económico financieras de la pandemia. No solo por el requerimiento de recursos inherentes a subsidios para los sectores más afectados por el desempleo y la pérdida de actividad, sino también por la caída en la recaudación por efectos de una menor dinámica ante la cuarentena voluntaria, y una normalización gradual en la que ha resultado inevitable en el corto plazo la pérdida de empleos y reducción de horas de trabajo, así como disponibilidad de bienes por efectos de la depresión consecuente.
Ante este panorama hay necesidad de disponer de líneas de crédito en volumen significativo y costos accesibles para los sectores reales de la economía, para la inversión y estímulos, tanto en lo que refiere a líneas regulares de organismos internacionales como las de carácter especial que se deberán instrumentar a nivel global para la reactivación de la economía mundial, a lo que deberíamos “prendernos”, por supuesto, cuando se los tenga disponibles.
Pero cada país tiene sus características y sobre todo problemas propios, y si bien Uruguay, en los últimos quince años registró un sustancial incremento de la deuda, también actuó criteriosamente en lo que refiere a contar con disponibilidad de crédito internacional, con créditos al alcance para instrumentar cuando se decidiera dar el paso y la ocasión lo aconsejara.
Sin duda la pandemia ha gatillado y potenciado esta posibilidad, que ya era necesario incluso sin pandemia, habida cuenta del estancamiento de la economía y el desempleo reinantes en el Uruguay, que ronda el 10 por ciento pero con una significativa depresión de la actividad.
Los números recientemente publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, dan cuenta de un déficit fiscal equivalente al 5 por ciento del PBI en los 12 meses cerrados a marzo de 2021, aunque la media adecuada es del 5,7 por ciento descontando el efecto de los fondos vertidos por mandato legal desde el sistema jubilatorio privado al fideicomiso de la Seguridad Social al BPS, conocido como fondo de los cincuentones.
De acuerdo al informe de la consultora KPMG, medido en dólares corrientes, el déficit del gobierno central-BPS es de unos 3.100 millones de dólares, y el país sigue atravesando el período de mayor déficit de los últimos treinta años, iniciado en el gobierno anterior. Si bien al cierre de 2021 se presume que este déficit será inferior al de 2020, el recrudecimiento de la crisis sanitaria hace pensar que estará por encima de la proyección de 4,3 por ciento trazada por el Poder Ejecutivo.
El gobierno de Luis Lacalle Pou delineó el año anterior un nuevo plan financiero ante la realidad, y este paquete comprende fundamentalmente usufructuar los créditos de diversos organismos, cambio de moneda en préstamos y emisiones.
La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en este sentido que las necesidades totales de fondeo para 2020 se proyectaban en unos US$ 4.649 millones.
La citada Unidad detalló que los gastos se verían incrementados por los efectos económicos del coronavirus, y en su reporte trimestral, al señalar las necesidades totales de fondeo de US$ 4.649 millones, precisa que de ese total, “el 68% corresponde a servicio de deuda (pago de amortizaciones e intereses)”, y puntualiza que de la deuda a amortizar en 2020 “casi 80% está denominada en moneda local y en manos de residentes, lo cual mitiga la exposición de corto plazo a una depreciación del tipo de cambio (suba del dólar) y la volatilidad de los mercados financieros globales”.
El informe de la consultora de que da cuenta El País, resume que el fondeo logrado por Uruguay en 2020 cubrió el déficit previsto, pero a costa del aumento de deuda, que es del orden del 70 por ciento del PBI, poniendo en riesgo en su momento el grado inversor, aunque los mercados financieros siguen renovando su confianza en cuanto al nivel del riesgo más allá del aspecto coyuntural por el COVID-19.
Alerta el informe que el déficit de la seguridad social afecta la baja estructural más allá del aspecto transitorio del COVID-19, y se estima el déficit del BPS actual en los 5.300 millones de dólares.
Es una buena señal que el sistema político tenga consenso en la importancia de abordar esta problemática, incluso a través de una comisión interdisciplinaria de expertos designada por el presidente Luis Lacalle Pou.
De todas formas, el diagnóstico y recomendaciones que surjan de este trabajo no se aplicarán en lo inmediato y a lo sumo se podrá trabajar hacia el mediano plazo. Pero estos elementos no juegan en la encerrona actual de pandemia-caída de actividad, que requiere respuestas inmediatas para poder empezar a transitar el camino del crecimiento lo antes posible.
Lamentablemente, ello solo podrá ser objeto de atención prioritaria tras la coyuntura sanitaria, porque es preciso utilizar con el mejor criterio posible en la pospandemia los fondos para insuflar recursos en sectores clave de la economía, a efectos de la producción de bienes y servicios, además de atender políticas sociales mientras se dé la transición hacia la recuperación económica y su consecuente derrame gradual sobre el tramado socioeconómico, alentando la asociación de capital-trabajo como motor disparador de la generación de riqueza.
