En escenarios coyunturales particularmente adversos como el que se vive en nuestro país y a nivel mundial debido a la pandemia, más que nunca las urgencias determinan que se vaya postergando lo importante, y el caso de las reformas de la seguridad social es precisamente un tema de gran importancia pero de tratamiento de mediano y largo plazo, por lo que no ocupan la agenda del ciudadano común en épocas normales y menos aún en estos tiempos.
Pero más allá de las prioridades del momento, es oportuno que en esta administración gubernamental se haya integrado un grupo de trabajo que está elaborando propuestas y procura llegar a un consenso –muy difícil, por cierto– entre todos los partidos y actores, debido a que no se trata solo de números, sino de que estos a la vez atiendan y respondan a escenarios socioeconómicos del futuro, en base a tendencias y expectativas.
Una mirada técnica sobre esta problemática la da precisamente Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), cuando en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, analiza que “lo importante es acordar, siempre, en los pilares fundamentales de la reforma. Los cambios profundos como los de un sistema previsional necesitan esa base para tener éxito. Eso vale para Uruguay y cualquier otro país, de los muchos que están enfrentados hoy. Y es fundamental explicarle a la población por qué se necesitan reformas, qué es lo que proporciona el sistema y cómo está organizado”.
Naturalmente, los desafíos son comunes para todas las naciones, pero las estructuras, las economías y las fuentes de ingreso de divisas no son las mismas, así como tampoco la cercanía de los desafíos, porque no es lo mismo la urgencia para países como Uruguay, que presentan los dos puntos más indeseables de la ecuación, que son el creciente envejecimiento poblacional y la debilidad de su economía, y la de otras naciones subdesarrolladas, que tienen otra pirámide etaria, pese a economías inestables y muchas carencias.
En cambio, los países desarrollados, si bien padecen el envejecimiento poblacional como un componente negativo en la ecuación, tienen a su favor economías solventes y por lo tanto el reto al que se enfrentan no es tan adverso como el de Uruguay, por lo menos en el mediano plazo. Y por último están los países con grandes riquezas como el petróleo, por ejemplo Noruega, capaces de “bancar” el bienestar los retirados sin mayores preocupaciones; pero esos son los menos.
Al respecto el economista Antolín considera que en los estudios de OCDE sobre sistemas de pensiones tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, “hacemos hincapié en un punto esencial. Cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, lo menos por un ingreso mínimo, aunque no decimos cuanto. Eso es una cuestión que tiene que decidir cada país en base a definiciones y recursos con los que cuenten. Y ese pilar cero tiene que financiarse con los presupuestos generales del país”.
Igualmente, cuando la coyuntura es complicada resulta muy difícil abstraerse de los condicionamientos del corto plazo, quiérase a no, pese a que se trata de temas eminentemente de largo plazo. En torno a estos elemento el economista considera que “por eso esta coyuntura es aún más desafiante, pero en las experiencias que hemos tenido de discutir y evaluar las reformas que se han implantado en diversos países del mundo, hemos aprendido que todo pasa por la voluntad política de discutir hacia donde queremos ir y llegar a un acuerdo de cómo queremos llegar. Ello no quiere decir que esos cambios deban implementarse inmediatamente, ya que muchas veces, debido a la coyuntura compleja, no es posible poner en marcha las reformas que se acuerden”.
De todas formas, “lo importante es el acuerdo, una hoja de ruta y un destino donde todos estén de acuerdo, aunque los cambios se implementen más tarde. Hay países que han hecho eso y el proceso ha llevado muchos años. Se puede y se debe tomar distancia de los problemas coyunturales. En la mesa de análisis en que participé en Uruguay observé que tienen un consenso político de que deben hacerse cambios al sistema”.
Sin embargo, más allá de esta consideración de que los análisis técnicos efectuados indican que hay coincidencia en que debe instrumentarse una reforma de la seguridad social, entre las visiones técnicas y político-ideológicas hay miradas contradictorias sobre el camino que se debe seguir, y ello indica precisamente que habrá serias dificultades paras conciliar las diferencias y los intereses en juego, porque no hay posturas neutras cuando se llega a un momento en que cada persona o sector analiza como puedan afectar los cambios.
Hay también quienes actúan con una mirada para la tribuna, con posturas abiertamente voluntaristas, postergando nada menos que asumir las responsabilidades de cada uno con la financiación del sistema y consideran que el Estado debe hacerse prácticamente cargo de todo, como si el dinero brotara de entre las piedras.
Un aspecto sustancial para hacer que un sistema previsional responda a las necesidades de cobertura, más allá de los mecanismos que se establezcan en el esquema y para los que habrá que hilar fino con vistas a los acuerdos, pasará indudablemente por abatir la evasión en los aportes a la seguridad social por buena parte de la población de trabajadores que está por fuera del sistema.
Esto es, incorporar al sistema a quienes trabajan y realizan actividades en negro, que es un aspecto no solo fundamental para la salud financiera del sistema, sino sobre todo para tener una cobertura digna en el cese de la vida activa, tanto para su beneficio como para mejorar en lo posible las prestaciones de los afiliados en general.
La regularización de aportes en el mayor porcentaje posible es una condición sine qua non para la salud del sistema, más allá de las bondades o defectos de los cambios que se le introduzcan, porque no solo permitirá robustecerlo, sino que asimismo será beneficioso para la economía en general y también para el propio Estado, que deberá inevitablemente volcar recursos para sostener parcialmente el sistema, como ha sido la constante en nuestro país, para atender los grupos más vulnerables en el esquema.
Es decir, cumplir cada uno con las responsabilidades, para que cada ciudadano, por las vías de un pilar de reparto o de capitalización en el sistema, pueda estar protegido para tener la mejor calidad de vida posible, en la última etapa de su existencia.