La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció en el año 2011 que los abusos a las personas mayores es un problema social y declaró el 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez”. La situación derivada de la pandemia sanitaria acentúa la posibilidad de mayores maltratos y abusos intrafamiliares, ante la recomendación de no salir de sus domicilios. En forma paralela al aislamiento, la contingencia sanitaria invisibiliza estas situaciones de violencia.
El maltrato hacia las personas mayores se define como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”. La violencia es ejercida de diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. Es, además, el resultado de la negligencia, sea intencional o no.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), informó que el principal tipo de abuso o maltrato detectado es el psicológico (en el 65% de los casos), seguido por abuso patrimonial en el 44%, el maltrato físico se presenta en un 25% y la negligencia en un 20% de los casos. A nivel regional el maltrato a la vejez aborda esta problemática en el marco de la Comisión Permanente sobre Derechos de las Personas del Mercosur y desarrolla la campaña “Personas Mayores: Derecho al Cuidado”. Entre los años 2020 y 2030 lleva adelante actividades por la Década del Envejecimiento Saludable, con la promoción del bienestar, igualdad de género y transformación de las ciudades para que sean inclusivas y seguras.
En uruguay
“Las cifras que se dan a conocer a nivel mundial, es que seis de cada diez adultos mayores recibe maltratos. Es realmente alarmante y en Uruguay, esa violencia –además de los hogares– se genera muchas veces en algunos establecimientos de larga estadía”, dijo el director de los pasivos en el BPS, Sixto Amaro. Recordó que “nosotros ya hemos denunciado en Salto, Florida y Montevideo, entre otros departamentos, a los responsables de esos lugares que terminaron condenados judicialmente. Los datos que tenemos es que de cada cuatro personas mayores que están en esos establecimientos, los familiares van a ver solamente a uno. Eso no solo lleva a la soledad, sino al maltrato en el peor de los sentidos, que es la falta de afecto familiar”. Según Amaro, “en Uruguay hemos dado pasos importantes incluso en la accesibilidad a los edificios o en la vía pública. Hoy luchamos incluso por el acceso al transporte público para que se encuentre en mejores condiciones, que es un derecho, así como la vivienda”.
Explicó que hay unos 6.000 jubilados de menores ingresos que esperan por una vivienda en el BPS, pero a “esa batalla la llevan adelante las organizaciones sociales como la Onajpu y las asociaciones de jubilados de cada departamento que tienen una gran historia. Pero aún queda un largo camino a recorrer para que se respeten los derechos de las personas mayores”. Amaro consignó que “la violencia patrimonial también se ejerce contra los adultos mayores que firman préstamos bajo presiones. También conocemos casos de personas alojadas en establecimientos de larga estadía, donde no solamente aportan su pasividad sino que muchas veces han firmado préstamos en beneficio de esos actores. Hay que estar muy alertas y en la defensa de esos derechos que son vulnerados. Toda la sociedad, a quien apelamos, debe contribuir a ayudar a que los adultos mayores no sean vulnerados en sus derechos”.
