Federico Álvarez Petraglia, exsecretario general de la Intendencia comentó la resolución 1295 del presente año, referida a la resolución 3197 del año pasado de la Intendencia y su relación con la Fundación A Ganar: “Si algo de claridad arroja el Tribunal de Cuentas, es sobre lo oscura que fue y que sigue siendo esta licitación por la cual la Intendencia de Paysandú y su responsable máximo buscaron evadir en forma fraudulenta el pago de impuestos al Estado. Para llegar a ese objetivo nada los detuvo, sino que terminaron actuando en violación a la ley de contratación del Estado, eludiendo dolosamente la intervención del Tribunal de Cuentas (constitucionalmente reglada) y vulnerando la estabilidad laboral de 130 funcionarios municipales”.
“Tal vez la única enseñanza que podamos extraer de estos hechos lamentables, es que se debe dar un mensaje claro y contundente desde la política y desde las instituciones competentes: no todo vale, existen normas que regulan a todos los ciudadanos de la República y el primero que está obligado a cumplirlas y hacerlas cumplir en el departamento, es el intendente departamental. Gobernar también es dar el ejemplo”.
PARA MAYORÍA DEL TC EL FORMATO FUE INADECUADO
“Para la mayoría del Tribunal, el formato elegido en la contratación fue inadecuado, violatorio de la Constitución y de la Ley, y por las cifras que involucra debió haberse tramitado como Licitación Pública, dadas las garantías que ese sistema implica, garantías que aquí deliberadamente no se dieron. Obviamente el tribunal no dice cuál es la razón para esas omisiones, pero todos en Paysandú sabemos que el apuro que existía por parte del intendente, para dejar sin empleo a 130 funcionarios municipales que prestaban tareas en los CAIF, pasaba porque fueran absorbidos por la institución, con la cual ya tenía arreglado que asumiría el gerenciamiento licitado y así eludir el pago de aportes previsionales. Así, la Intendencia violó todas las reglas de contratación administrativa, para obtener mediante esa contratación absolutamente irregular, el único fin que la motivaba en esta ocasión: evadir el pago de los aportes patronales al BPS por los 130 funcionarios, es decir los catorce millones de pesos al año que se debían volcar al sistema previsional nacional para contribuir, entre otras cosas, con los seguros de paro tan necesarios, sobre todo en plena pandemia”.
NO VULNERA CONVENIO FIRMADO CON INAU
“El Tribunal por mayoría sostiene que la contratación de la fundación no vulneraría el convenio firmado entre Intendencia e INAU, sin embargo, esta parte de la decisión del tribunal, es fuertemente controvertida por varios de sus integrantes, quienes señalan con claridad meridiana que se terminó dictando resolución sobre ese punto, contando solamente con la información que envió la Intendencia, no habiéndose esperado a que el INAU contestara el oficio enviado, y en ese marco, al menos a tres integrantes del tribunal les consta que existe un informe del director de Jurídica del INAU que no figura en el expediente, y que es contrario a la postura que sostiene en este caso la mayoría. Vale decir, se adopta resolución contando solamente con los informes jurídicos que son favorables a la postura de la Intendencia”.
CONTADOR FUE CONTROLANTE Y CONTROLADO
“Queda acreditado para el Tribunal de Cuentas que el contador Diego Thomasset, que era el contador delegado de ese organismo, fue designado Director General de Administración el 26 de noviembre de 2020 y recién cesado en su calidad antes descripta el 28 de diciembre de 2020. Por tanto, durante ese mes coincidió en la misma persona ser controlante y controlado. Esa irregularidad tiene la particularidad que el mismo día que se comunica su cese, el 28 de diciembre, ese contador intervino en la modificación de las condiciones particulares del pliego que nos ocupa”.
“En la resolución también se señala algo que venimos diciendo hace tiempo: A Ganar le termina vendiendo un servicio a la Intendencia, servicio gravado con IVA, el que, por supuesto, no fue contemplado ni es debitado por los involucrados”.
NO SE PERSIGUIÓ UNA COMPETENCIA ABIERTA
“Tal como venimos denunciando hace meses, no se persiguió con este llamado una competencia abierta para todos aquellos que pudieran brindar el servicio requerido, sino que el objetivo era buscar a esta fundación amiga, la cual además contaría con Resolución de BPS exonerándola del pago de aportes patronales. Una vez más pregunto: ¿qué quería hacer el intendente con esta contratación? No pagar los aportes patronales; ¿qué logró el Intendente con esta contratación? Evadir el pago de los aportes patronales que deberían haberse abonado por parte de la Intendencia como por cualquier hijo de vecino”.
“De acuerdo a la resolución, llama la atención que el objeto de A Ganar sea promover el desarrollo económico, social, cultural del ser humano, con particular atención en los jóvenes en riesgo social, o jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, pero el personal que se contrató en la primera semana de actividad (funcionarios de los CAIF), no estaba en esa situación, más bien al contrario, eran personas que tenían un vínculo laboral estable con la Intendencia desde hacía años”.
“Una vez más queda en evidencia que la Fundación A Ganar es una excusa, acordada con el Intendente, para eludir el pago de los aportes patronales, y ahora, además, el IVA, ya que ni siquiera la población que fue abarcada en lo inmediato por este contrato cuajaba en la población ‘objetivo’ de la fundación. Por tanto, si la fundación está operando por fuera de su objeto de existencia, no podría tampoco, en relación a los trabajadores de los CAIF, estar exonerada de los aportes correspondientes”, cerró Álvarez Petraglia.