De acuerdo con la información publicada en los últimos días en el semanario Búsqueda y en el diario El Observador “la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados discute desde hace más de un año el proyecto de ley de medios del Poder Ejecutivo que deroga la normativa vigente y establece nuevos lineamientos en este tema. Se trata de un texto que el gobierno ha intentado apurar en varias oportunidades pero, hasta ahora, su discusión continúa en la interna del oficialismo. Cabildo Abierto ha planteado en distintos momentos diferencias con el texto y presentó varias modificaciones que, en su mayoría, no fueron bien recibidas por sus socios del oficialismo. Ahora el partido liderado por Guido Manini Ríos planteó, entre otras cosas, que la Corte Electoral controle la “imparcialidad” de la “información política en los medios de comunicación”. De acuerdo con el senador Guido Manini, “es fundamental tener medios de comunicación objetivos que no distorsionen la información de la realidad uruguaya”.
Entre otros aspectos, la iniciativa de los legisladores cabildantes incluye disposiciones referidas a publicidad electoral en medios de comunicación, así como el derecho de los ciudadanos “a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y que los servicios de radiodifusión regulados por ley deben “conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado” y vinculado a su representación en el Parlamento. De acuerdo con la nota antes mencionada, esto “abarca a todos los programas y espacios en los que se “emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”. En materia de información política, Cabildo Abierto planteó que la imparcialidad y el equilibrio de la misma le competerá a la Corte Electoral y que ese organismo “se tendrá que encargar de reglamentar estas disposiciones”, conocer “todo lo relacionado con la información y la comunicación política” de los servicios regulados por la ley y “resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa”.
Los agregados propuestos por los legisladores de Cabildo Abierto suponen un claro retroceso en materia de libertades para la libertad de expresión y constituyen un verdadero “cheque en blanco” que podrá ser completado por los gobiernos de turno sin mayores controles y comprometiendo en todos los casos el libre derecho a la información de los ciudadanos y la diversidad de opiniones que surgen de la sociedad, un ámbito compuesto de opiniones no sólo diferentes sino también contrarias, cuyo respetuoso intercambio y reflejo asegura la calidad democrática de un país. En este sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. En el mismo sentido, esa declaración expresa que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Como si fuera poco, el texto impulsado por Cabildo Abierto crea también una “Junta de Garantías en la Comunicación Política”, como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. La propuesta inicial es que tenga nueve miembros designados cada uno por un ministro de la Corte y que sea presidida por quien sea elegido por el presidente del organismo. (…) Esta Junta tendrá como cometido la “observación de los programas y espacios”, de “forma directa o mediante la contratación de servicios profesionales especializados”. Sin dudas este nuevo órgano despierta el recuerdo del tristemente célebre “Ministerio del Pensamiento” que el escritor británico George Orwell describiera en su novela “1984”, y a través del cual “Gran Hermano” controlaba las actividades y opiniones de todos los ciudadanos.
La creación en España de un “Ministerio de la Verdad” para combatir las llamadas “fake news” (noticias falsas) demostró que en estos casos el remedio puede ser mucho peor que la supuesta enfermedad que se pretende combatir. Sobre este polémico ministerio el presidente de la sección española Reporteros sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada expresó que “podría usarse de ‘tapadillo’ para controlar las noticias que no sean del agrado del Gobierno. En efecto, bastará etiquetar un contenido como ‘desinformativo’ para en rigor de verdad, coartar la libertad de expresión”. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño sostuvo que “A todos los Gobiernos les gustaría coartar en mayor o menor medida la imprescindible misión de los periodistas de informar verazmente. Les gustaría imponer ‘su verdad’, sin intermediarios. También a los distintos partidos políticos, si bien es aún más flagrante si la presión es ejercida por miembros del Gobierno” (…) “No es cuestión de una ideología u otra, todos los gobiernos tienen una tendencia a mentir, es su naturaleza. Por eso están sometidos a contrapoderes y el de la prensa es uno de ellos”.
Lamentablemente, en muchos casos las presión de los poderes públicos sobre los medios de prensa adquieren formas menos visibles pero no por ello menos efectivas, como bien lo señala la OEA en el documento antes mencionado: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Algunas de estas prácticas, como la asignación de la publicidad oficial, son prácticas comunes incluso en nuestro país desde siempre, donde el Estado asigna frecuencias de radio y televisión o premia a los medios afines en desmedro de los que no les resultan simpáticos, como se ha denunciado distintas oportunidades.
Es por demás esperable que las modificaciones impulsadas por Cabildo Abierto no sean incluidas en el texto de la norma que finalmente se apruebe a nivel parlamentario. La inclusión de las mismas constituiría un claro retroceso para la libertad de expresión en general y para la actividad de los medios de prensa en particular, cuya importancia ya nadie puede discutir ya que como lo ha señalado el periodista y filósofo francés Jean Francois Revel, “hay prensa sin democracia, pero no hay democracia sin prensa libre”.
