Pese a que históricamente desde la izquierda se ha tratado –y hay quienes lo han creído– de despegar las políticas macroeconómicas de la realidad social, apostando a políticas voluntaristas de distribuir dinero que no hay, para “solucionar” todos los males, la dura realidad indica que en economía todo tiene que ver con todo, y no hay mejora de calidad de vida que se pueda lograr si no se guarda un equilibrio entre ingresos y egresos para ponerse a cubierto de avatares, como ocurre en cualquier hogar.
Sobre todo tenemos el caso de América Latina, azotada durante décadas por el advenimiento de regímenes populistas con la mirada puesta en la revolución cubana y otros supuestos “paraísos” del socialismo real, donde sucesivos gobiernos han fracasado y empeorado la situación social por distribuir sin tener, y por lo tanto acumulando deudas y déficit fiscales y estructurales que han sido problemas mayúsculos, mucho peores que lo que se pretendía arreglar, desconociendo elementales leyes de la economía y con riqueza existente solo en los papeles.
Estas reflexiones encajan perfectamente en el escenario que plantea el Reporte de Economía y Desarrollo 2020 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que da cuenta la agencia EFE, en el sentido de que el envejecimiento “generalizado, acelerado”, de la población latinoamericana tendrá una importante incidencia fiscal en la región.
Los datos indican que actualmente algo más del 8 por ciento de la población latinoamericana tiene 65 años o más, lo que implica un porcentaje muy por debajo del 18 por ciento de Europa. Sin embargo, se estima que esa proporción se habrá duplicado en 2050 hasta alcanzar el 17,5 por ciento y a finales del siglo superará el 30 por ciento.
El economista senior de CAF, Fernando Alvarez, evaluó que “actualmente los sistemas de pensiones muestran unos déficits cuyos promedios se encuentran en alrededor del 2 por ciento del PBI en los países de la región, y que se agravarán como resultado del proceso de envejecimiento”.
Por lo tanto uno de los grandes retos radica en que los pensionistas reciban “un ingreso mínimo suficiente” y sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de los sistemas, en tanto que sobre el mismo tema el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti, consideró que las reformas de las pensiones y sanitarias generan costos a corto plazo, pero “un gran beneficio a largo plazo y requieren amplios consensos políticos sostenidos en el tiempo para llevarlos a la práctica”.
Asimismo, estos sistemas requieren, en general, financiación pública adicional, ya que no pueden sostenerse solo con las contribuciones de empresas y trabajadores, sobre todo “cuando se requiere implementar y fortalecer las pensiones no contributivas”.
Debe tenerse presente que desde el organismo internacional se habla de América Latina como un todo, es decir promediando las situaciones que se da en la región, pero si nos centramos en la problemática en nuestro país, nos encontraremos con un panorama ya “adelantado” en el tiempo, si así se le pudiera llamar, porque el Uruguay tiene un envejecimiento poblacional muy acelerado respecto a los demás países de América Latina, y comparable a los índices de Europa, por lo que el problema ya lo tenemos instalado, solo que con mucho menos recursos que en el Viejo Mundo y por lo tanto con desafíos ya instalados para el futuro cercano.
También pone sobre el tapete las consecuencias de llevar adelante políticas que no tengan en cuenta el equilibrio fiscal, que no es un fin en sí mismo, sino un factor imprescindible de salud y señales que se dan desde el Estado hacia empresas y todos los ciudadanos. Es que al Estado lo sostenemos con nuestros aportes tributarios, pero para que los utilice criteriosamente en aras del bienestar general y no para vivir el momento, como ha sido la constante en los últimos años de bonanza económica tanto en Uruguay como en casi toda Latinoamérica, que terminaron con países acostumbrados a vivir como nuevos ricos pero sin los ingresos para sustentarlo.
Ello es consecuencia de políticas procíclicas, es decir cuando se va aumentando el gasto a medida que se van incrementando los ingresos estatales e incluso, como en el último período, endeudándose por encima de lo que se recibe y apostando a que los buenos tiempos por la receptividad en el exterior van a durar para siempre, sin tener en cuenta que en la economía siempre hay ciclos, y que es de buen administrador y un acto irrenunciable de responsabilidad el tener siempre herramientas para poder hacer frente a los tiempos difíciles, como se han venido dando a partir de 2014 en que comenzó a revertirse las condiciones favorables provenientes del exterior.
Ergo, es preciso contar con consenso político, por lo menos en las grandes líneas, para asumir –y actuar en consecuencia– de que el control del déficit fiscal es un factor decisivo para la sustentabilidad de toda política social, y ni que decir de los sistemas de seguridad social.
En el Uruguay, a partir de la instalación de la comisión técnica que se encarga de evaluar el tema, se confirma que hay mucho paño para cortar e ideas para evaluar, sin dudas, con aportes plurales para ponderar y tratar de coincidir en fórmulas que permitan llegar a la mayor base de apoyo posible. En lo que sí no debe recaerse, es en posturas populistas y demagógicas del estilo de que “al fin de cuentas el dinero va a salir de algún lado”, como se hacía otrora, pateando la pelota para adelante para que otros se hicieran cargo.
La idea central debe ser necesariamente la búsqueda de un consenso para no trasladar a ningún sector o partido el costo político de una reforma que seguramente no resultará simpática, porque de lo que se trata es de dar respuestas desde el punto de vista social con recursos cada vez más escasos, por centrar la discusión en sus aspectos centrales.
El punto es que no es posible pensar que recaiga solo sobre el Estado, sobre las finanzas públicas, sobre los tributos que vayan a pagar los futuros trabajadores, el lograr mejores beneficios. Todo apunta a que se incorporen esquemas complementarios de ahorro o colectivos, para que precisamente haya una distribución más criteriosa de los costos, sobre lo que será dificultoso encontrar consensos si se tiene en cuenta posturas ya expuestas por los directores sociales del BPS, que siguen insistiendo en un sistema exclusivamente de reparto intergeneracional como la panacea del sistema.
Pero como nadie tiene la solución ideal y ni siquiera hay un sistema paradigmático en el mundo para tenerlo de referencia, con todos los temas resueltos, habrá que ir despacito por las piedras, sin descartar ninguna alternativa, con la mente abierta, con las miradas puestas en el largo plazo y en la línea de que en lo posible siempre se compartan las responsabilidades por todo el espectro político.
