Tomó estado público que el diputado electo por Montevideo, Conrado Rodríguez, presentará un proyecto de Ley en el cual dedica atención a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, proponiendo que los integrantes del Directorio de dicha Caja en el futuro fueran honorarios. Respetando su persona, voy a manifestarme contra sus ideas.
Es sin duda una ocurrencia fuera de la realidad, que solo puede proponerse al no haber agotado la indagación necesaria sobre el particular. Inadaptada a la situación y difícil de encontrar quien desempeñe la función en esas condiciones. O peor, hecha a medida de una minoría selecta de plutócratas o “santos”. De los primeros hay bastantes y han hecho sus fortunas por cobrar suculentos honorarios y de los otros, faltan.
Los directores de la Caja son siete. Cuatro son electos por los profesionales activos y un pasivo electo por los profesionales jubilados. Los otros dos (también profesionales) los designa directamente el Poder Ejecutivo por vía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todos los sueldos de los directores incluidos los del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Ley, los paga la Caja.
Primera observación. Parece muy difícil, casi imposible, que en el consabido y tumultuoso reparto de cargos políticos que sucede luego de cada elección, puedan encontrar dos profesionales que abandonen sus tareas remuneradas para ir a trabajar gratis, a un lugar que demanda mucha atención y trabajo si es que se toma con seriedad y honestidad profesional. Máxime que todos los otros miles de cargos, que ven repartir a su alrededor por rigurosa cuota política, tienen sueldos exuberantes. Si de eso cupiera alguna duda, basta con preguntarle al propio Sr. Rodríguez cuánto cobran él y sus pares.
Segunda observación. Indagar. Eso fue lo que le faltó al proponente. Los cuatro directores votados por los activos, deben ser activos en ejercicio de la profesión y –por decoro– al día con la Caja. Partiendo de que los Directores trabajen por y para la caja, deben dedicar tiempo al estudio y trabajar los temas. Tiempo que quitan a la solución de los trabajos de sus clientes particulares de lo cual vivían antes de ir a trabajar gratis. Pero además, para seguir generando sus propias jubilaciones, deben pagarle a la Caja el aporte mensual (“montepío”) según en cuál de las 10 categorías estén. Ejemplo: es probable que a los 40 años de edad estén en 5ª categoría pagando $16.846 y luego de pasar tres años en cada categoría llegando a los 60 años, en la 10ª pagando $22.469. En resumen: los dos casos analizados hasta aquí, nos llevan a que salvo un millonario o un “santo” puede ir a trabajar a la Caja gratis. Quizás pueda aparecer alguno de aquellos que “hasta honorarios son caros”. O un “figureti”, de los que nunca faltan. Cualquiera de esos puede llegar a votar disposiciones contrarias a los intereses de la Caja. Por lo que antecede, es difícil conseguir calidad funcional sin retribuirla.
Tercera observación. Pero hay otra situación que puede ser peor que lo expuesto. Es que las corporaciones, profesionales o no, de poderosos capitales, le paguen remuneraciones significativas a representantes suyos para ocupar esos cargos “honorarios” que propone el diputado y sucedan dos tremendos males. Que la Caja pase a manos de corporaciones para cumplir sus propios fines y que la gratuidad se convierta en una gigantesca mentira.
Cuarta observación. Llama la atención que justo el que propone que alguien trabaje gratis, lo haga desde una posición de total y absoluto privilegio económico como es la que goza el diputado Rodríguez, apoltronado entre mármoles y bronces y cobrando un frondoso sueldo. Recién el año pasado se suprimieron los $29.000 de “la partida para diarios”, que casi nadie compraba, pero “todos cobraban”. Pudiendo disponer de varios secretarios por despacho cubiertos por “gastos de secretaría”. Y solo tener sesiones una quincena por mes. Si hace poco criticamos con rigor que el Presidente de la Caja, Dr. Deleón, propusiera y se aprobara por 5 votos contra 2, una rebaja del 22% de los sueldos de los Directores futuros (no los de él), hay que reconocer que al diputado Rodríguez le cabe el luctuoso mérito de haber superado con creces la inventiva del Presidente. Le queda una chance a su favor al novel diputado para reivindicarse: proponer que todos los legisladores trabajen gratis.
Quinta observación. La propuesta del diputado Rodríguez de trabajar gratis como Director de la Caja de Profesionales implica que, supuesto el caso que hubiera quienes se presentaran a las elecciones en esas condiciones y obtuvieran un cargo, sea activo o pasivo, la distancia a Montevideo, juega en contra de los profesionales del Interior. Casi todos los que vivimos geográficamente al norte del Río Negro, para ir 4 o 5 horas a una reunión semanal en Montevideo que comienza a las 14 o 15 horas, implica: a) al activo, perder el día entero de trabajo; b) destinar tiempo a esa reunión desde la madrugada a la noche, sumando a las 4 o 5 horas de sesión, 8 o 9 de viaje de ida y vuelta en auto o en ómnibus. Total probable, una jornada de 14 horas destinadas a la Caja más el tiempo destinado a preparar la sesión luego de recibir el material distribuido por la Secretaría del Directorio y armado por el Gerente General. Cualquier director de Montevideo, Canelones y hasta San José o Maldonado, quizás pueda soportar el esfuerzo. Pero para los de los demás departamentos, la gratuidad del Sr. Rodríguez se convierte en un elemento totalmente discriminatorio contra los profesionales del Interior del país.
Sexta observación. Ignora al parecer el proponente una experiencia negativa inexorablemente válida al analizar el resultado de un cargo público estatal o paraestatal en forma honoraria.
Los ediles son según la constitución de la República, honorarios. Ejercí esa función durante 15 años. Defendí la constitucionalidad de que así fuera. No percibí un peso. Pero sabía que eso no era lo aconsejable. Eso llevaba a facilitar la función al empleado público, jubilados o poseedores de una disponibilidad económica holgada para poder dedicar tiempo al trabajo.
Esa situación fue determinando la erosión de las Juntas Departamentales. Estuve 7 años en el Congreso de Ediles, fui Secretario de él y conocí el panorama nacional de los mismos. Salvo honrosas excepciones entre las cuales estaba Paysandú, había muchas Juntas Departamentales en las cuales los ediles conseguían beneficios económicos. La nave madre en eso era la de Montevideo.
Y después algunas “alumnas aventajadas” como su limítrofe Canelones. Había hipocresía en eso.
Conclusiones
Esta propuesta es discriminatoria:
a) Con los profesionales del Interior del país que de ser directores deben perder el día de trabajo, cubrir grandes distancias y tiempo, sumado al tiempo del estudio de los temas del día de sesiones.
b) Prepara el camino para que los cargos los desempeñen las corporaciones, los millonarios o los profesionales de Montevideo y el área metropolitana.
c) Abre una grieta entre profesionales ricos y los demás, menos dotados económicamente.
d) Condena a la Caja a tener directores, que difícilmente puedan representar colectivos de profesionales independientes con capacidad suficiente para ejercer dirección ejecutiva. Más bien ambienta una dirección decadente para una Caja en vías de extinción. ¿Ese es el fin?
¿Defensa de intereses o fidelidad a una impronta política perimida y mal informada?
Incurre fatalmente esta propuesta en abierta discriminación, que nos parece negativa a los fines de supervivencia de la Caja de Profesionales. Finalmente nos es imperioso atarla a su origen ideológico. Proviene de las tiendas del Partido Colorado. Donde parece haber aún, mentes aferradas a los unitarios muros montevideanos de “La Defensa”. Va contra la realidad y contra la calidad de la gestión administrativa de la Caja. Alimenta públicamente la idea de que se trata de un partido afectado por el centralismo y mentalmente montevideano, aunque allí sea minoría. Lo cual explica que mantenga un solo gobierno departamental en toda la República. Ing. Ramón Appratto Lorenzo
