La pandemia ha puesto en escena un escenario coyuntural adicional a la problemática de la economía y el trabajo, sobre todo en países subdesarrollados como es el caso de nuestra región y América Latina en general, por lo que se han agudizado las históricas carencias y desigualdades que padece el subcontinente.
Sobre la problemática producto de la pandemia de COVID-19 hace referencia el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aborda la incidencia de las medidas que se han adoptado para tratar de contener la expansión del flagelo, similares a las de Europa y Estados Unidos, pero con un impacto negativo potenciado dada la diferente espalda financiera y la economía subdesarrollada.
A juicio del BID, estas medidas que han procurado contener los contagios han frenado la actividad económica y golpeado duramente al empleo, un aspecto especialmente delicado en los países del subcontinente, donde reinan la precariedad y la informalidad en el caso de la actividad privada y un marcado exceso de burocracia e ineficiencia en el ámbito estatal.
Es decir, falta de respaldo financiero, primarización de la economía, desigualdades, políticas populistas sin atacar los reales problemas de fondo y solo salvando las apariencias hasta la próxima elección, han sido el escenario con el que llegó la pandemia a la región, y por cierto que no es de extrañar que haya sido devastador este ataque a la línea de flotación de un barco que hacía fuerza por mantenerse a flote.
Al respecto, el organismo financiero internacional señala que muchos trabajadores de la región han perdido sus empleos, han tenido una caída sensible en sus salarios y en las horas trabajadas. Los más afectados han sido los trabajadores informales e independientes, es decir aquellos en situación precaria, por un lado, y los que dependen fundamentalmente de sus ingresos en el día a día. En este sector de alta vulnerabilidad se encuentran además las personas de menores niveles de educación, los jóvenes y las mujeres.
Incluso la pandemia revirtió la tendencia creciente que se venía manifestando en forma heterogénea en los ingresos de la región y por tanto el ritmo en que se venía reduciendo la desigualdad de ingresos en la población, como regla general.
En cuanto a las perspectivas, el organismo sostiene que la visión optimista que se tenía para la década de 2020-2030 en la tendencia en la lucha contra la desigualdad se ha visto alterada sustancialmente por la pandemia y un consecuente retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Por cierto que con los gastos adicionales en que han incurrido los gobiernos para contener la pandemia y auxiliar a los sectores más debilitados, el reto se ha acentuado para el futuro inmediato pospandemia, al punto que haciendo realidad la reflexión de que siempre se puede estar peor, nos encontramos con lo que la difícil situación que reinaba en la región y en el Uruguay ya en 2019 suena a bonanza en términos comparativos, una ironía que revaloriza lo que son los términos relativos en todo análisis posible.
Es decir, que se apunta a minimizar los daños, en el mejor de los casos retrotrayéndolos al pantano en el que ya vivíamos hace dos años, sin pandemia, lo que da la pauta de cuánto habrá que remar sin ponernos a llorar sobre la leche derramada para poder tomar el camino del crecimiento real y no solo de estar menos peor.
Es decir, dejar de lado cortoplacismos que nos condenan a repetir errores, porque cada gobierno quiere hacer las cosas dentro de su período o por lo menos aparecer ante la elección como el gran salvador, con carácter refundacional, y se pierde de vista que la respuesta está inevitablemente en adoptar políticas de Estado, es decir de cursos de acción permanentes o semipermanentes, pasibles de correcciones de acuerdo a las circunstancias o coyunturas. Pero que permitan definir un rumbo por encima de la rotación de partidos en el poder, generar esquemas estructurales que nos den solidez frente a los avatares y nos hagan más eficientes desde el punto de vista productivo y el tramado socioeconómico.
El punto es que en los sucesivos gobiernos se ha incursionado por imponer medidas cortoplacistas e improvisaciones, salvo determinadas áreas específicas –muy pocas– en las que felizmente se ha seguido trabajando en la misma línea por encima del gobierno de turno, como es el caso de la reconversión energética, desarrollo del sector forestal y muy pocas cosas más que podrían definirse como un atisbo de políticas de Estado.
La constante ha sido que cada gobierno ha venido con su libreto debajo del brazo y tratando de dar su impronta, desestimando por regla general lo que intentara o hubiera comenzado a hacer el gobierno anterior, que a su vez actuó de la misma forma respecto al que lo antecedió y así sucesivamente.
La visión en la que prima la inmediatez, que ha sido dominante históricamente, conspira contra reglas de juego claras para alentar las inversiones, salvo excepciones como el acuerdo político para la Ley de Inversión Forestal, concebida con visión de décadas y que ha permitido grandes inversiones en el sector, pese a virtudes y falencias y el innegable déficit en la incorporación de valor agregado con actividades para explotar la materia prima.
Es decir, estamos hablando de falencias ya de prepandemia, que se manifiestan con toda su crudeza en tiempos de mayores dificultades, como el actual, pese al alivio que significa en nuestro país la actividad del sector exportador empujado por el agro, siempre en producciones primarias.
Y como bien señalara en su momento el contador Ricardo Pascale, expresidente del Banco Central del Uruguay, nos hemos quedado atrás en la productividad total de los factores. “Sería todo aquello que hace crecer el PBI y no es explicado ni por el crecimiento del trabajo, ni por el capital ni por los recursos naturales”, sino que pasa “por la eficiencia con la que se utilizan otros recursos, el conocimiento aplicado que hay”.
Por cierto, el mayor desafío pasa sobre todo por apuntar a capacitar en el conocimiento aplicado, que repercute en la innovación, la que impacta en la productividad y en abatir costos hacia el exterior, con productos terminados para obtener mejores ingresos de divisas y mejorar la calidad de vida de la población, entre un sinnúmero de beneficios.
Y no se va a lograr de un día para otro ni en un período de gobierno, sino que es un derrotero que se debe trazar el país, en el marco de un gran acuerdo de todos los actores, sobre todo del sistema político, por encima del partido en el gobierno y de la coyuntura.
