Tres de los referentes de la Comisión nacional pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración estuvieron en Paysandú, explicando la forma de trabajo que se van a dar para salir a los barrios a dar a conocer su posición.
Fernando Pereira, del Pit-Cnt, Rafael Michellini del Frente Amplio y Vanessa Peirano del sindicato portuario, junto a Cecilia Sánchez de la Intersocial Paysandú, argumentaron a favor del voto por Sí a la derogación.
“Llegar a 800.000 firmas es un piso muy importante para cualquier organización en Uruguay y esta es una organización que nuclea partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, feminismo, juventudes, gente que no está de acuerdo con lo que votó el parlamento y que es de los partidos tradicionales. Todos estamos tratando de construir una nueva mayoría, lo que tiene mucho de trabajo, de pienso, de reflexión y de acción”, señaló Pereira. “Por eso escuchamos a los compañeros donde habían encontrado fortalezas y donde debilidades, tratando de ver cuáles son los apoyos que puede encontrar la Comisión para derogar la ley y cómo se construyen esos apoyos en una nueva mayoría, entonces hay que hacer un debate con quienes defienden la ley pero al mismo tiempo hay que hablar con todos los vecinos, porque un debate en la altura no resuelve este problema, lo resuelve si somos capaces de hablar con los vecinos uno por uno”, afirmó.
Dijo además que “tenemos una ventaja y es que nuestros militantes han trabajado todo este tiempo, los seis meses, dando artículos y material, conociendo y explicando. Y eso es una ventaja que no la tienen quienes van a defender la ley, porque en verdad no saben el contenido de la ley. No porque a nosotros se nos ocurra, porque las encuestas de Factum y Opción son muy claras, y entonces una cuestión a favor es que nosotros ya estamos con la mayor parte de nuestros militantes con la ley super estudiada, aunque igual vamos hacer muchos cursos de formación política sobre la ley en particular”.
Especificó además que “no vamos a permitir que se coloque esta discusión sobre la ley como una discusión de elección de medio período, porque no lo es; es una elección que deroga 135 artículos de una ley que creemos que es de muy mala calidad democrática. Y lo fundamentamos por temas de educación y de seguridad, pero también por tema de forma, ya que se votaron casi 30 proyectos en una misma ley durante 90 días escuchando a las organizaciones de expertos por 15 minutos”, expresó. Según Pereira, “la mayor parte de la sociedad no la conocía, fue hecha en pandemia, es decir en un momento inadecuado, y en función de ello creo que se juntó esa cantidad de voluntades todas en pandemia, y el referéndum que más había juntado no había llegado a este enorme volumen de 800.000 firmas”.
Consideró esto como “una señal que el Poder Ejecutivo y los demás partidos del sistema político uruguayo deberían interpretar: la gente no quiere que le legislen de cualquier manera. Entonces esta manera claramente tiene una objeción, que se verá si es más de la mitad, pero claramente es un porcentaje muy importante de la sociedad uruguaya”.
El ejemplo de Ancap
Pereira puso como ejemplo la situación en Ancap, y que “hay una declaración de conflicto al denunciar los convenios de 1993 y de 2012, anunciar cambios en la que tercerizan servicios, eso es una declaración de conflicto abierto para llamarlo de la mejor manera. ¿Porqué se deroga un convenio que tiene 30 años? Tendría que haber una explicación clara, no puede ser que porque la Federación Ancap tenga una posición contra el gobierno actual por que entonces cuál es la libertad que tienen las personas para decidir y pensar. ¿Cuando se habla de libertad es cuando piensan igual que yo y cuando piensas diferente te tiran una pedrada de la vereda de enfrente?”
Argumentó que “hay lucha ideológica en base a que los que queremos derogar esta ley queremos un Estado protector, y desde nuestro punto de vista esta ley desprotege a los más débiles, con empresas públicas más débiles, con Consejos de Educación más débiles, de un solo integrante y sin representación de los maestros y los profesores”. Agregó que “tenemos una ley que de acuerdo a los especialistas en seguridad no la va a beneficiar, por el contrario, la va a perjudicar, y esto lo dijo en el parlamento el Instituto de Derecho Penal la Fiscalía General de la Nación, lo que sería el GACH en seguridad”. También indicó que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les condenó un artículo sobre los piquetes, que no tienen que ver con la huelga sino que tiene que ver con un grupo de vecinos que cortan porque no hay agua, porque no hay luz, porque quiere seguridad o porque están contra la violencia de género. La OIT los condenó porque violenta el convenio 87, pero siguieron adelante y lo votaron”.
A juicio de Pereira, “esto va a cambiar la vida de los uruguayos, no en el año de aprobación sino en el mediano plazo. Ahora donde uno ve es en el precio de los combustibles, pero la principal acción es que son empresas públicas que daban buenos servicios y de calidad que se están debilitando, porque no se toma personal, porque hay un parentesco entre esta ley y la Ley de Presupuesto, porque se achica el presupuesto educativo, porque se pone en discusión los comedores escolares; hay una cantidad de acciones que está tomando el gobierno que generan descontento en la sociedad, porque el que perdió su trabajo no tiene con qué sustentar su familia, y son blancos, colorados y frenteamplistas; no hay forma de distinguirlos por bandera o por creencias religiosas”.
Aseguró que “es la misma sociedad que debate sobre qué forma tiene que tener Uruguay para proteger a los uruguayos más débiles, y en cierta medida nosotros estamos defendiendo el Estado protector, el que protege a los que menos tienen”.
“Ahora la ley se va a discutir”
Para el dirigente frenteamplista Rafael Michelini, “esto no se trata de las organizaciones sociales o el Frente Amplio, esto se trata de los ciudadanos. En marzo, que seguramente sea la fecha del referéndum, la gente va a tener que decidir si apoya un proyecto insensible, que desprotege al conjunto de la gente, o si va por la historia de Uruguay, con leyes que tienen algunas más de cien años, que protegen y son solidarias y se borraron de un plumazo con estos artículos de la LUC”.
Afirmó que “ese proyecto va a estar encarnado en el Sí, que vamos a estar empujando con más de 60 organizaciones sociales y políticas y que es bien amplio y abierto. Ahora tiene que votar si estos artículos que desprotegen los vamos a validar o si, con el Sí, vamos a reafirmar ese país solidario y protector que todos queremos”.
Manifestó además que “la Comisión Nacional pro Referéndum, sobre todo la gente, tuvo su primer triunfo y es que la ley se va a discutir, aunque no se quiso hacer en el Parlamento, nos metieron mas de 30 leyes en una sola, cuando la Constitución dice que se puede mandar una sola ley por legislatura, y tampoco se discutió en la campaña de recolección de firmas. Ahora sí se va a discutir, y la voluntad va a ser de los ciudadanos de este país. Nosotros mejoramos la calidad democrática, independientemente de lo que suceda después y la decisión que tomen los uruguayos”.
La campaña sanducera
La integrante de la Intersocial Paysandú, Cecilia Sanchez, afirmó por su parte que “seguimos trabajando con la Comisión de Referéndum y hemos determinado hacer un comando de campaña encarando la campaña por el Sí con todos los colectivos que integran esto, que es el Frente Amplio, el Pit-Cnt, la Intersocial, Fucvam y muchas organizaciones sociales más”.
Agregó que “ahora tuvimos este intercambio con los compañeros de la Comisión Nacional pro Referéndum y vamos a seguir abocados a eso. Los compañeros que salimos a la cancha tratamos de formarnos lo más posible y una de las cosas que nos pasaba cuando salíamos en la barriada, que nos decían si conocíamos los 135 artículos y yo les preguntaba si conocían los 476 artículos para argumentar que está bien. Y esa es la realidad, nosotros como ciudadanos demócratas, que el uruguayo es de por sí, y defensor de las empresas públicas, de un montón de derechos que vienen desde la raíz del país mismo, vamos a dar la discusión, que era el objetivo que teníamos al juntar las firmas, y que se discuta a nivel de toda la ciudadanía si esto es bueno o malo para cada uno de nosotros”.
Vanessa Peirano integrante del secretariado del Pit-Cnt y dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), destacó que “el problema sobre todo es por la forma, y haber llegado a las 800.000 firmas nos da esta oportunidad, y creo que es una señal que el país debe tomar y no hacer oídos sordos. De aquí en más hay que trabajar para conocer esos artículos y que cada uno decida”.
Afirmó que “lo que nos pasa en el puerto tiene que ver con esto también, con la forma de gobernar, y el descontento general que se traduce en las 800.000 firmas”.