La alta incidencia del desempleo en la población joven fue considerada en el Parlamento el mes pasado ante la presentación de un proyecto de ley que contempla, además, la problemática que representa para los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. El deterioro del empleo ya mostraba cifras preocupantes antes de la pandemia y se profundizó en 2020, con la cantidad de trabajadores que pasaron a ser beneficiarios del seguro por desempleo. El crecimiento explosivo afectó a los privados dependientes, que representan a la mitad de la población económicamente activa.
En los últimos tres años, el desempleo creció en prácticamente todos los tramos etarios, pero persiste en la población de menor edad. Entre 15 y 24 años es el triple de la tasa de desempleo que la población económicamente activa y esa tendencia se mantuvo en los últimos años.
A mediados de 2019, la tasa de desempleo de la población en general era de 9,1%, pero en los menores de 25 años ascendía a 27,3%. El año pasado, en el primer caso la medición se ubicaba en 10,6% y en el otro trepaba a 33,3%. Son guarismos que ubican al país entre los cinco con mayor porcentaje de jóvenes desocupados en América Latina.
Uruguay legisló a favor de las empresas que contraten a trabajadores jóvenes desde 2015. Sin embargo, en los últimos seis años se alcanzaron un poco más de 8.600 contrataciones en el ámbito privado, lo que representa una clara deficiencia en los resultados.
La realidad de América Latina y el Caribe no es diferente. En el primer trimestre del año, el desempleo juvenil alcanzó el nivel más alto desde que se llevan registros con el 23,8%. O, lo que es igual a entre 2 y 3 millones de personas fuera del mundo del trabajo. Y por tramos etarios, cayó al menos tres puntos porcentuales entre 15 y 24 años, al ubicarse en el 45,6% en los primeros tres meses de este año.
La OIT define a este escenario como “una bomba de tiempo”. Es decir que el alto desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades de los jóvenes representan un desafío para los gobiernos, porque las medidas son urgentes, pero presentan dificultades para adoptarse con la rapidez que amerita, con economías vulnerables dentro del continente más desigual del planeta.
La crisis social que deja la COVID-19 y este escenario de pandemia sanitaria, marcará el destino de la denominada “generación del confinamiento”, luego de atravesar interrupciones educativas, de capacitaciones, de relacionamiento social en plena etapa de expansión individual y laboral. Son demasiadas connotaciones negativas que plantean incertidumbres en sus horizontes personales. Y con ellos, van de la mano los países que confirmarán la escasa expansión económica en las próximas décadas. Por lo tanto, el estancamiento y la pobreza presionarán sobre las políticas sociales que serán de aplicación incierta y desigual.
Porque los estados latinoamericanos, en general, han demostrado incapacidad para establecer políticas activas, incluso antes de la pandemia. Las medidas restrictivas sólo aceleraron el deterioro del mercado de trabajo, así como avanzaron las reestructuras de los contratos y las nuevas formas de empleos.
Esos procesos, instalados con la urgencia de la pandemia, ya eran mencionados en los diversos análisis sociológicos. En Uruguay, los jóvenes generalmente comienzan su primera experiencia laboral o se afianzan –en los casos de menor escolaridad–, en el sector servicios. Justamente una de las ramas que recibió los mayores impactos, afectaciones y cierres por las restricciones en el consumo, ante la coyuntura sanitaria que exigió un descenso en la circulación de personas.
Y si el problema del empleo ha sido estructural con años de deterioro a sus espaldas, no es menos cierto que sus consecuencias provocarán graves daños a largo plazo. Por lo tanto, implica –también– el fracaso de uno de los factores de mayor desarrollo humano de los países.
La COVID-19, que vino para quedarse, plantea un cambio en las perspectivas y la remodelación del mundo laboral tal como lo conocíamos. La automatización y el teletrabajo impulsaron a nuevas legislaciones, como en Uruguay.
Al menos por ahora, las perspectivas no son halagüeñas. La desvinculación educativa es alta y profundiza la brecha social. El mundo del trabajo se vuelve más discriminador en favor de aquellos que presenten mayores credenciales, mejores actitudes y comportamientos.
Son resultados que en el mediano plazo condicionarán a la reproducción de la pobreza, perpetuarán la dependencia y reclamarán la presencia del Estado con ayudas sociales. Porque el desempleo en general, tiene que enfocarse desde el punto de vista de la imposibilidad del ejercicio de una ciudadanía plena. Y en forma particular, el desempleo juvenil debería estar en la agenda de discusión de la reforma de la seguridad social.
El empleo hoy debe gravitar en el centro de la discusión sobre las políticas orientadas a la recuperación de la economía con el fin de evitar graves secuelas sociales y de larga duración.
Las inversiones en capacitaciones eficaces son esenciales para ayudar a las empresas de cualquier índole. Y en este sentido deberá fomentarse de una vez por todas la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral. De lo contrario, deberemos respondernos en algún momento si el desempleo juvenil es una coyuntura específica de esta recesión provocada por la pandemia, o una tendencia que atraviesa a todas las épocas.
Bajo este marco, hay que plantearse un cambio, porque el escenario laboral no es más de lo mismo, sino que requiere una visión innovadora y transformadora de cabezas.
