Con la recolección de firmas para impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración Nº 19.889 (LUC) uno de los capítulos más discutidos de esta iniciativa corresponde a la seguridad ciudadana. El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) no expone una opinión sobre el asunto, sino el respaldo que implica la puesta en práctica de la normativa.
“Nosotros no opinaremos sobre la derogación porque no nos compete. Sí, sobre el artículo que involucra a la seguridad y que se está aplicando una parte de lo que establece el artículo. Porque la policía no solamente se rige por este artículo de la LUC, sino por la Ley Orgánica Policial que debe aplicarse institucionalmente y el Nuevo Código de Proceso Penal, además de lo que compete a la LUC”, dijo a EL TELEGRAFO el dirigente Alejandro Álvarez.
Explicó que la iniciativa de la LUC “respalda el trabajo policial que ya viene especificado por ley dentro de la institución. Y si bien amplía algunas funciones ya establecidas, esta ley respalda otras acciones. Por ejemplo, no se discute el trabajo policial en Fiscalía. Y si hay algo para denunciar corre por otra vía, pero el tema es que los trabajadores policiales siguen estando al margen de la derogación de la LUC”.
El dirigente planteó que una vez derogados los artículos cuestionados, “volverá nuevamente el cuestionamiento al trabajo policial en la seguridad pública. Y los demás artículos ¿no se ponen en discusión? Acá el temor de la sociedad es la seguridad. Bueno, con la LUC se dijo que se iba a mejorar la función del trabajador policial y estamos esperando cómo se valorizará esta tarea”.
Reconoció que “ni las condiciones laborales, ni los recursos están en discusión y también son temas que refieren a la seguridad pública”.
Denuncias en las cárceles
Los hechos denunciados últimamente, con la situación de un preso desnutrido y sometido en el módulo 11 del Comcar, “no son una novedad” para los funcionarios. Sin embargo, fueron expuestos en el Parlamento a raíz de una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
“Se recortaron recursos en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la situación por la que atraviesan tanto los PPL (personas privadas de la libertad) como los policías está empeorando. Por eso pasan estas cosas. Como sindicato policial hicimos en el 2015 una de las tantas denuncias que están en pleno conocimiento del Ministerio de Trabajo. Y más allá de que pasen los gobiernos y los ministros, solo alcanza con que miren los números de expedientes”.
Según el dirigente, “durante las distintas gestiones no se intentó por lo menos ir solucionando. Hubo inspecciones. Los ministerios de Trabajo y de Salud Pública inspeccionaron al Comcar y los mismos inspectores corroboraron las situaciones carcelarias”.
En el módulo 11 se alojaban hasta 750 presos y había dos policías para las guardias nocturnas. “Lo mismo ocurrió en 2014, 2015 y 2017 con los motines. Y eso sigue pasando. Hay que implementar recursos para las cárceles pero debe evaluarse la forma, tanto para el ppl como el policía”.
El sindicato asegura que las cárceles cuentan “con el mismo personal, pero se sumaron 3.000 presos más a nivel nacional. Y todo eso, sin tener en cuenta que hay personal policial que pasa a retiro”.
Álvarez reconoce que no hay una relación directamente proporcional entre el personal que se retira y los nuevos ingresos. A pesar de la creación de la figura del operador penitenciario, estos funcionarios tienen una función específica. “Pero, en este caso, tampoco ingresaron en la cantidad que anunciaron en su momento. Son funcionarios capacitados para trabajar en la rehabilitación con los presos, y sumado a ellos se encuentran los técnicos”.
En paysandú
A fines de setiembre, en los pabellones 5 y 6 de la unidad local del INR se produjeron disturbios, con denuncias de vulnerabilidad de derechos por parte de las autoridades.
“La cárcel de Paysandú está superpoblada, con capacidad para unos 200 y hay más de 300. Hay hacinamiento carcelario en varias cárceles del país y eso complica. El hecho que pasó en Paysandú pudo tener variadas connotaciones, porque una semana atrás había estado el director nacional del INR y el ministro hablando de la cárcel. En este caso, los ppl había manifestado situaciones particulares que hay que investigar”.
El sindicato recibe denuncias por situaciones laborales de los efectivos. “Si bien sabemos que hay muchas cosas para arreglar, deben hacerse antes de que lleguen a la denuncia. Estas situaciones deben tratarse y no solamente por el INR sino por el Parlamento con el ministro, y hacer una inspección en las cárceles”.
El titular de Interior, Luis Alberto Heber, anunció un relevamiento sanitario de la totalidad de las personas privadas de la libertad y el estado del sistema carcelario. En las cárceles “el consumo de estupefacientes se profundiza, tanto como los problemas de salud de los inmunodeprimidos. En forma paralela, se constatan casos de tuberculosis, donde muchos policías quedaron con secuelas y Paysandú no escapa a ese tema”, aseguró.
Los efectivos contraen enfermedades y contagian a su familia. “No solo tuberculosis sino COVID-19 se registraron en las cárceles. Hablamos de más de 100, por contacto directo y permanecieron en aislamiento más de 15 días. Es decir, el control de la salud debería ser interno y externo. Pero hay que saber quién va a hacer esos controles, cuánto tiempo llevará y si se hará un seguimiento”.
Más cárceles
El ministro anunció la creación de un fideicomiso para la construcción de nuevas cárceles. “Si la intención es para terminar con el hacinamiento, puede ser viable. Ahora, si la intención es crear más cárceles para que ingresen más personas, entonces el tema no pasa por ahí”.
Álvarez destacó la necesidad de trabajar en la rehabilitación. “De lo contrario, en vez de mejorar el sistema carcelario se empeorará. El plan dignidad carcelaria quedó trunco. No se lleva adelante como fue establecido ni tampoco se ha difundido”.
El plan creado por el exministro Jorge Larrañaga planteaba la posibilidad de multiplicar la cantidad de presos que trabajen, a partir de la creación de polos industriales y chacras.
“Es que la seguridad, tanto de los policías como de los ppl, pasa por encima de cada ministro y cada gobierno. Tiene que ser una política de Estado que acá no hay. Porque, además de los policías, el Ministerio del Interior comprende a los bomberos o la problemática de los puentes, con Migraciones”.
Sistema penitenciario
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó al gobierno un plan de acciones para la creación de un “sistema penitenciario”, que requiere la participación de los tres poderes estatales.
“Fue creado el INR y se había encaminado un sistema penitenciario pero falta mucho todavía. Un sistema penitenciario implica el involucramiento de todas las partes. Desde el ppl a quien hay que respetarle sus derechos, pasando por los funcionarios, hasta el Estado que debe resolver sobre la instrumentación de un sistema penitenciario de aquí a 20 años, respaldado por el Parlamento y la justicia”, precisó Álvarez.
Según Petit, hay unos 13.600 presos en todo el país y si el ritmo se mantiene, en 2024 estima que llegarán a unos 20.000 privados de libertad. De acuerdo al experto, la reincidencia se ubica en torno al 65%. El dirigente matizó que “la alta reincidencia se registra según el tipo de delito”.
Recursos para ingresos
En el Presupuesto se implementó el ingreso de unos 750 funcionarios a nivel nacional. “No son muchos. Hay que considerar además la cantidad de funcionarios que pasan a retiro. En un período son bastantes y vamos a tener más de 3.000 por diferentes factores”.
Subrayó que debe volverse a las comisarías de campaña pero, antes, evaluar los recursos. “Existen lugares donde hay que empezar de cero y aunque hay otras comisarías que se han conservado, necesitan un mantenimiento. El funcionario que se asigne a ese lugar deberá contar con los recursos para comunicarse por radio y el vehículo para movilizarse. La pregunta es si todos los destacamentos están funcionando realmente o solo se abrieron para cubrirlos con una parte de los funcionarios y a los días están cerrados”, cuestionó.
Retorno
Interior prevé contratar a un cupo de 1.000 policías retirados y tal decisión se encuentra en el decreto reglamentario del artículo 167 de la Ley de Presupuesto. Está previsto que actúen en comisarías, seccionales policiales o garitas, bajo la función de “observación, prevención, disuasión y represión para impedir la comisión de delitos o faltas, debiendo desplegarse en las jurisdicciones asignadas”.
Virginia González, secretaria de Retirados Policiales del SUPU, explicó que en el sindicato “solo informamos a aquellos que quieran ingresar y eso queda en cada policía que se haya retirado y quiera volver. En Paysandú hay muchos interesados”.
Álvarez agregó que “respetamos todas las voluntades e informamos sobre este decreto, que falta su reglamentación interna dentro del ministerio. Los funcionarios que se hayan retirado con fecha límite a enero de 2021, hasta 65 años de edad, deben cumplir con ciertos requisitos”.
Como sindicato, “no lo vemos ni bien ni mal y hay muchos compañeros que pueden dar instrucciones a las tandas nuevas por su conocimiento. Porque está estipulado que realice las mismas actividades de antes de retirarse. El efectivo percibirá una compensación según el grado y no se le toca su retiro. Será el 60% en el caso de un agente y si fuera un suboficial, oficial ayudante y oficial principal –pueden ingresar hasta ese grado– es el 60% de lo que gana un suboficial mayor”.
El delegado departamental, Fernando Cruz, precisó que el “funcionario en la campaña, además, debe conocer el área donde va a trabajar y saber de marcas y señales por el abigeato, un delito que ha bajado”.
