Al comienzo de la actual legislatura, el 15 de febrero del año pasado, cambió el escenario parlamentario. Aquellos que tuvieron mayorías durante tres períodos pasaron a la oposición. El Frente Amplio anunciaba ese día que iba a priorizar el debate sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), los Consejos de Salarios y el presupuesto.
El cambio de estrategia fue, incluso, tema de debate en la interna de la bancada frenteamplista durante horas. En la Huella de Seregni mantuvieron un encuentro antes de comenzar la labor legislativa con el objetivo de establecer la gimnasia parlamentaria.
Con ese perfil se comprometían a no abusar de las interpelaciones y cuidar la herramienta. Tampoco pensaban en la posibilidad de censurar a un ministro, porque –además– no cuentan con los votos para eso.
A priori se enfocaban en la LUC, contra la que darían una “batalla política”. Reclamaban por la falta de “calidad democrática” de la iniciativa y el poco tiempo de debate. Apostaban a un diálogo con la población que implicara la comprensión de los aspectos contenidos en la ley.
Un año y medio después está claro que ocurrió otra cosa. La mayoría opositora se unió a otras organizaciones sociales y sindicales para juntar firmas con el fin de instalar un referéndum, donde no está en debate la necesidad de informar a la ciudadanía, sino la de confrontar con un proyecto político con el que discrepan.
Y, a fuerza de comparaciones, también es lógico reconocer que durante los gobiernos frenteamplistas, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, protagonizaba una interpelación por cada año de su gestión. El actual senador del MPP estuvo allí, al frente de la secretaría de Estado, por diez años.
Por aquél entonces, la agenda de temas instalados en el Parlamento era variada y transcurría desde la primera interpelación –a poco de asumir Bonomi en 2010– por los muertos en el incendio de la cárcel de Rocha, siendo el interpelante el diputado Germán Cardoso. En esa oportunidad se habló también de los altos niveles de inseguridad ciudadana, hubo acusaciones por nepotismo y hasta de vinculaciones con barrabravas del fútbol.
Claramente: una y otra vez Bonomi era respaldado por su fuerza política y por los expresidentes Mujica y Vázquez. De hecho, el para entonces ministro reconoció que durante este último período, había presentado “por lo menos tres veces” su renuncia, pero no había sido aceptada.
El exministro definía a las interpelaciones como “un recurso político”, donde el reclamo de renuncia de un ministro se presentaba como la solución a un problema no resuelto. Aquellos dirigentes aseguraban que las interpelaciones no iban a cambiar nada porque contaban con las mayorías necesarias para que eso no sucediera.
Una de esas citaciones –encabezada por el exsenador Pedro Bordaberry y su última actuación antes de retirarse de la vida política– era considerada un récord al alcanzar 17 horas de sesión parlamentaria, con pedido de censura incluida que obviamente no prosperó.
El Programa de Estudios Parlamentarios, a cargo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, informa que entre el 1° de marzo de 1985 y el 1° de octubre de 2016, hubo 130 interpelaciones. El documento académico calcula una cada 87 días, cuatro anuales o unas veinte por período legislativo.
El gobierno de Jorge Batlle encabeza, por ahora, la lista de interpelados con 26 ocasiones, seguida de Mujica con 25 y Vázquez con 23. La que tiene menor cantidad, es la segunda presidencia de Sanguinetti con 11.
No obstante, con el ritmo actual de llamados a ministros, no es muy difícil estimar que se va a terminar realizando una interpelación cada 50 días. De hecho, hubo dos en menos de 48 horas, con los llamados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Cámara de Senadores y al ministro de Defensa, Javier García, en la Cámara de Diputados.
Totalizan cinco en lo que va del período, han batido todos los récords y ahora resta esperar la decisión de la oposición por interpelaciones a Omar Paganini, de Industria y Minería, y a Pablo Mieres, de Trabajo y Seguridad Social.
Este “recurso político”, de acuerdo a la definición de Bonomi, ha superado hasta ahora cualquier tiempo de debate con más de 20 horas. Es decir, casi un día de discusión para que nada ocurra. Solo una gimnasia. Tal y como la llamaba en su momento la fuerza política que hoy utiliza la herramienta de la que prometió no abusar.
Heber fue llamado en dos oportunidades. En el primer caso, para explicar el contrato con la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que decantó en una paralización portuaria y, por ende, del comercio exterior.
La segunda vez, asistió para explicar la fuga de un preso, recapturado a los pocos días. Un escape que en nada lo iguala al de Rocco Morabito, uno de los diez narcos más buscado en el mundo y con una notificación de color rojo emitida por Interpol a nivel internacional, desde las narices de la Policía en la Cárcel Central de Montevideo.
Y si la situación carcelaria es débil, hay que recordar el caso de antropofagia más conocido, cuando Marcelo “Pelado” Roldán terminó frito y en el estómago de su compañero de celda en 2019. Casos por los cuales, cualquier presidente hubiese pedido la renuncia de su ministro o la presentación de una dimisión indeclinable, para que el mandatario de turno no tenga dudas de que su secretario de Estado se va. Y lo hace de una, sin necesidad de insistir “tres veces”.
Hasta ahora la operación desgaste conspira contra los intereses políticos de la oposición. La última encuesta de Factum señala que el presidente Luis Lacalle Pou tiene el 61% de aprobación. Y ese nivel, dentro de los votantes del Frente Amplio, pasó del 12 al 21%.
Cabe recordar que a finales de 2020 su aprobación subía a 66%, en un escenario previo a la ola de aumentos de contagios por COVID-19. Cifra, una encuestadora diferente, ubica el guarismo de aceptación en 56%, o sea en niveles similares.
Si bien el concepto de aprobación de una administración política no debe compararse con la decisión del voto, tampoco está mal recordar que el presidente llegaba a la segunda vuelta electoral sólo con el 28,6% de los votos de su partido.
