Los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, cada uno a su modo, intentaron llevar adelante, con mayor o menor ambición en cuanto a los proyectos, una necesaria reforma del Estado que permitiera superar la inmovilidad y el statu quo que imponen las normas y la burocracia, que entre otras consecuencias conlleva un Estado costoso, que consume cuantiosos recursos, y a que a la vez devuelve muy poco a los ciudadanos y el país, más allá de las evaluaciones de sectores interesados, los que viven del Estado y que tratan de transmitir una imagen distinta a la ciudadanía.
Claro, cuando a lo largo de las décadas se ha dado tanto –y han tomado– poder a las corporaciones dentro del Estado, es muy difícil intentar encontrar la punta del ovillo para ir desenredando esta madeja, y mucho menos si desde adentro funciona la aceitada “máquina de impedir”, que quiere dejar todo como está.
“No me la llevaron”, dijo Mujica cuando pretendió justificar el fracaso de su intento de mejorar algunas de las deficiencias en el Estado, y se encontró que desde los sindicatos públicos y desde la propia izquierda, varios sectores torpedearon cualquier intento por cambiar las cosas.
Anteriormente, Vázquez había intentado llevar adelante la “madre de todas las reformas” del Estado, y por supuesto, su intento naufragó desde el vamos, porque hacer algo contra viento y marea suponía nada menos que chocar con la maquinaria que llevó al Frente Amplio al poder –y lo mantuvo–, como es el caso de los sindicatos de funcionarios públicos y el controlar el Pit Cnt –brazo sindical del partido–, así como oenegés amigas y organizaciones sociales que están en connivencia con organismos del Estado.
Así, ocurre lo que bien sintetizó en su momento el exministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos del Frente Amplio, Rodolfo Nin Novoa, cuando en un acto de sinceramiento reconoció que los verdaderos “dueños” de las empresas públicas son los sindicatos, no la gente, y que por lo tanto están al servicio de los funcionarios, en los hechos.
Esto no es gratis, por supuesto, porque más allá de los problemas de gestión, que siempre han existido, los sindicatos torcieron las decisiones para su beneficio, y lo que es aún peor, han intentado –y muchas veces logrado– que buena parte de la población entienda que lo hacen en beneficio del interés general, cuando como todo gremio, solo buscan el propio –con el agregado muchas veces de motivaciones ideológicas–, porque para eso han sido creados los sindicatos.
Vienen a cuento de este análisis expresiones del titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Cr. Conrado Ramos, vertidas en un libro sobre la administración pública en América Latina, junto a sus colegas Alejandro Milanessi y Diego Gonnet, en el sentido de que Uruguay “mantiene esquemas de gobernanza, estructura organizacional, gestión financiera y mecanismos de rendición de cuentas típicos de la primera mitad del Siglo XX. Como era de esperar, esto tiende a generar organizaciones orientadas a procesos con serias dificultades para mejorar su desempeño y adaptarse a los nuevos requisitos”.
Precisamente con relación al poder de los empleados estatales y sus sindicatos indican que en Uruguay “se puede decir que la burocracia ejerce su poder político en los ministerios”, principalmente a través de lo que algunos autores definen como “la disponibilidad de medios no impracticables”. Según da cuenta en el semanario Búsqueda, este concepto refiere a la capacidad de los burócratas para “condicionar la visión de los formuladores de políticas sobre la viabilidad y las posibles formas de implementar sus ideas y proyectos”.
Tal poder “radica en su dominio de las rutinas técnicas y administrativas, planteando un caso en el problema de la información asimétrica entre principal y agente, pero con la salvedad de que en nuestro país se ignora el servicio civil ‘meritocrático’”. El punto es que la burocracia establecida, con reglas que protegen sus derechos adquiridos, “ha desarrollado conocimientos y herramientas legales para bloquear la voluntad y gestión de los líderes ejecutivos para desarrollar políticas”, lo que en buen romance significa arrogarse el poder de decidir por encima de la voluntad de la población en las urnas, cuando elige a sus gobernantes y a los que tienen el poder de decisión, directa o indirectamente.
Asimismo, señalan los autores como ejemplo de esa capacidad de promover sus intereses la creación “generalizada de fondos extrapresupuestales obtenidos de tarifas y precios de trámites y servicios a la ciudadanía, compartidos entre el propio personal”, o la exitosa resistencia de los funcionarios a establecer una competencia pública (dentro y fuera del Estado) para ocupar puestos de alta conducción en el propio Estado. Uno de los nudos gordianos en el tema, además, es que esta trabazón se agrava por el hecho de que los legisladores no solo desconfían de la burocracia y a la vez responden politizándola, sino que tampoco institucionalizan formas de gestión para romper la resistencia burocrática, y quedan como rehenes de esta maquinaria.
Con ser este un escenario grave y paralizante para el país, se agrega la presencia dominante de los sindicatos y corporaciones de funcionarios públicos que son rueda de transmisión de la izquierda, junto a organizaciones “sociales” –en realidad, simplemente son políticas y de izquierda– que defienden solo sus intereses, pese que tratan de dorar la píldora en sus reivindicaciones por la “defensa de las empresas públicas” o “contra las privatizaciones”, cuando de lo único que se trata es de proteger sus intereses y/o privilegios.
Por añadidura, “es en las empresas públicas y entidades descentralizadas de ejecución de políticas sociales, caracterizadas por el uso intensivo de mano de obra calificada (médicos, docentes, administradores) donde la burocracia pública alcanza el poder suficiente para determinar la dirección e intensidad de las políticas e incluso reformas, a la vez que los sindicatos de los funcionarios de los entes han jugado un papel central en la creación y apoyo para coaliciones antirreforma más amplias, resistiendo con éxito los intentos de desmonopolización y privatización”, evalúan los académicos.
Una realidad por todos conocida, que lamentablemente está siempre en cartel en nuestro país, y que explica el por qué de la inamovilidad que tan caro nos sale, que agrava los problemas de gestión y que afecta el costo del Estado, la falta de competitividad, genera deficiencia en los servicios y determina que los recursos no vuelven en servicios al ciudadano que los aporta religiosamente con gran esfuerzo.
Mientras tanto, los mismos de siempre nos siguen “vendiendo” alegremente que las empresas son nuestras y que todo lo hacen por el interés general y contra los “vendepatria”, cuando estamos eternamente ante la “tormenta perfecta”, con todos los uruguayos sufriéndola, sin salida a la vista.
