Aunque todavía no ha terminado el proceso de verificación de firmas por la Corte Electoral, se da prácticamente por seguro que se validarán las adhesiones necesarias para convocar a referéndum sobre la erogación o no de 135 artículos sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), partir de la iniciativa contra la ley surgida desde la central sindical Pit Cnt y acompañada por su partido –cada vez hay menos dudas al respecto– el Frente Amplio y organizaciones de izquierda.
Precisamente desde los opositores a la norma, ya desde antes de la recolección de firmas se desarrolló la campaña contra la LUC a fin de lograr las adhesiones, lo que continúa ahora para que esta postura sea plasmada en las urnas cuando se convoque al acto electoral, en tanto desde el oficialismo recién desde hace pocos días, primero con poca intensidad pero ahora con mayor énfasis, se inició la campaña de defensa de la ley cuestionada en 135 de sus artículos por la izquierda, aunque varios de ellos fueron votados por los legisladores del Frente Amplio cuando se dio el tratamiento parlamentario de la normativa.
Es pertinente hacer un poco de historia sobre el proceso que dio lugar a la presentación y aprobación de esta ley ómnibus en el Parlamento: tras un proceso prolongado enmarcado en los avatares políticos a que dio lugar la irrupción de la pandemia de COVID-19 tan pronto asumió el nuevo gobierno, cuestionada desde la oposición por cuestiones de “oportunidad” y prioridades se dio el 8 de julio de 2020 la aprobación parlamentaria a la (LUC), a la que el presidente Luis Lacalle Pou considera como “popular, justa y necesaria”.
Por supuesto, cada sector, cada partido, cada ciudadano, puede tener y dar a conocer su opinión sobre una normativa que surge del funcionamiento de la institucionalidad en el país y no de una dictadura. Se trata de un instrumento legal que comprende una serie de temas y que dio lugar a una trabajosa negociación entre los partidos de la coalición de gobierno, a la vez de dejarse fuera del cuerpo normativo varios puntos cuestionados o que deberán dar lugar a una ley por separado.
Pese a las críticas provenientes desde la coalición de izquierdas, tras un año de vigencia no se ha dado ninguna de las “calamidades” que la oposición atribuye a la ley que se pretende derogar parcialmente, por lo que de cara a la convocatoria electoral, es preciso separar la espuma de la sustancia en esta campaña, donde se juega mucho más que la LUC por parte de quienes se oponen, por cuanto tienen la mirada y los intereses puestos en la próxima e lección nacional, sin ninguna duda. Y si además pudiesen forzar un adelanto de éstas de alguna forma, también, como quedó de manifiesto en las expresiones del sindicalista argentino Carlos Díaz, que en el congreso del Pit Cnt dijo que había que iba a apoyar la campaña contra la LUC y tratar de “echar” a Lacalle Pou.
El texto final consta de 259 páginas y 476 artículos y según voceros del Frente Amplio, una de las “debilidades constitucionales” de esta ley es que incluye más de 30 ejes temáticos, por lo que puede interpretarse que son más de 30 leyes las que se votaron, lo que subrayaron que no está permitido por la Constitución.
Lacalle, al defender la LUC consideró que ésta resuelve un serio problema para aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía; agiliza y facilita el sistema de adopciones, dándole oportunidades a niños sin hogar y a quienes permanecen por años a la espera de una resolución burocrática. Asimismo, elimina la obligación de cobro del sueldo a través del sistema financiero dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga y permite que el trabajador ejerza libremente su derecho de acceder al lugar de trabajo y su derecho a trabajar, en caso de que exista una conflictividad laboral.
Además, explicó que se “jerarquiza” la figura del policía, al que ya no se podrá agraviar, amenazar o atentar, ya que ello será considerado como delito. Agregó que se “respaldará” a quienes protegen, dando herramientas jurídicas para que los funcionarios policiales no deban actuar en inferioridad de condiciones frente a la delincuencia y con penas más severas para los delitos de narcotráfico.
Otros aspectos mencionados refieren a normas de prevención y represión de la violencia para los espectáculos deportivos, pero también para los de carácter masivo, regulando el derecho de admisión y exclusión, implementando un registro de personas impedidas.
En lo que tiene que ver con las empresas, el presidente destacó que la LUC beneficia a pequeños y micro emprendedores que inicien su actividad económica, con fuertes beneficios y exoneraciones en los aportes jubilatorios patronales y el IVA mínimo en los primeros 12 meses de actividad. Además, se definen controles para que las sociedades anónimas de los entes estatales y servicios descentralizados rindan debida cuenta de sus operaciones y resultados a los contribuyentes, con papel más protagónico de la Ursea y la Ursec, fortaleciendo su autonomía de gestión, otorgándole mayores potestades para la fijación de los criterios técnicos en materia tarifaria.
A la vez “se establecen normas sobre la incorporación de obligaciones de divulgación de estados contables anuales, debidamente auditados, para los entes estatales y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y sociedades comerciales vinculadas; se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas para contribuir a la obtención de los resultados y objetivos prioritarios en la gestión de Gobierno”.
En cuanto a la educación, Lacalle destacó que la LUC cambia la gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo el funcionamiento de los centros. “Jerarquiza la formación docente, dándole al Consejo de Formación en Educación el respaldo legal que no tenía hasta ahora. Crea el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, que promoverá la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación, lo cual redundará en un aumento de la calidad”, señaló el mandatario, en tanto insólitamente quienes cuestionan la norma salieron a la calle con eslóganes de que se promueve la “privatización” de la enseñanza.
El punto central es que la normativa no hace otra cosa que reflejar gran parte de lo que la ciudadanía votó en la consulta popular de octubre y noviembre de 2019, cuando otorgó la responsabilidad de la conducción del país al actual mandatario ya la coalición que lo respalda, por lo que no cuesta poco inferir, tan pronto se rasguña la superficie, que el planteo de derogación de la LUC se basa puramente en cuestionamientos de índole político-ideológicos de quienes pretenden poner el palo en la rueda y entorpecer toda gestión de gobierno.
Ergo, la campaña, tanto de un lado como del otro, ante la imposibilidad material –y en gran medida el desinterés– para el ciudadano común, el no militante, de informarse y discernir entre lo que contienen los respectivos artículos y como lo afectan, se centrará lamentablemente –como ya ha ocurrido en anteriores instancias– en repetir consignas, eslóganes y plantear situaciones extremas, en tratar de obtener adhesiones en base a la ideología del votante y la confianza que puedan despertar los dirigentes políticos y operadores en el electorado.
Es decir, nuevamente las cosas en blanco y negro, en adelantar las disputas electorales cuando es tiempo de gobernar y dejar gobernar a los que obtuvieron legítimamente el respaldo del pueblo uruguayo en las urnas. Nada nuevo bajo el sol. Y lamentablemente no para bien.