La Unidad local del Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta ahora con una sala para llevar a cabo audiencias por videoconferencia mediante la plataforma Zoom, lo que permite optimizar los recursos y bajar el sobrecosto que implicaba trasladar a una persona privada de libertad a otro departamento, cuando estaba requerida como acusado o testigo de otro delito. Además, posibilita brindar mayor seguridad a los fiscales que actúen a cargo de los casos, y a futuro se piensa utilizar con detenidos que estén en cualquier comisaría, confirmó a EL TELEGRAFO la ingeniera Inés Pérez, asesora de dirección general y coordinadora en Proyectos de Tecnología de Información y Comunicación de Fiscalía General de la Nación.
“Desde el año pasado con el tema de la cuarentena y la instalación del teletrabajo se trató de hacer un esfuerzo para que todos los fiscales tuvieron una notebook para trabajar en sus casas y también la posibilidad de hacerlo de manera más cómoda en sus oficinas o juzgados. A esto se le sumó que se hacía difícil el traslado de los reclusos para comparecer en las audiencias preliminares que se hacen en la etapa de investigación, no tiene que ver con el Poder Judicial, no son las audiencias que se hacen para una formalización, sino previo en la etapa de investigación. Muchas veces, lo que se hacía era solicitarse el traslado del privado de libertad de la cárcel donde estaba recluido por otro delito por ejemplo, para otro departamento por estar requerido como indagado o testigo en otra audiencia. Y eso provocaba que hubiese que hacerse el traslado, complicaba la logística del fiscal, porque tenía que esperar esos tiempos, y el costo para el Ministerio del Interior para cubrir ese traslado, desde combustible, personal a cargo, entre otros conceptos”, comentó. Además, “la situación se agravaba por los contagios de COVID-19, donde trasladarlos implicaba la posibilidad de contagios, porque ese personal asignado también iba rotando, o podían contagiarse otras personas que lo recibían de una ciudad a la otra”.
“Con ese panorama, empezamos a tener contactos con el ministerio para ver si podíamos contar con tecnología necesaria en algunas unidades carcelarias para hacer un Zoom, una videoconferencia. Fuimos coordinándolo. El ministerio tuvo que comprar los equipos, viendo de hacerlo con el menor costo posible en base a la necesidad, y se fueron equipando distintas unidades carcelarias”.
Sobre la implementación, Pérez precisó que “lo que tratamos de hacer fue una agenda común porque en algunas ciudades se podían coordinar de forma directa con la cárcel, pero armamos un mecanismo donde los fiscales se agendan. Desde una mesa central de Fiscalía se genera el link –con una licencia segura– para poder realizar la videoconferencia y se envía al INR que coordina con cada unidad carcelaria. Y luego el propio fiscal se encarga de enviar el link al abogado defensor y todos participan”.
“Empezamos a aplicarlo hace dos meses más o menos en nueve unidades carcelarias, como fueron Comcar, Canelones, la unidad femenina, Punta de Rieles, Maldonado, Salto y Rivera, y ahora sumamos Paysandú. Se le entregaron los equipos del INR y los instalaron. Lo bueno también de esta metodología es que queda la trazabilidad en la agenda de cuántas audiencias se han hecho por Zoom, cuántas personas, y eso está bueno” comentó la ingeniera.
Por su parte, adelantó que el plan es más ambicioso: “La idea es que esto se pueda aplicar no solo a las unidades carcelarias sino también a los detenidos en las comisarías, lo que permitirá el ahorro de costos, mayor seguridad, entre otros. Y que cuando se necesite sí tener una audiencia cara a cara, porque a veces hay cosas que surgen de esa instancia, en ese caso se haga en Fiscalía, pero si no todo en lo que la tecnología pueda ayudar es lo que buscamos”, dijo Pérez.