Con la Ley de Urgente Consideración hay pérdida de “calidad democrática”

Francisco Coghland y Roberto Conde.

Roberto Conde, exsenador y exvicecanciller durante el gobierno de José Mujica, estuvo en Paysandú para el lanzamiento de la lista 1567 del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) a las elecciones internas del Frente Amplio a nivel departamental y lista 567 a nivel nacional, en el local Gilberto “Trencito” Coghland, junto a los candidatos departamentales Martín Villalba y Gabriela Fallini.
“Aprovechamos estas elecciones internas del 5 de diciembre para dar por finalizado un ciclo, donde predominó la asimilación de la derrota electoral, la discusión de balances, la autocrítica y la perspectiva de reorganización interna”, dijo a EL TELEGRAFO.
Subrayó la necesidad que este ciclo “termine aquí porque la realidad nacional ya nos exige una presencia política mucho más intensa en la calle y en el debate público. Es evidente que habrá referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero además, hay que comprender lo que significa la salida de esta etapa”.
El actual dirigente del PVP reconoció “que atravesamos el 2019 con una pérdida de confianza de la sociedad en el proyecto del Frente Amplio para desarrollar el país y asegurar la justicia social. Eso se tradujo en la pérdida de más de 200.000 votos. No podemos esperar para replantear un nuevo proyecto progresista más claro que explique a la sociedad por qué no pudimos alcanzar nuestros objetivos en la etapa anterior y cómo vamos a hacer para superar esas dificultades”.
Según Conde, “a partir de las elecciones internas y de esta etapa, el FA tiene que salir desplegado en todo el país y en todos los frentes de trabajo social, político e intelectual a reconstituir su proyecto progresista y a recuperar la confianza de la sociedad”.

Importancia de la interna

Explicó que la militancia frenteamplista deberá “multiplicarse” y ese resultado se verá en las elecciones internas. “Esto se dará si la participación del 5 de diciembre es importante y masiva”, en tanto “dejará instalado un clima que será muy útil para la resolución del referéndum y será muy útil para continuar esta tarea que deberá comenzar inmediatamente después de la consulta ciudadana, no importa cual sea su resultado”.
Conde se mostró confiado en las “posibilidades de ganar” la consulta ciudadana para derogar 135 artículos. “Pero si ocurriera lo contrario, lejos de pausar su accionar político, el FA tendrá que intensificarlo porque –de cualquier manera– si no se lograra el objetivo de la derogación, se habrá logrado el objetivo de hacer que la sociedad uruguaya no se adormezca”, señaló.
El dirigente nacional precisó que “algunas cosas nos preocupan realmente y creemos que el país se ha deteriorado en su calidad democrática por muchas razones. No solo por la LUC, que es el ariete principal”. Conde enumeró “el ataque a la educación pública, eliminar la representación de los docentes en los consejos de conducción de la educación, el recorte de las potestades del ejercicio del derecho de huelga, el debilitamiento del Estado a través de insistir con las privatizaciones y desregulaciones, aparte de las que se producen por fuera de la LUC como los puertos, aeropuertos o Ancap”.
Insistió en el “deterioro de la calidad democrática en esta atmósfera represiva que se intenta instalar sobre la sociedad. No solo al combate del delito –que nosotros estamos de acuerdo y podemos coincidir en la necesidad de aumentar la seguridad pública– sino que en ese paquete de artículos, hay una caída muy generosa de las garantías individuales de los ciudadanos”.
Ejemplificó que “con esta ley se puede interrogar a un ciudadano fuera de los casos de flagrancia, es decir cuando no es sorprendido in fraganti. Puede ser interrogado de cualquier manera, no solo para su identificación sino sobre las circunstancias de su quehacer en ese momento. Hasta 4 horas sin aviso al fiscal, cuando antiguamente la ley exigía que el aviso al juez debía hacerse de inmediato”.
Conde resaltó “artículos expresos para garantizar el uso de la violencia del Estado en contra de las manifestaciones públicas. Si se une todo esto, a lo largo de 135 artículos, encontramos que no solo está dirigido contra el delito, sino a aumentar la coerción contra la protesta social”.