Los ediles departamentales Braulio Álvarez -presidente de la Junta Departamental- y Alejandro Colacce criticaron lo que para ellos es “otra operación política del Frente Amplio” ante la denuncia penal recientemente presentada por desocupación y realización de trabajos para que se instale en un terreno municipal en Avenida de las Américas la empresa Ramyan S.A., productora de hormigón. Asimismo revelaron que “el propio Frente Amplio, durante su anterior gobierno departamental tomó la misma determinación de desalojo de la ocupante, por tratarse de un terreno municipal; ahora manda a un kamikaze a atacar algo que ellos ya habían hecho”.
“En Paysandú hay claramente dos visiones de cómo aportar al departamento”, destacó Álvarez. Aseguró luego que aprecia que “hay una que busca inversión, genera el espacio para que los inversores se instalen, promueve mano de obra, fuentes de trabajo. Hay otra que critica, pone palos en la rueda, genera denuncias falsas. El primer modelo es el que lleva adelante el gobierno departamental que los sanduceros eligieron, el del Partido Nacional; el otro el del Frente Amplio que claramente no está a favor del departamento. Actúa de manera tan desprolija que ahora manda a hacer las denuncias a quien no tiene representación alguna. No va el presidente de la Departamental, no va un integrante del Plenario, no va un edil departamental. Ni siquiera un concejal. Mandan a hacer las denuncias a un abogado que sí fue un multi director, pero siempre designado; jamás tuvo el voto de la gente. A él el Frente Amplio lo manda a denunciar. Será porque esa fuerza política sabe muy bien que no tiene sustento jurídico nada de lo que se elevó a la Justicia”.
Colacce explicó que “en el caso del padrón de Avenida de las Américas, de propiedad municipal, basta recordar que el 27 de julio de 2016 comenzó a actuar en el caso la Inspectoría de Control Territorial del exintendente Guillermo Caraballo. Ese día, de acuerdo al expediente bastante voluminoso que hay en la intendencia ‘se intima’ a la ocupante a ‘demoler la construcción precaria en el padrón 167 de Chacras de propiedad municipal en el plazo de 10 días hábiles’. Y se agrega claramente -concordamos por otra parte- que se trata de ‘ocupación ilegal’”, Álvarez siguió dando detalles del tema al indicar que “se repite las intimación el 8 de agosto; luego aparece otra persona que dice que tiene herramientas y que a veces pernocta en el lugar y pide prórroga de 30 días para demoler la construcción ilegal, la que se le otorga. En el memorando de la antes mencionada Unidad se establece con total claridad que ‘la ilegalidad de la construcción se funda en que la misma se localiza en un terreno municipal’. Para el 30 de setiembre de 2016 y considerando que no se procedió como se había dispuesto, la Administración de Guillermo Caraballo, actuando de acuerdo a derecho sin dudas, resuelve ‘demoler a costa del propietario las construcciones precarias constatadas en el padrón 167 en calle Avenida de las Américas, las cuales constituyen ocupación ilegal’”.
“Recién para el 4 de octubre de 2016 -indicaron después- se concreta el desarme de esa construcción precaria en un terreno municipal. Pero una situación similar vuelve a plantearse en marzo de 2018 cuando se comprueba que la ocupante ilegal quería levantar un galpón en el mismo padrón 167, terreno municipal. Esto hace que el entonces intendente Guillermo Caraballo firmara la resolución 1152/2018 por la que constatado que ‘la ilegalidad de la ocupación se fundamenta en que la misma se localiza en terreno de propiedad municipal, lo que constituye un incumplimiento a lo dispuesto en la normativa nacional y departamental vigente sobre ordenamiento territorial’ se resolvió retirar todos los materiales que hubiera y la desocupación inmediata del lugar’”.
Subrayaron que “por otra parte hay que comprender que esta empresa (Ramyan S.A.) dará entre 15 y 20 puestos de trabajo directo. Para su instalación la intendencia colabora con un terreno que le es propio y por el cual cobrará una suerte de canon en hormigón, ese vital elemento para mejorar o mantener la vialidad urbana. Pero por si esto fuera poco, la empresa necesita estar cerca de la planta de Portland de Ancap, empresa con la que hizo acuerdo para el uso de su cemento portland y como uno de los costos que juegan un papel importante es el transporte, el estar muy cerca de la planta productora reduce los mismos. En definitiva, Ancap, que vive una situación tan compleja, más allá que este convenio por sí mismo no es la solución que se busca, ayuda sin dudas a aumentar las ventas. Hay que considerar que esta empresa planea desde su planta en Paysandú proveer de soluciones de estructuras en hormigón a todo el norte del país. Estamos hablando de una buena producción. Por eso decimos, este gobierno departamental piensa en Paysandú y en su desarrollo. Así de simple y así de importante”.