Esta semana el gobierno nacional presentó el Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular, que tiene como objetivo fomentar las capacidades de investigación e innovación, a través de la implementación de los principios de la economía circular, para permitir la reactivación económica y la resiliencia de las empresas.
Se trata de un instrumento gestionado conjuntamente por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el BID Lab (Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo), la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).
Para participar del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular podrán postularse organizaciones y empresas del sector privado radicadas en el país –excepto las instaladas en zonas francas, puerto libre y depósitos aduaneros– y los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento no reembolsable de hasta el 70% de su presupuesto, con un límite máximo de hasta 2.200.000 millones de pesos, debiendo ejecutarse en un año.
El fondo busca generar investigación e innovación en cuanto al uso de tecnología 4.0, a través de los principios de fomentar la economía circular: regenerar, compartir, optimizar, recircular, desmaterializar e intercambiar.
Precisamente, por allí van los ejes centrales de la denominada economía circular, algo de lo cual se ha hablado mucho en última década, en especial en relación a sus beneficios para el desarrollo y el medio ambiente.
Se trata de una alternativa al modelo lineal de producir, usar y tirar que, por otra parte, posibilita reinventar el diseño de productos y servicios necesario para la vida cotidiana o la actividad laboral e incluso, el entretenimiento, siguiendo algunas directrices básicas pero de gran impacto tales como la reducción del uso de recursos a la hora de producir, extender la vida útil de los productos, maximizar su uso y asegurar una disposición final adecuada que priorice la recuperación de los materias y –en lo posible– su aprovechamiento.
Además de la reducción de emisiones –que según las estimaciones podrían llegar al 48% si los países apuestan fuertemente a la economía circular– también se estima que el despliegue de un modelo circular en los próximos 30 años podría reducir los costos de movilidad de la población en un 50% y los costos de alimentos entre un 25% y 40%, así como los costos de vivienda en un 25% a 35% aproximadamente, según datos publicados por la consultora de cambio climático del BID Paula Chaves.
Para que esto sea posible se necesita bastante más que dejar de usar los autos para comenzar a desplazarnos en bicicleta, reciclar nuestros propios residuos o realizar compost a nivel domiciliario. Son necesarias políticas públicas y compromisos gubernamentales que muevan no solo las intenciones sino también las decisiones, los procesos y el apuntalamiento financiero hacia la economía circular.
Hacia allí parecería que quiere encaminarse fuertemente Uruguay con la creación del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular recientemente anunciado.
En este sentido, el ministro en ejercicio de Industria, Energía y Minería Walter Verri, dijo que la iniciativa constituye un paso para que Uruguay no solo sea un líder en economía circular en la región, sino también “un líder en la aplicación de tecnología”. Se trata de “los cambios que el mundo necesita” porque se requiere “dejar atrás aquello de que extraemos, usamos y tiramos sin importar los resultados” o dejando de lado que se trata de “recursos finitos”, dijo el jerarca sanducero enfatizando en que la vieja mentalidad de economía lineal es “bastante egoísta con las generaciones futuras”, sostuvo.
Agregó que resulta fundamental incorporar conceptos de economía circular a la cadena de producción y dejar atrás el concepto de “extraer, usar y tirar” de otros tiempos, para utilizar con mejores resultados los recursos existentes, hacerlos más duraderos, generar menos residuos y producir otros bienes.
Ahora bien ¿cuál es la experiencia internacional respecto a la economía circular en ciudades? Según un interesante artículo publicado por el experto del BID Daniel Stagno, ciudades como Londres, Seúl, Tel Aviv, Ciudad del Cabo o Amsterdam se han enfocado en crear políticas públicas y estrategias de economía circular a nivel de municipios o áreas metropolitanas como su primer paso para encaminarse a modelos de desarrollo sostenible.
Metrópolis como Berlín, París o Toronto han puesto el énfasis en la recuperación de materiales una vez finalizada su vida útil y también planearon y diseñaron infraestructuras verdes que apalancan los recursos naturales de la ciudad y su entorno para potenciar servicios ecosistémicos, regenerar el medio ambiente y reducir el uso de materiales biodegradables.
Otras ciudades se enfocan en promover la circulación de materiales de desecho para su reúso y transformación en bienes de mercado. Este es el caso de la ciudad de Austin, que en 2014 creó la plataforma digital que facilita las transacciones entre empresas con materiales de desecho y empresas que podrían utilizar dichos materiales como insumos en sus procesos productivos.
En tanto, la italiana Milán desarrolló recolecta de manera periódica desechos orgánicos de hogares, escuelas y establecimientos comerciales, y los transporta a una planta de biodigestión donde son transformados en fertilizantes para la agricultura periurbana y biogás, que se inyecta en la red de gas de la ciudad. Además, ha creado “hubs” para la recolección de alimentos excedentarios en buen estado, que posteriormente son entregados a oenegés enfocadas en la alimentación de personas en situación precaria. La ciudad estima que la aplicación de la Política ha contribuido a una reducción del 17% en el desperdicio de alimentos y ha evitado la generación de 9.000 toneladas de CO2 al año.
En América Latina –donde las ciudades generan 160 millones de toneladas de desechos sólidos al año, de los cuales se recicla apenas un 3%– la experiencia está apenas empezando.
Uruguay por sus antecedentes y logros de los últimos años en cuestiones como la reconversión de la matriz energética hacia energías limpias, así como por otras características propias –entre ellas el ser un país pequeño y poco poblado–, tiene una gran posibilidad de avanzar firmemente en materia de economía circular pero para ello se necesitan políticas nacionales que sustenten decisiones de largo plazo, la participación del sector privado y vientos a favor de la innovación. También podría pensarse en sistemas impositivos diferenciados que incentiven el cambio a nivel doméstico o de empresas de economía circular, incluyendo las de reparación de productos y extensión de la vida útil. En definitiva, se trata de producir, usar y gestionar mejor, disminuyendo la huella ambiental priorizando el uso sostenible de los recursos.
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