En reciente edición publicábamos bajo el título “Reclaman por la contaminación, calles destruidas y falta de alumbrado público” una nota sobre lo cual ya hemos escrito bastante desde estas páginas: el pésimo estado de las calles alrededor de las plantas de Ancap en Nuevo Paysandú.
La nota transmite el malestar de la comunidad educativa del Polo Tecnológico Paysandú debido a esta situación, que provoca diversos inconvenientes tanto para el tránsito como para quienes trabajan en los predios linderos, pero a su vez presenta un elemento diferente a la queja habitual en este tipo de situaciones, y es el resultado de un informe elaborado por estudiantes de prevencionismo que por otra parte, son también perjudicados por este estado de las cosas.
De hecho, el informe realizado por quienes justamente estudian para controlar distorsiones en lugares de trabajo que potencialmente pueden perjudicar a los trabajadores asegura que los funcionarios, docentes así como quienes estudian en el Polo Tecnológico Paysandú están expuestos a niveles de contaminación del aire que respiran altamente perjudiciales para la salud, debido al polvo que levanta el tránsito pesado en constante circulación desde y hacia la planta de alcoholes de ALUR. La publicación además asegura que “si bien han estado en contacto con representantes de Ancap, el director de obras y el intendente, además de haber enviado una nota firmada por estudiantes y personal que allí trabaja, aún no han obtenido respuesta”.
Esto ya de por sí es preocupante, porque al estar en conocimiento todas las jerarquías y autoridades que pueden tener y capacidad para tomar medidas para solucionar estos inconvenientes, si en todo este tiempo nadie ha hecho nada, son entonces responsables por los impactos en la salud que eventualmente se presenten en la población afectada. Imaginemos que en una empresa u obra particular cualquiera un prevencionista advirtiera al responsable que tal o cual procedimiento –mal hecho– está afectando la salud de los trabajadores, y que no se tomaran medidas para evitar que ello continúe sucediendo. Sin dudas que la empresa en cuestión sería pasible de graves sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, cuando menos. En este caso quienes están en falta con conocimiento de causa son, en primer lugar la Intendencia Departamental, que es la responsable de mantener las calles en buen estado; pero además están Ancap y ALUR, porque las calles se encuentran en ese estado debido a una sobrecarga de tránsito pesado provocado por la propia operativa de esas industrias. Por supuesto, sabido es que en este país el Estado es impune, y por lo tanto tiene “licencia para matar” libremente, algo que a los privados jamás se les toleraría.
Pero hay otros factores “agravantes” en este caso: la calle por la que se reclama es Saladero Santa María, que en un tramo de unos 600 metros es recorrida por los camiones que llevan granos a la planta de bioetanol de ALUR, industria que fuera inaugurada –a medio terminar— con bombos y platillos en octubre de 2014 con la presencia del por entonces presidente de la República, José Mujica. Esta planta costó más del doble del presupuesto original presentado por la Administración Mujica, y la excusa para semejante desvío de dinero en su momento fue que las “obras auxiliares” no estaban contempladas en el presupuesto. Entre esas obras que justificarían decenas de millones de dólares están justamente la caminería interna y de servicios. Al parecer con todo eso no alcanzó para hacer un buen camino de acceso a la planta, una obra imprescindible para el correcto funcionamiento de ésta, puesto que es necesario dar transitabilidad para los camiones en toda situación climática. Y hoy eso no está asegurado. A tal punto que muchos vehículos optan por circular por las fajas naturales fuera de la calle, que ya están desechas también.
Por otra parte, también es bien sabido que la “dueña” de ALUR es Ancap, que a menos de mil metros tiene una fábrica de cemento pórtland desde donde se abastece buena parte del país. Ese material es el principal componente para la construcción de las calles de hormigón, material que debería utilizarse en el caso de Saladero Santa María por ser el de mayor durabilidad y resistencia. Pero a la vista está que Ancap “se lavó las manos” y ni siquiera aportó el material a la Intendencia para facilitar su realización. Es más: la calle paralela a Avenida de las Américas frente a la cementera debe ser reparada constantemente debido a la destrucción provocada por los camiones que entran y salen de la planta, y esa tampoco es de hormigón sino bitumen, que resiste poco a tan pesado tránsito.
A todas luces la empresa del Estado está en el debe con Paysandú, cuando en Montevideo existe un impuesto nacional a los combustibles justamente para “compensar” a la capital por los daños e inconvenientes que Ancap le genera por tener sus plantas de acopio en la ciudad. Paysandú en ese sentido está en una situación similar pero en este caso no solo no tenemos el beneficio de un impuesto nacional que nos compense, sino que la “principal industria del país” –según alardeara el expresidente de Ancap, Raúl Sendic– ni siquiera siente al menos con responsabilidad social como para asegurar la calidad del aire que respiran tanto sus trabajadores en la planta local de ALUR como los estudiantes, docentes y funcionarios del Polo Tecnológico que allí funciona, así como los habitantes de Nuevo Paysandú que también sufren de la polución del aire cuando el viento es del Este.
