Uruguay se sumó el sábado a la jornada internacional de limpieza de las costas, con actividades en más de cuarenta playas de Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, donde participaron autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Estas intervenciones se llevan adelante desde hace más de treinta años en diversos países, con el fin de concientizar sobre el cuidado del ecosistema y la calidad del agua en las áreas costeras. La reiterada presencia de cianobacterias en algunos cursos de agua mantiene –al menos en verano y por la temporada de playas– el titular de la noticia y las alertas encendidas ante la alta presencia de nutrientes.
Es el resultado de la actividad humana y productiva en la tierra que decanta en las cuencas, con las consecuencias visibles sobre la superficie de las aguas, al tornarse verde.
Incluso está documentado en el “Informe del Estado del Ambiente 2020”, emitido al cierre del año pasado por el Poder Ejecutivo. Allí señalaba que las cuencas están comprometidas, en tanto los niveles de fósforo y nitrógeno son las consecuencias evidentes de la pérdida de calidad de las aguas.
Hay niveles “no aceptables” en ríos, arroyos, lagunas y otros cursos, de fósforo y nitrógeno. Los registros más elevados de nitrógeno se encuentran en los ríos Tacuarembó, Yí y Negro, en las cuencas de los ríos San Lucía y San Salvador y al norte en la frontera con Brasil, por el río Cuareim.
Las mediciones relatadas en el informe, efectuadas entre 2016 y 2019, confirman que los embalses siempre tuvieron altos niveles de contaminación. Por lo tanto, delata la poca efectividad de las medidas adoptadas para nivelar los registros elevados de los contaminantes.
El agua, que no debiera ser un problema a solucionar, dada las características de la topografía uruguaya, se ha transformado en un recurso que escasea en algunas comunidades. Mientras que la labor de la academia se ajusta a los tiempos de las investigaciones, las decisiones deben ser esencialmente políticas.
En los próximos días estaba previsto que comenzaran a regir los nuevos valores máximos de arsénico en el agua, luego de un decreto firmado en noviembre de 2011 por el expresidente José Mujica, que hacía lugar a las recomendaciones de organismos internacionales de bajar los niveles de de arsénico en el plazo de una década. OSE ha avanzado en los mecanismos de filtrado del agua, pero no le darán los tiempos para cumplir con lo establecido en la norma UNIT 833-2010 de bajar a 10 microgramos de este químico por cada litro de agua. Es así que el Ministerio de Salud Pública adicionó dos años al proceso para que el ente cumpla con lo resuelto.
Con el avance de las preocupaciones medioambientales y el estado de los cursos de agua –que los académicos y ambientalistas han puesto sobre la mesa– se ha generado una reactivación y preocupación por los niveles contaminantes. Es posible que sea veraz la afirmación que señala que el problema estuvo allí, desde siempre. Sin embargo, no es menos cierto que el incremento de la actividad humana en diversos ámbitos y la utilización de nuevos químicos, motivó a mayores preocupaciones ante lo evidente.
En forma paralela, OSE tiene otro problema con las tuberías que en algunas zonas del país tienen más de cien años. La inversión del ente ronda 10 millones de dólares anuales, para cambiar el uno por ciento del total de las tuberías por cada año.
Es que este escenario, además, provoca inseguridades. Antes de que asumiera el cargo de subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla –que tiene un máster en Derecho Ambiental otorgado por la Universidad de Andalucía–, aseguró que no toma agua de la canilla porque no tiene confianza “en el estado en que ha quedado el río Santa Lucía”, que abastece al 60 por ciento de la población del país.
De hecho aseguró que “para mí sería un logro si el último día de gobierno abrimos la canilla y tomamos agua o me bajo en un arroyo y tomo sin problema”.
A pesar de las sucesivas entrevistas realizadas a las autoridades del ente, que puntualizan sobre la potabilidad del agua, Amarilla refiere a eso, precisamente. “Por más tratamiento y químicos que se le pongan al agua, ya el tema de que tenga mucho tratamiento le quita incentivo a que se tome el agua de la canilla”. Y expone otra realidad: “Por algo la gente no confía mucho y todo el mundo compra filtros”. Y lo dice un jerarca del gobierno y estudioso del asunto desde el punto de vista académico, por lo tanto queda muy poco para agregar.
Más allá de los votos de confianza a la tarea que se lleva adelante desde el organismo, o a las declaraciones realizadas por los referentes, existe un compromiso de cambiar la situación. Sin embargo, no hay transformaciones válidas sin capacidad de liderazgo. Es que el propio ente no ha podido explicar los episodios de turbiedad y de sabor, constatados en diversas zonas del país, algunas más densamente pobladas que otras.
La confidencialidad de algunos resultados, que no se exponen con transparencia, conspiran contra la confianza y hace que las sucesivas autoridades deban transitar un camino cuesta arriba.
Por eso, la cuestión a resolver no es tan fácil. Ni siquiera rápida. Porque nuestro mapa se compone de una producción agropecuaria de ganadería intensiva, entre otros emprendimientos.
Por lares sanduceros, es esperada con gran expectativa la construcción de una planta de efluentes el próximo año, luego de la confirmación de las autoridades del organismo ante una reciente visita al departamento. La necesaria obra pasó por décadas de anuncios fallidos y excesivas explicaciones, que fueron recogidas desde estas páginas. Implica una protección efectiva al río Uruguay ante el impacto ambiental que padece por los vertidos “crudos”, algo que sigue siendo inconcebible en este siglo caracterizado por tantos avances.
