El Banco de Previsión Social (BPS) es, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución Nacional, un ente autónomo creado con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de la normativa vigente.
El próximo 28 de noviembre los afiliados activos y pasivos, así como las empresas contribuyentes elegirán sus representantes en el Directorio del BPS. Se trata de elecciones en las cuales el voto será secreto, obligatorio y único, exceptuándose la obligatoriedad a los afiliados con 75 años de edad cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS. En el caso de las empresas unipersonales, se exceptúa de la obligatoriedad a los titulares con 75 años de edad cumplidos al día de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS.
Sin lugar a dudas en BPS es uno de los organismos públicos más gravitantes en la vida económica y social del país y su propia competencia (la seguridad social) posee un interés político partidario ya que afecta a un importante número de votantes. Tal vez este último punto sea el que determina que las reformas de la seguridad constituyan poco menos que un tema “tabú” por los costos políticos que seguramente conllevan para quienes lo impulsan. A pesar de ello (o tal vez precisamente por ello) el país debería poder discutir libremente sobre la necesidad de que las elecciones sean obligatorias.
De acuerdo con el diario “El País”, “son los comicios en que más uruguayos están convocados (y obligados) a ir a las urnas, solo superados por los sufragios en las elecciones nacionales y departamentales. Pero más de la mitad (54%) de la población en edad de votar desconoce que este mes hay elecciones. Así lo reflejan los resultados de la última encuesta de la consultora Factum a los que accedió El País. La coincidencia de estas elecciones con la disputa en Montevideo de la final de la Copa Libertadores determinó que el Parlamento uruguayo aprobó en estos días por unanimidad y tras un tratamiento ‘grave y urgente’, un proyecto de ley que suspende la veda alcohólica para estos comicios”.
La suspensión de la veda alcohólica ha sido el disparador para que los uruguayos recordemos que la obligatoriedad en el voto podría encontrar un fundamento político tendiente a fortalecer las instituciones públicas y el propio sistema democrático, pero pierde su sentido cuando se trata de un ente autónomo aun cuando se relacione con la seguridad social. Si forzamos esa línea de pensamiento “híper democrático” donde todo requiere la participación directa del cuerpo electoral, también podríamos llegar a sostenes que deberían votarse representantes sociales en los directorios de Antel, UTE o el Banco de la República Oriental del Uruguay (Uruguay). ¿No se trata acaso de organizaciones que regulan aspectos fundamentales de la vida de todos los uruguayos?
De acuerdo con el sitio web de noticias “Montevideo Portal”, en los últimos días el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, manifestó en rueda de prensa que “no le parece sensato” que sean obligatorias las elecciones para elegir autoridades en el Banco de Previsión Social. Mieres agregó además que menos sensato “todavía” le parece que haya “sanciones pecuniarias”, en referencia a las multas que se deben pagar en caso de no ir a votar el próximo domingo 28 de noviembre. El ministro recordó que como senador en el período pasado presentó un proyecto de ley para sacar la obligatoriedad a estas elecciones en particular, pero la iniciativa no prosperó. “No tuve suerte, sigue siendo obligatorio y el que no va a votar tiene que pagar una multa. Se eligieron las autoridades de la Universidad de la República y todos los egresados tuvieron que ir a votar. ¿Qué vinculación tienen con la Universidad? Muy poca o ninguna. Simplemente haber sido exalumnos. No tiene mucho sentido votar para quién va a gobernar esa institución”, ejemplificó y cuestionó el jerarca. En el mismo sentido, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, presentó un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad en las elecciones de BPS, sosteniendo en esa ocasión que “el alto índice de voto en blanco y anulado registrado en las anteriores instancias electorales refleja la prescindencia que los ciudadanos uruguayos tienen respecto a la elección de los representantes sociales”, expresando que los ciudadanos “no sienten que eligen sus representantes”, a quienes “no conocen” y “desconocen” las funciones que estos cumplen. En las redes sociales el ministro Mieres afirmó en las redes sociales que el Partido Independiente avanza con estas iniciativas ya que “no son elecciones de gobiernos, sino de diferentes instituciones en las que debe predominar la libertad de la persona”.
Así las cosas, el voto obligatorio en las elecciones del BPS no solo es una imposición arbitraria que atenta contra la calidad del propio acto electoral en la medida que la mayoría de los “votantes cautivos” tienen información sobre propuestas, candidatos e incluso sobre el propio acto electoral, sino que además representa un intento de los candidatos de obtener representatividad obligando a los votantes a hacer uso de un supuesto “derecho” que más parece ser una obligación cuyo incumplimiento se castiga con multa. Si pensamos que el BPS fue creado por la Constitución de 1967 y que la Ley Orgánica de la Universidad de la República es del año 1958 resulta fácil inferir que el marco normativo de ambas instituciones debería ser revisado a los efectos de actualizarlo y ajustarlo a las realidades sociales y administrativas de nuestros días.
El ejemplo de las acciones internas que los partidos políticos celebran en nuestro país es una muestra de cómo el voto voluntario no afecta la representatividad de los elegidos. En efecto, a nadie se le ocurre sostener que Luis Alberto Lacalle Pou, Daniel Martínez o Ernesto Talvi carecían de esa cualidad por el sólo hecho de no haber sido electos mediante voto obligatorio. Esto no se trata de un dato menor ya que la elección interna es el primer paso de un camino que llevará a la elección de la persona que ocupe el primer cargo político del país. Si en la primera etapa (elecciones internas) el voto es voluntario, ¿porque no puede serlo en el resto del proceso? ¿Por qué los legisladores uruguayos –y por ende los partidos políticos que ellos integran– han adoptado, mantenido y defendido esta dualidad de criterios? ¿Acaso se piensa que las elecciones de la UdelaR o del BPS son más importantes que la elección de quien será la candidata o el candidato presidencial por su respectivo partido?
Ante la iniciativa legislativa presentada por el diputado Iván Posada, el sistema político tiene la palabra y los legisladores (incluyendo los sanduceros) deben ser claros a la hora de apoyar ese proyecto que apunta no sólo a la libertad de los ciudadanos sino también al sentido común. Los legisladores no pueden ni deben seguir “esquivando el bulto” a este tema o echándole la culpa al “Gran Bonete”. Es la hora de asumir responsabilidades en relación con este tema.
Las elecciones en el BPS y el Gran Bonete
