La cumbre COP 26 sobre el cambio climático que se desarrolló el pasado fin de semana en Glasgow, Escocia, congregó a representantes de 110 países, incluido Uruguay, y culminó con un acuerdo y declaración que apunta a detener la deforestación en 2030, lo que permitiría mejorar la efectividad de los bosques como sumideros de carbono en la lucha contra el efecto invernadero y sus consecuencias en el clima.
Los estados firmantes representan el 85% del boscaje global, y en su acuerdo se comprometen a detener y revertir la tala de árboles esta década, a cambio de financiación por 19.200 millones de dólares en fondos públicos y privados.
Aunque consideró “positivo” el anuncio, la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, que representa a 52 países, muchos de ellos latinoamericanos, señaló que este dinero es muy insuficiente para compensar la pérdida de ingresos derivados de la deforestación, de los que dependen estos territorios.
El director de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, Kevin Conrad, de Papúa Nueva Guinea, dijo a Efe que “es positivo” que “alguien como Boris Johnson hable de árboles”, pero la realidad es que la financiación ofrecida “es una gota en medio del océano” frente a lo que se necesita para desincentivar la tala de árboles para la agricultura.
Según sus datos, para detener y revertir la deforestación en 2030, de cara a lograr el objetivo de limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados este siglo, se necesitan 100.000 millones de dólares anuales durante diez años que se repartan entre todas las naciones con bosques tropicales.
La coalición también cuestiona que se haga este anuncio cuando ya existe en el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático un mecanismo para compensar a los estados que contribuyen a la reducción de emisiones mediante la preservación de sus bosques, que apenas se aplica.
En todo evento de estas características, por cierto, la intención de la convocatoria suele ser adornada por declaraciones rimbombantes y compromisos que la experiencia indica suelen perderse y no ser acompañadas por hechos concretos en la mayoría de los casos.
Por ejemplo, al inaugurar el evento “Bosques y Tierra”, el primer ministro británico y anfitrión de la COP26, Boris Johnson, subrayó que “el cambio climático y la biodiversidad son dos caras de la misma moneda”, de modo que mientras se combate una, se debe proteger la otra.
En la misma línea el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hay que cerrar el paso a la deforestación “con el mismo serio proceso aplicado a descarbonizar la economía”, pues, señaló, “los bosques pueden ayudar a reducir las emisiones en más de un tercio”.
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los bosques albergan 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos de la Tierra.
Pero durante los últimos 13 años, más de 43 millones de hectáreas de arboledas han sido devastadas en esos ecosistemas, una superficie comparable con el estado estadounidense de California.
Además de la problemática de la deforestación, los integrantes del COP 26 se comprometieron a reducir sustancialmente la emisión de gas metano, llegando en concreto un 30% menos al final de esta década.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el metano “es uno de los gases que podemos reducir más rápidamente”, a la vez de hacer hincapié en que este gas es responsable de “cerca del 30%” del calentamiento global acumulado desde la revolución industrial.
Se ha evaluado que el metano (CH4) tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 y entre sus fuentes están las minas de carbón a cielo abierto y el ganado, que han recibido relativamente poca atención hasta ahora.
Pero, pese al liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea y la inclusión de grandes productores de vacuno como Brasil y Argentina, estos solo representan un 40% de las emisiones mundiales de metano.
El punto, además, es que en este foro ha habido ausencias muy significativas, como las de China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta, y especialmente esta última, gigante de la extracción de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. Así, el anuncio de la cumbre no alcanza la reducción del 45% que, según la ONU, es necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de +1,5ºC, lamentó Murray Worthy, responsable de la oenegé Global Witness, en tanto hay países como Brasil, que sigue adelante con la deforestación de la selva del Amazonas, y México, que continúa con su política de explotación petrolera e instalación de refinerías, en uno y otro caso priorizando sus intereses económicos y perfil a las acciones contra el cambio climático.
Un aspecto este último, además, en el que la opinión del mundo científico no es unánime ni mucho menos: hay académicos que dudan de la gravedad de la situación, ponen en tela de juicio los plazos que se manejan y advierten que mucho antes de que la humanidad contaminara, hubo largos períodos de frío y calor en el mundo que se fueron alternando, sin intervención del hombre.
Tampoco ayuda mucho a la credibilidad la evidente manipulación que se hace de “embajadores” de la cruzada medioambiental, como en el de la joven “ambientalista” sueca Greta Thunberg, evidentemente utilizada como fachada por intereses económicos asociados a las energías alternativas, por más que se comparta el objetivo de ir sustituyendo las fuentes de energía fósiles.
En este conflicto de intereses, de hacer pagar de alguna manera la lucha por el medio ambiente a los países que históricamente han sido los grandes contaminantes –no solo el mundo capitalista, teniendo en cuenta que detrás de la cortina de hierro de la ex URSS hubo enormes desastres medioambientales por explotaciones indebidas– tenemos que mientras los dirigentes mundiales se reunían en la conferencia de las Naciones Unidas en Glasgow, la atención está virando hacia uno de los mayores riesgos relacionados con la descarbonización del planeta: que los costos de la transición a las energías limpias desencadenen una reacción populista negativa.
Estas preocupaciones tienen gran importancia sobre todo en Europa, donde los legisladores están alertando cada vez más sobre las probabilidades de que se presenten disturbios sociales y de que surja un debilitamiento del apoyo de la población si el costo que implica cambiar los combustibles fósiles baratos recae con demasiada fuerza sobre las familias pobres y de ingresos medios.
Por lo tanto, la contundencia de las acciones que se adopten en aras de la defensa medioambiental deben ser acompañadas de decisiones políticas que permitan atenuar impactos sociales, y hacer que en esta convergencia se acompañe el hacer con el convencer, sin perder de vista que es preciso aislar y denunciar a los defensores de oscuros intereses que quieren dejar todo como está, para seguir lucrando al costo que sea.
