Sin dudas los próximos meses serán un escenario conflictivo desde el punto de vista político cuando se ingrese de lleno en el debate respecto al plebiscito para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es promovido por el Pit Cnt y otras organizaciones de izquierda, con el apoyo del Frente Amplio, pero a la vez hay temas realmente importantes que pueden pasar desapercibidos en este período y que no solo requieren un estudio pormenorizado, con aportes desde todos los actores involucrados, sino que más aún, debería pensarse en general en un gran acuerdo de todos los partidos para poder impulsar una norma de amplio respaldo.
Nos referimos a la reforma de la seguridad social, que tiene como objetivo hacer sustentable el sistema para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía. En este sentido, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) terminó el 12 de este mes su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional, para enviarlo al Poder Ejecutivo.
De los 15 integrantes del pleno de la CESS, diez votaron a favor del informe y cinco lo hicieron en contra, en este último caso los tres representantes del Frente Amplio, el delegado del Pit Cnt y el representante de Onajpu, mientras que a favor lo hizo la delegada de los empresarios.
Según da cuenta la CESS, el informe de recomendaciones es presentado en estos días a la Presidencia de la Asamblea General y a la prosecretaría de la Presidencia de la República, respecto a lo que señala que “con esa presentación la CESS cumple con su mandato legal y concluye su trabajo. Los pasos siguientes hacia la reforma son la redacción de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y el posterior debate y proceso parlamentario”.
Analiza además el grupo de técnicos que “el trabajo desarrollado ha permitido sistematizar un conjunto de información y estudios a los efectos de considerar y evaluar alternativas de política que por su entidad y características contribuirán en las próximas etapas al necesario proceso de reforma y a la relevancia del tema previsional en la sociedad uruguaya”.
Debe tenerse presente que el CESS está constituido por quince técnicos, de carácter interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Esta tarea insumió inicialmente una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años, y donde además del aspecto técnico –fundamental para hacer sustentable la reforma– se deben incluir elementos que deben ser objeto de decisiones políticas que difícilmente pueden dejar satisfechos a todos los actores en esta problemática, y mucho menos cuando se sigue en muchos casos priorizando la mirada ideológica sobre el panorama general del país.
Además, no solo es un tema de difícil dilucidación, sino que conlleva un reto adicional para todo partido político que se tome las cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se haya mencionado poco y nada en las plataformas electorales.
Entre los cambios propuestos figura establecer un régimen uniforme e igualitario, con la recomendación de que todos los trabajadores que ingresen al mercado de trabajo, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen, se incorporen con las mismas reglas (régimen mixto).
Los cambios paramétricos que se recomiendan aplican a todos los regímenes, cualquiera sea la entidad gestora. En tanto, los ajustes sugeridos en cuanto a extensión de la vida laboral, tiempo mínimo de aportación, cómputos fictos por cuidados –tanto los vigentes como los que se proponen– y fórmula de cálculo de los beneficios, aplicarían a todos los regímenes.
Por otro lado se plantea la extensión de la vida laboral mediante estímulos incorporados en la fórmula de cálculo de los beneficios y el cambio de la edad mínima jubilatoria en todos los regímenes. Se propone elevarla a razón de un año por generación. Se plantean dos opciones: iniciar el proceso a partir de las personas nacidas en 1971 o 1975, respectivamente. La opción por un escenario u otro implica diferencia dinámica de contención, y reversión de la trayectoria al alza del nivel de gasto público previsional, según el documento de la CESS.
Por otro lado también se recomienda acotar los retiros obligatorios en el servicio de retiro militar al personal estrictamente castrense y con requisitos de edad mayores a los aprobados en la reforma de 2018.
En los demás parámetros, se sugiere aplicar a estos funcionarios los parámetros del régimen general, conforme las reglas de convergencia indicadas.
Como se descontaba, pese a la ardua y prolongada tarea del comité de expertos, el llegar a un documento que reuniera un apoyo altamente mayoritario era muy difícil, como efectivamente ocurrió, porque además de lo esencialmente técnico, entre los partidos hay visiones no coincidentes y a veces hasta antagónicas, al extremo de que determinados grupos tienen una visión preponderantemente ideológica y se llevan por delante los números.
Prima en ellos la obsesión de imponer su visión voluntarista, despreciando las graves consecuencias de que se genere un desfinanciamiento crónico y que Rentas Generales –que se nutre del aporte de todos los uruguayos– se haga cargo del déficit, como si el Estado fuese capaz de crear riqueza en lugar de extraerla de su propio pueblo para hacer frente a sus obligaciones.
El tema tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Pero es de esperar que tanto en el Parlamento, como en otros ámbitos, se dé una discusión con altura, como lo exige la enorme importancia del tema, en un debate franco y abierto, con la mirada puesta en el interés general, lejos de las teorías conspirativas y de los eslóganes que han situado tantas discusiones políticas ante la supuesta disyuntiva de elegir entre “oligarquía o pueblo”, para atrapar incautos.