El uso dispendioso de los recursos del Estado –es decir de todos los uruguayos– es lamentablemente una constante y no la excepción en prácticamente todos los gobiernos, de una forma o de otra, y ello está ligado muchas veces al factor humano –se es más “generoso” manejando el dinero ajeno– pero también hay de por medio concepciones ideológicas y sobre todo, ya en un contexto más general, como se actúa ante estas acciones por los compañeros de partido o de ideología cuando estos hechos quedan al desnudo, sean directamente de índole delictiva o acciones éticamente cuestionables.
Pero sin dudas cuando en el juicio público este proceder genera más atención es cuando se hace la cuenta de la magnitud de los recursos involucrados y además se tiene necesidad de contar con ellos para atender situaciones inesperadas o prioridades que no pueden esperar, cuando evidentemente el escenario económico-social-sanitario que se ha presentado en los últimos dos años por la pandemia, y los recursos que faltan que se podían haber canalizado para atender duras situaciones sociales que han sido consecuencia de la caída de actividad y de medidas para contener la difusión de la enfermedad.
Además, ello encaja en el contexto de que lejos de actuarse con cautela en períodos en que se generan recursos excepcionales, se ha gastado incluso más y asumido compromisos adicionales por encima de los recursos que ingresaban, y por lo tanto se ha trasladado el lastre a los que siguieron, con el concepto ingenuo –por ser benignos con el término– de que la bonanza importada iba a durar para siempre o mucho peor aún, con la idea –muy de la izquierda– de que los recursos van a salir de algún lado y que siempre se puede rascar un poco más, sin importar a quien se perjudique o las consecuencias de terminar irresponsablemente con la gallina de los huevos de oro.
Abundan los ejemplos de malas decisiones políticas, de neto corte cortoplacista, pero también hay muchas de las otras, de gastar alegremente el dinero de todos los uruguayos por intereses personales o político-partidarios, pensando en la siguiente elección en lugar de políticas de largo plazo que redunden en el interés general y atendiendo las verdaderas prioridades.
En estos momentos por ejemplo, está en el tapete la ampliación de la denuncia judicial por el Antel Arena, obra encarada por la anterior administración del organismo encabezada por la actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse, caso que ha sido adjudicado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er. Turno, al investigarse los sobrecostos de la construcción.
El oficialismo presentó datos del informe de la auditoría ante la Justicia. El documento contiene toda la información jurídica y de las auditorías, e incluye el de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que señala diversos errores en la estimación de costos, menciona un plan de negocios “incompleto” y un control presupuestal “inexistente”.
En este sentido, la diferencia entre el presupuesto previsto inicialmente y lo gastado es de nada menos que de 63 millones 221.147 dólares. El informe de la Jutep apunta, también, a un proceder contrario a Derecho y a las normas y principios de buena administración, a lo que se le suma el cuestionamiento a la ausencia de gestión financiera, la reiteración de actos administrativos.
Mientras tanto, el representante del Frente Amplio en el directorio del ente estatal, Daniel Larrosa, sostuvo en rueda de prensa que aún no tiene los detalles de la denuncia y que está esperando la información para poder evaluar el tema. Sin embargo, precisó que el Antel Arena “es una obra muy necesaria para Uruguay (¿?), que está hecho dentro de las potestades que (la empresa) tiene para hacer obras, y que está dentro del giro de la empresa hacer ese tipo de obras”, aunque acotó que ha encontrado “algunas omisiones y errores graves” en el análisis que se hizo de los números en la auditoría.
Sin embargo, en esta problemática hay tanto aspectos de apariencia delictiva –hay que probarlo, en lo que tiene relación con el proceder que dio lugar a los sobrecostos– pero también políticas, que son las que no van a ser juzgadas en los estrados pero que están muy presentes y que repercuten en la calidad de vida de la gente, en este caso del Interior y sobre todo del interior profundo.
Se trata de la perspectiva capitalina de la forma en que sus dirigentes entienden que debe gobernarse el país y las empresas públicas, en el mismo contexto: lo pone de relieve en forma contundente el mismo director frenteamplista de Antel, Daniel Larrosa, cuando consigna muy suelto de cuerpo que el Antel Arena “es una obra muy necesaria para el Uruguay”, cuando en realidad debió decir “muy necesaria para Montevideo”, por cuanto se trata de un escenario deportivo y para eventos que sustituye al ex Cilindro Municipal que fuera afectado por un incendio y que se decidió no reconstruir por la intendencia capitalina. Cabe preguntarse entonces si el Cilindro Municipal acaso era “importante” para el Uruguay, llegado el caso.
Por lo tanto el complejo Antel Arena debió ser encarado con recursos de la Intendencia de Montevideo o con un préstamo o fideicomiso a cargo de esa administración municipal, y no de todos los uruguayos a través de Antel, cuando además este organismo tiene pendiente fuertes inversiones para mejorar sus servicios en el Interior, lo que se está encarando más o menos gradualmente por la actual administración, como es la instalación de antenas para mejorar las conexiones en localidades del interior profundo, donde sus ciudadanos siguen siendo de segunda en lo que hace a los servicios que proporciona el Estado, y terminar con la sustitución del arcaico cable de cobre por fibra óptica.
Una cosa distinta es el caso de gas Sayago: este fallido proyecto de la era de José Mujica es una demostración de voluntarismo puro e improvisación, con el dinero de todos los uruguayos: no había nada seguro, ni siquiera proyecto de negocios ni planificación, pero se siguió adelante contra viento y marea con las obras y la contratación de jerarcas con sueldos siderales, lo que arroja un saldo de pérdidas muy superior a los 213 millones de dólares estimados hasta ahora, además del reclamo por haberes impagos de la expresidenta de Ancap, Marta Jara.
De acuerdo a información proporcionada por UTE y Ancap, la evaluación es que durante el proceso se violentaron normas éticas vinculadas a la buena administración de los fondos públicos, en virtud de la falta de planificación y las pérdidas ocasionadas al Estado.
Ni qué decir del caso Pluna, que le costó a los uruguayos más de 300 millones de dólares, con el agregado del “enjuague” del remate ficticio con el “caballero de la derecha” incluido y los procesamientos de jerarcas del gobierno involucrados en esta “jopeada” que se intentó hacer a la opinión pública y a los propios organismos de contralor, más las pérdidas de más de 800 millones de dólares de Ancap en la era Sendic.
Por si esto fuera poco, las “velitas prendidas al socialismo”, como la ayuda de dinero del Fondes a empresas como Envidrio, entre otras, proyecto llamado al fracaso ya desde antes de empezar, cuando se mantuvieron ficticiamente 120 puestos de trabajo con recursos del Estado en una empresa que tenía que funcionar con 60, como reconoció recientemente un dirigente sindical. Y por supuesto Funsa, otra máquina de enterrar dinero que nos sigue costando plata mantener.
Bueno, estos elementos de una larga cadena son parte de un legado de entuertos que indican que la improvisación, el cortoplacismo, el centralismo, el mal uso de los recursos que con esfuerzo depositamos los uruguayos en las ventanillas del Estado, y encima la “justificación” en base a la ideología, son causa y efecto de muchos de nuestros problemas, que se intenta disimular con eslóganes de ocasión, tratando de explicar lo inexplicable para quien tenga dos dedos de frente.