La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect), que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica conocida como fracking, recomendó al Poder Ejecutivo, como posición mayoritaria, extender la moratoria de la actividad. En posición minoritaria, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, recomendó la prohibición de esta actividad.
El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, dijo que las conclusiones de esa comisión “serán la base que se enviará al Parlamento para su estudio” y consideró que “la extensión de la moratoria a través de una ley blindará al país de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado”. Al mismo tiempo, descartó que el gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales “en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables”.
El informe de la Cnect fue entregado al Poder Ejecutivo, recibido precisamente por Verri. Ahora el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, basado en este documento, para su estudio por parte de los legisladores.
Verri dijo que el Poder Ejecutivo “seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales”. La extensión de la moratoria “a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, blindará al país legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran”, aseguró Verri. El jerarca dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”.
Verri valoró también la “amplia base de consenso político” que se obtiene, debido a que la Cnect está integrada por representantes de diversas organizaciones, tanto estatales como científicas y de la sociedad civil. Recordó que la comisión fue creada “en el gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.
La Cnect fue creada por la ley 19.585. Está presidida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) –actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres– e integrada por los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Sus objetivos son recopilar y estudiar en profundidad los antecedentes internacionales relativos al procedimiento de la fractura hidráulica y de la perforación horizontal, incluidas disposiciones, normativas e informes científicos y técnicos.
Además, identifica las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en cuanto al procedimiento de la fractura hidráulica y evalúa la posibilidad o no de utilizarlo en Uruguay.
