El equilibrio entre libertad individual y responsabilidad es un tema que ha sido objeto de debate a través de las distintas épocas y bajo los más diversos regímenes políticos y económicos. Se trata de uno de los grandes debates que adopta diversas formas y posee diversos temas que lo disparan, pero como todo tema relacionado con la libertad humana la discusión permanece hasta el día de hoy. Tal como lo señala el investigador Miguel Moya, “Aristóteles afirmó hace mucho tiempo que ‘el hombre es por naturaleza un animal social’ y que quien no participa en la sociedad es ‘o una bestia o un dios’. (…) El hombre es un animal social y por eso, le encanta vivir en sociedad con otros seres humanos, es una concepción general sobre su patrón básico de comportamiento. Casi todos los pensadores sociológicos están de acuerdo en que hay una relación muy estrecha entre el individuo y la sociedad. Si un individuo en particular podría haberse nutrido en condiciones en las que no existiera ninguna sociedad es una cuestión diferente; pero el hecho es que, sin un entorno social, ya sea su hogar, su comunidad o su estado, no se le daría estabilidad a su condición de individuo”.
En el mes de mayo de 2021 Gonzalo Schwarz, columnista del diario “El País” se refería al presidente Lacalle Pou y a la relación entre libertad y responsabilidad en los siguientes términos: “Admirado por todo el mundo por su manejo de la pandemia, pero menos en su propio país donde su ejemplar concepto de libertad responsable ha sido cuestionado una y otra vez por una oposición la cual se puede pensar que no hubiera estado a la altura de las circunstancias. A lo largo de esta pandemia el presidente ha intentado equilibrar el peligro de la pandemia con las libertades individuales y la necesidad de las personas de poder ganarse la vida o vivir con menos ansiedad durante una pandemia que tal vez uno de los traumas a más largo plazo sea dicha ansiedad que ha generado en el mundo entero. Sin embargo, la otra cara de la moneda de la libertad que ha puesto en la balanza el presidente es la responsabilidad. Y con su uso de la libertad responsable desde comienzos de la pandemia ha logrado renacer un concepto olvidado, un concepto que en el mundo occidental ya parece que hay que dar por muerto”.
También es cierto que más tarde o más temprano quienes niegan la existencia de la pandemia causada por la COVID-19 o se resisten a vacunarse deberán hacerse cargo de los daños causados por sus acciones. Es lo mismo que negaran la existencia del tétano o de la gripe sin pensar en los perjuicios que su prédica trae aparejada para los incautos que creen en la misma. Y esos actos traen aparejadas consecuencias no sólo para ellos (son notorios los casos de fervientes antivacunas que terminan falleciendo a causa de haber contraído COVID-19) sino también para quienes resultan afectados por esa falta de responsabilidad, solidaridad y empatía que desconoce y niega la naturaleza social de la especie humana.
En las últimas horas el comité de emergencia de Sarandí del Yi levantó las medidas contra el coronavirus, lo que constituye una muestra de que los tiempos y formas de combate a la pandemia han cambiado con el correr de los meses. De acuerdo con el comunicado, “se levantan las medidas establecidas con anterioridad, debido a que no hay voluntad por parte de toda la población y los grupos sociales que integran la misma en el cumplimiento”. El comunicado agrega que “queda a la responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional y el cuidado de su salud”. Esta medida supone la puesta en práctica de la libertad responsable en su nivel más básico, o sea a nivel individual, donde muchas veces resulta más difícil realizar sacrificios en favor del bien común, ya sea postergar unas merecidas vacaciones o dejar de asistir a una fiesta o asado con amigos o familiares. Esas opciones personales en favor de la sociedad deberían ser adoptadas teniendo en cuenta que el artículo 44 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como asistirse en caso de enfermedad”. Esta norma (que curiosamente es poco citada por los negacionistas de la pandemia o los antivacunas) da en el clavo de la cuestión: si bien la salud usualmente es presentada y reclamada como un derecho (algo lógico en un país donde los derechos se ponen por encima de las obligaciones) lo cierto es que se trata de una obligación que debe ser asumida y cumplida por cada uno de los habitantes de nuestro país sin distinciones de ninguna clase. A la luz del mencionado artículo 44, la decisión del comité de emergencia de Sarandí del Yi resulta perfectamente razonable y ajustada a las disposiciones establecidas nada más y nada menos que en nuestro texto normativo de mayor jerarquía.
Por supuesto que no faltarán las voces que seguramente afirmen que la libertad responsable supone una actitud prescindente del Estado ante deberes que se suponen básicos para su naturaleza y actividad, aunque en la práctica ya existen otros casos en los cuales se actúa de la misma manera. Lo cierto es que, como sostuvo en cierta ocasión Sigmund Freud “La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad”. En la misma línea de pensamiento el dramaturgo George Bernard Shaw escribió que “la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de hombres le temen”. Lo cierto es que hoy en día, con casi dos años transcurridos bajo la pandemia y con científicos, gobiernos, organizaciones internacionales y laboratorios trabajando en pos de una solución para este problema, los avances han sido notorios y notables, habida cuenta que hace varios meses que el mundo cuenta con vacunas que han sido efectivas para reducir los niveles de mortalidad de las diferentes cepas. Como consecuencia de ese trabajo global, incesante y conjunto, hoy cualquier ciudadano conoce a la perfección las medidas con las cuales debe cumplir para prevenir y combatir el COVID-19: tapabocas, distanciamiento social, no compartir vasos ni cubiertos, etcétera. Entonces… ¿si ya todos sabemos lo que se debe hacer, no es hora que asumamos la responsabilidad que se nos exige constitucionalmente y lo hagamos de una vez por todas y sin la vigilancia del omnipresente y omnipotente “papá Estado”? ¿Acaso no se tiene conciencia de que se malgastan recursos humanos y materiales en situaciones médicas que pueden ser evitadas, tal como sucede con los politraumatismos de quienes conducen motos sin usar casco o en forma imprudente o quienes deciden exponerse fumando tabaco o quienes no se vacunan o no respetan las normas de prevención de contagio previstas para el COVID-19?
Al fin y al cabo se trata nada más y nada menos que de la vulneración de los derechos ajenos, porque como se dice corrientemente, “mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”.
