El Parlamento uruguayo aprobó el 24 de agosto de 2017 la Ley 19.529 de Salud Mental y desde entonces se han comprobado, las dificultades para su implementación.
La normativa establece un cambio en el modelo de atención, con el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios que lleven adelante la prevención comunitaria de las situaciones que se presenten. Además, dispone que la institucionalización de los pacientes sea “un recurso terapéutico de carácter restringido” y que se recurra “sólo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones”.
Sin embargo, la realidad es porfiada. Si el cierre de las colonias es impulsado por el modelo obsoleto que representan, e incluso exponen los académicos y autoridades del gobierno, es urgente cuestionarse el escenario actual. Es decir, ¿hacia dónde serían enviadas las personas que han pasado las últimas décadas institucionalizadas? ¿Y cuál es la solución a mitad de camino entre el tratamiento médico y la necesaria inserción social o la oferta de especialistas en la materia?
A mediados de febrero, el presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, reconoció las dificultades para completar las vacantes de psiquiatría y anunció la convocatoria a estudiantes de posgrado. De no conseguir los resultados esperados, apelará a la contratación directa.
Es que la ley es bastante más abarcativa que la desinstitucionalización por sí misma, en tanto expone una atención oportuna en el ámbito comunitario. Desde el año pasado, el prestador público se encuentra abocado a la tarea de aumentar la plantilla técnica en esta especialidad. Porque, al menos hasta mayo de 2021, había una lista de espera de unos 5.000 adultos y 880 niños, de acuerdo al director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Pablo Fielitz. Es, además, una especialidad con una deserción superior al 30 por ciento en horas de policlínicas.
En medio de la pandemia, las autoridades han constatado un aumento en la demanda de consultas y la necesidad de fortalecer los equipos de atención a la salud mental. Pero decirlo no es lo mismo que llevarlo a la práctica en los territorios y el cierre de las colonias no es una decisión que aparezca en el horizonte cercano.
La realidad global es similar a lo que ocurre en Uruguay. En los primeros días de este mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25 por ciento. El incremento de las afecciones mentales llevó a que el 90 por ciento de los países encuestados por la OMS, incluya a la salud mental y el apoyo sicosocial en sus planes de respuesta a la COVID-19.
Pero, otra vez, la realidad se da de bruces con los planes y las preocupaciones se suman. El impacto de las enfermedades mentales son solo “la punta del iceberg”, según la organización mundial. Y, a pesar del llamado de atención, es evidente que los países no encuentran una salida rápida para agregar un mayor apoyo técnico a una especialidad que quedó relegada en función de la atención de otras necesidades, como la contingencia sanitaria.
En su mayoría, al menos en América Latina, son países que tratan de recomponer sus sistemas sanitarios luego de una pandemia para la que ninguna nación estaba preparada. Ni siquiera aquellas que disponen de mejores recursos económicos y tecnológicos.
Bajo este axioma, entonces es posible pensar que tampoco los equipos de atención sicosocial se han reforzado o siquiera instalado para disponer de consultas, acorde a lo indicado en las estadísticas.
El aislamiento social provocó estrés en las personas que quedaron sin empleo y debieron disminuir sus actividades o en los adultos mayores que marcharon a un confinamiento tanto obligatorio –según el país– u opcional, ante las características de las comorbilidades.
Un capítulo aparte merece la respuesta del sistema sanitario, propiamente dicho, donde el personal de la salud también enfermó y trabajó bajo situaciones límites. En ningún caso es posible hablar con “el diario del lunes”, pero las repercusiones del día después son visibles en comunidades con altos índices de medicación, automedicación, ansiedades y depresiones varias, que llevan a los intentos de autoeliminación o suicidios.
Las limitaciones, además de tener un trasfondo técnico, también se presentan desde el punto de vista de los lazos familiares o afectivos. Las sociedades modernas han cambiado las formas de “apapachar” y las maneras de manifestar el miedo, la soledad o el sufrimiento, mutan de acuerdo a cada persona en función de la respuesta del otro.
Y las “procesiones que van por dentro” son mucho más destructivas que aquellas que se manifiestan porque encuentran un ida y vuelta efectivo. Ese feedback tan necesario para cambiar el entorno de quien sufre.
Los jóvenes también “corren un riesgo desproporcionado de comportamientos suicidas y autolesivos”, señala el informe técnico de la OMS. En Uruguay engrosan las estadísticas de los comportamientos depresivos y es la primera causa de muerte en la población entre 15 y 24 años, con un incremento del 45 por ciento en el año 2020.
De acuerdo al área Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, cada tres días una persona entre esas edades se quitó la vida. Es una problemática de salud comunitaria, en tanto se calcula que por cada adolescente que se suicida existen más de un centenar de personas que quedan afectadas porque deben contabilizarse los entornos familiares, de compañeros de clase, amigos y vecinos.
En forma paralela, la problemática afectó a las mujeres quienes, además, cumplen las funciones de cuidadoras de su entorno. El hecho de aplazar su propia atención en función de hijos o adultos mayores, ante patologías preexistentes como cáncer, Alzheimer o enfermedades cardíacas, vulneró su propia condición.
Es que tanta fortaleza todo el tiempo no es posible, sin decaer en trastornos mentales que impiden una interpelación propia a tiempo.
Los estados miembros de la OMS han reconocido estas falencias. Reafirman que los servicios de atención a la salud mental, neurológicas o por uso problemático de sustancias fueron los más interrumpidos. Incluida la prevención del suicidio.
Ni lógico, ni obvio. Simplemente un dato de la realidad.